La pieza número 13 del caso "Unión" ya tiene escrito de acusación de la Fiscalía, convirtiéndose así en la tercera para la que se ha pedido la apertura de juicio oral dentro de esta causa. Además, será la primera que siente en el banquillo al interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz. En total, la Fiscalía formaliza la acusación contra cuatro personas, por el pago de facturas presuntamente fraudulentas a una empresa de electricidad.
El escrito de acusación, firmado por el fiscal Ignacio Stampa, sostiene que el Ayuntamiento de Arrecife pagó en menos de un año 251.293 euros por supuestos servicios de electricidad que en realidad no se prestaron. Todas las facturas fueron abonadas al empresario José Daniel Hernández Arráez, para el que la Fiscalía pide 5 años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad de documento mercantil, otro de prevaricación (en concepto de inductor) y dos más malversación de caudales públicos y fraude (como cooperador necesario).
Junto a él, están acusados el todavía interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz; el entonces jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el que era concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez. El fiscal pide seis años de cárcel para uno de ellos, por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Además, reclama también una pena de diez años de inhabilitación absoluta para cada uno y de 9 para el empresario, para quien se rebaja ligeramente la solicitud de penas al no ser cargo público.
En el escrito de acusación, también se reclama que los cuatro acusados devuelvan al Ayuntamiento de Arrecife la cantidad malversada "conjunta y solidariamente", y que la empresa de José Daniel Hernández, Proyectos y Servicios Lanzarote 2008 S.L. (Proselan), sea condenada como responsable civil subsidiaria para responder por el pago de esa cifra, que asciende a más de 250.000 euros.
Un plan para "expoliar fondos públicos"
Según sostiene la Fiscalía, en el año 2008 los cuatro acusados "idearon un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos públicos" del Ayuntamiento de Arrecife, de forma que "al menos" José Daniel Hernández obtuviera "un enriquecimiento patrimonial ilícito".
Para conseguirlo, "crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en diferentes fiestas de la ciudad de Arrecife, a sabiendas de que los referidos servicios nunca iban a ejecutarse". Así, pese a que no cabía legalmente la adjudicación directa, ya que los pagos superaban el límite de 18.000 euros, y "sin tramitar ningún expediente administrativo de contratación legalmente exigible", se le abonaron a este empresario diez facturas de más de 20.000 euros cada una.
Como concepto de esas facturas, figuraban supuestos trabajos de "desmontaje de líneas, postes, proyectores, cuadros y accesorios" en distintas fiestas de la ciudad, pese a que en la mayoría de los casos esas labores eran realizadas por trabajadores del propio Ayuntamiento. En alguna de las facturas, incluso, se repite el nombre de las mismas fiestas (y en las mismas fechas) de un barrio capitalino.
Para consumar el "fraude" a la administración, según la Fiscalía, el empresario presentaba facturas en Intervención municipal "a sabiendas de que no obedecían a contrato alguno y de que no se habían llevado a cabo los servicios descritos en ningún momento". A continuación, "y a pesar de conocer su mendacidad", Rafael Arrocha daba el visto bueno a las facturas "como responsable ficticio del contrato" y José Miguel Rodríguez también daba su conformidad como concejal del área que asumía el gasto.
Por último, Carlos Sáenz, "incumpliendo con sus obligaciones fiscalizadoras y a sabiendas de que se infringía groseramente" la legislación vigente, "autorizaba arbitrariamente el gasto" y "reconocía la obligación de pago", dando él y el propio Rodríguez luz verde a los pagos.
Tras las detenciones, Festejos frenó el pago de cuatro facturas más
A las diez facturas que pagó el Ayuntamiento hay que sumar otras cuatro, por importe de casi 100.000 euros más, que no llegaron a abonarse. Todas ellas habían recibido ya el visto bueno de Arrocha, Carlos Sáenz y José Miguel Rodríguez, pero "los acusados no llegaron a lograr su propósito por causas independientes de su voluntad, al detectarse por la Concejalía de Festejos dichas ilegalidades y suspenderse el pago material de esas facturas en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2009".
En ese momento, la Operación Unión ya había estallado, el PSOE había echado al PIL del grupo de gobierno y se había quedado en minoría y gobernando en solitario. Tras detectarse irregularidades en esas facturas, frenó el pago y llevó el tema además a los Tribunales, dando lugar a esta nueva pieza del caso Unión, la número 13.
Con esta investigación, que se inició en julio de 2009, se puso por primera vez sobre la mesa el nombre de Carlos Sáenz, que hasta ese momento no figuraba entre los imputados en el caso "Unión" (tanto Rafael Arrocha como José Miguel Rodríguez habían sido ya detenidos unos meses antes en el marco de esta causa y están imputados en otras piezas de "Unión" pendientes de juicio).
Después, el nombre de Sáenz volvió a aparecer, pero ya en el caso "Montecarlo", en el que fue detenido y está imputado por malversación de caudales y otros delitos, tanto por hechos ocurridos en Arrecife como en el Ayuntamiento de San Bartolomé y en el de La Oliva, en los que también fue interventor. Además, recientemente Carlos Sáenz pasó a estar también imputado en otra pieza de Unión, la número 12, que investiga pagos presuntamente fraudulentos del Consistorio de Arrecife a varias empresas más, y que todavía está en fase de instrucción.
Actualmente, el caso Unión tiene ya tres piezas listas para ir a juicio y con escrito de acusación formal de la Fiscalía. La primera fue la del intento de soborno del empresario Luis Lleó, en la que se piden seis años de prisón para él y un año y medio para Fernando Becerra; y la segunda la de Rodríguez Batllori, que cobró facturas presuntamente fraudulentas tanto de Arrecife como de Inalsa, supuestamente por orden de Dimas Martín. Junto a Batllori, en esa pieza están acusados el propio Dimas, los ex concejales de Arrecife José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco; la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y al ex gerente de esa misma empresa, Rafael Elorrieta.
