El Ministerio Fiscal considera "incongruente", "contradictoria" y "errónea" la imputación del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera, y advierte que esta medida tiene "trascendentales consecuencias procesales". Ésas son algunas de las consideraciones que ha plasmado la Fiscalía en el recurso contra el último auto de la juez que instruye el caso Montecarlo, que decidió suspender la citación del tesorero como testigo y llamarle en calidad de imputado.
Según señala en su recurso el fiscal que lleva la causa y que inició la investigación, Ignacio Stampa, la imputación de Antonio Cabrera se basa sólo en un informe pericial elaborado por un interventor-auditor del Estado dentro de esta causa, que se ha "sacado de contexto" e "interpretado erróneamente". De hecho, la Fiscalía explica que solicitó la comparecencia del perito "para explicar el contenido y las conclusiones de su informe", pero no ha "recibido respuesta hasta la fecha" por parte de la juez.
Además, afirma que esta imputación "resulta totalmente incongruente con la propia actuación de la (juez) instructora hasta que se produce la solicitud del imputado José Montenlongo". Concretamente, se refiere a un escrito en el que la defensa de Montelongo solicitaba que se suspendiera la declaración como testigo del tesorero, basándose en ese informe pericial, y alegando que en él se le atribuye "la comisión de varias conductas delictivas". "No debe pedirse al imputado simple declaración testifical cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él ya existe sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible", señalaba ese escrito, apelando al "derecho constitucional a la defensa".
Sin embargo, el fiscal responde a este argumento con contundencia: "En dicho informe no se menciona ni una sola vez ninguna actuación del Departamento de Tesorería, mucho menos tesorero alguno, ni por tanto actuación delictiva", señala el recurso de la Fiscalía, que considera que le han atribuido a este informe "un significado deliberadamente equívoco" y sacado "plenamente de contexto".
Afirmación "no justificada" y posible "error"
En ese informe pericial, que fue solicitado por la propia Fiscalía, se analiza el papel que jugó cada uno de los políticos y técnicos que intervinieron en los pagos y expedientes bajo sospecha. Y en el caso del tesorero de Arrecife, su nombre sólo aparece en el último párrafo, con las conclusiones parciales del informe, al situarle junto al interventor como responsable de ordenar los pagos, y por tanto como posible responsable de delitos de prevaricación y malversación.
Sin embargo, durante todo el desarrollo del informe, no se da ningún detalle de en qué consistió la supuesta participación del tesorero, a diferencia de lo que sí hace con el resto de los imputados. Por eso, el fiscal entiende que esa frase no está "justificada" y considera que pudo obedecer a un "error del perito". Y eso, entre otras cosas, pretendía que aclarara el perito con su comparecencia, que hasta el momento no ha sido acordada.
Antonio Cabrera no fue el único tesorero
Además, el fiscal también cuestiona el cambio de criterio de la juez tras recibir el escrito de Montelongo, y recuerda que el informe pericial "obraba en autos desde el día 6 de noviembre, sin que la instructora hubiera pensado que del mismo se dedujera lo que la parte solicitó".
En cualquier caso, y aunque considera que el informe está "sacado de contexto", la Fiscalía también advierte que ni siquiera en las conclusiones de ese dictamen se nombra personalmente a Antonio Cabrera, sino "al tesorero". Y tal como acredita un informe de la secretaria del Ayuntamiento solicitado en el marco de la investigación, Cabrera no fue el único tesorero de Arrecife durante el periodo que se investiga. Por eso, el fiscal también cuestiona que no "se haya hecho la menor comprobación, antes de imputar a uno de ellos", para acreditar si "hubiera tenido alguna participación punible con relación a los hechos investigados en esta causa".
"Errónea confusión" al comparar Arrecife y San Bartolomé
Además de hacer referencia al informe pericial, la juez también sostiene en el auto que durante la instrucción de la causa, "se está llegando a la constancia de que para lo comisión de estos delitos hay una conexión entre la Concejalía de Hacienda, Intervención y Tesorería, y que los actos delictivos cometidos conllevan cierta implicación de cada uno de ellos; bastando recordar que en las DP 2142/12 (es decir, la pieza separada de San Bartolomé), sí se ha procedido a interesar por el Ministerio Fiscal la imputación del tesorero del Ayuntamiento de San Bartolomé", Luis Manuel Rodríguez Pérez.
Frente a esto, el fiscal responde que "resulta procesalmente inadmisible mezclar hechos objeto de investigación en diligencias diferentes" y dedica varios folios a explicar las diferencias entre ambos procedimientos, y en el papel que jugaron ambos interventores. "Debemos entender que supone una errónea confusión del contenido de las actuaciones", sostiene la Fiscalía, que agrega que se ve obligada a "explicar la diferencia" en este escrito.
Así, el fiscal recuerda que el papel de un tesorero consiste en ejecutar "las órdenes de pago de los concejales respectivos, constituyendo dicha orden de pago un acto debido". Sin embargo, en el caso de San Bartolomé, los pagos que se investigan dependen directamente del tesorero, y no de otra concejalía o técnico, ya que están relacionados con la recaudación de tributos.
400.000 euros bajo sospecha en San Bartolomé por recaudación de tributos
"En el caso de San Bartolomé, a diferencia de Arrecife, se producen durante cinco años, entre 2002 y 2007, pagos por importe de aproximadamente 400.000 euros en virtud de los dos contratos adjudicados ilegalmente a Progestril y de los que se derivó una facturación ficticia y el consiguiente cobro de facturas, por un servicio que dependía directa y exclusivamente del tesorero municipal, consistente en la inspección y colaboración con la recaudación en materia del Impuesto de Actividades Económicas y tasas municipales", subraya el fiscal, que agrega que "dicho servicio no se cumplía".
Por eso, señala que en este caso sí era el tesorero "el técnico competente en controlar que dicho servicio se prestaba, además de ser la persona que ejecutaba las ilegales órdenes de pago auspiciadas por él, y de controlar lo que Progestril descubría y recaudaba para el Ayuntamiento".
Además, destaca que en el informe del mismo perito sobre esta pieza separada de la causa sí se "detallan, describen y analizan incesantemente las ilegalidades presuntamente cometidas por este tesorero", que además en este caso sí es "el único que desempeñó dicho cargo durante todos estos años". Y para seguir aportando los argumentos que en la pieza de San Bartolomé sí le llevaron a solicitar la imputación del tesorero, la Fiscalía explica que "obran indicios de que" el tesorero de San Bartolomé "viajó a costa del imputado José Montesinos", que "la relación con éste era diaria, constante y permanente, al depender el trabajo del uno del trabajo del otro", y que "el propio tesorero emitió un informe en el año 2009 contradiciéndose con lo que había amparado hasta el año 2007, afirmando que no existía justificación de los servicios abonados a Protesgril".
Las competencias de un tesorero
En su recurso, para responder a otro de los argumentos de la juez, el fiscal también reproduce un artículo del Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el que se explican cuáles son exactamente las competencias de un tesorero.
"Ninguna de las funciones de un tesorero municipal tiene relación con contratos, presentación de facturas, comprobación de la realidad de lo prestado, falta a las normas del procedimiento", "salvo que efectivamente tengan implicación directa con dicho Departamento", señala el fiscal. Es decir, salvo que estén relacionadas con la "jefatura de los servicios de recaudación", que es precisamente lo que se investiga en San Bartolomé, y que sí están expresamente recogidos en las competencias de un tesorero.
Citaciones de imputados que no se han cursado en meses
Por último, el fiscal concluye recordando que "las escasas diligencias que se han acordado hasta la fecha han sido todas solicitadas por la Fiscalía, salvo la que ahora se recurre". Además, señala que "desde el 29 de marzo se han solicitado muchas más, a las que no se ha dado respuesta ninguna, habiendo instado el Ministerio Fiscal que se impulsara el procedimiento y se practicaran las diligencias solicitadas desde marzo en diferencias ocasiones". Y entre esas diligencias, está la citación de nuevas personas que el fiscal pidió imputar en la causa, pero que aún no han sido llamadas.
Como respuesta, el Ministerio Fiscal agrega además que sólo ha tenido por parte de la juez "una providencia del día 14 de diciembre, justificándose en la carencia de medios personales que no se provean los escritos, sin que se explique por qué las diligencias no se acuerdan". Sin embargo, sí se ha dictado este auto acordando una imputación que la Fiscalía, "garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, y regido en su actuación por el principio de imparcialidad", ya había "descartado de forma motivada, escrita, expresa y tajantemente dicha imputación".
