El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, podría enfrentarse a una pena de entre 20 y 30 años de prisión. Eso es al menos lo que solicitará el Ministerio Fiscal, a la luz de los delitos que imputa al ex alcalde en la Operación Yate, cuya investigación ya ha dado por terminada.
En su último dictamen, la Fiscalía señala que hay "claros indicios" de que José Francisco Reyes, durante su etapa al frente de la Alcaldía de Yaiza, incurrió en delitos de prevaricación urbanística, cohecho activo y pasivo, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario, malversación de caudales públicos y falsedad de documento mercantil.
La mayoría de esos delitos están vinculados a la corrupción urbanística, con la concesión de decenas de licencias ilegales en Playa Blanca a cambio de presuntos sobornos, pero también con otras actividades supuestamente ilegales cometidas desde el Ayuntamiento. Entre ellas, el desvío de fondos a cuentas de su partido, el PNL, y también a empresas de las que era socio, junto a otros líderes del Partido Nacionalista de Lanzarote.
El aparejador Pablo Carrasco, fuera de la causa
Junto a José Francisco Reyes, en el banquillo se sentarán finalmente otras once personas, ya que la causa se ha quedado finalmente con doce imputados. El último en salir de la lista ha sido el aparejador del Ayuntamiento, Pablo Carrasco, al que la Fiscalía no ha incluido en su último escrito de conclusiones.
Quienes sí continúan imputados son el secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y otro aparejador municipal, Alfredo Morales. Los tres están acusados de presuntos delitos de prevaricación urbanística, que puede ser castigada con penas de un año y medio a cuatro años de prisión.
En el caso del aparejador Alfredo Morales, su imputación está vinculada al informe que emitió para conceder la licencia al Puerto Deportivo Marina Rubicón, mientras que la de Antonio Lorenzo está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales.
En cuanto a Vicente Bartolomé Fuentes, se enfrenta a la imputación por tres delitos. Por un lado, la Fiscalía ve indicios de prevaricación urbanística en los informes que realizó en esos dos expedientes (el del plan parcial y el del puerto), y además le imputa otro delito de malversación de caudales públicos, por su función como interventor del Ayuntamiento. Así, además de las posibles penas de cárcel por dos delitos de prevaricación, el Ministerio Fiscal pedirá también para él entre seis meses y seis años de prisión más, dependiendo del importe de las cantidades supuestamente malversadas. En cualquier caso, sumando los tres delitos, Vicente Bartolomé Fuentes podría enfrentarse a una de las mayores penas solicitadas por la Fiscalía en esta causa, después de la de Reyes.
Familiares y "testaferros"
Entre el resto de los imputados que se sentarán en el banquillo se encuentran los familiares más directos de José Francisco Reyes. Es decir, su mujer, Antonia Rafaela Torres, y tres de sus hijos (María Beatriz, María Noelia y José Francisco Abel). Todos ellos están acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales, y la Fiscalía pedirá para ellos entre tres y seis años de prisión.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, todos ellos ayudaron a Reyes a "encubrir la titularidad de sus bienes ilícitamente obtenidos", para que pudiera "disfrutar de los mismos sin riesgo". Para ello, actuaron "a modo de testaferros para reintroducir dentro del mercado financiero y de los circuitos económicos legales el lucro procedente de las ilícitas actividades desarrolladas por el alcalde de Yaiza".
El mismo delito de blanqueo de capitales se imputa a los otros cuatro imputados: José Rafael Mesa Ferrer, Manuel Benito Mesa Ferrer, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Los dos primeros, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una "sociedad pantalla", Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Según la Fiscalía, ambos tenían "pleno conocimiento de la finalidad perseguida por el imputado Reyes Rodríguez, la de ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente así como de los que se siguieran adquiriendo con posterioridad, para permitir su disfrute por dicho imputado mediante su inserción en el circuito económico legal".
La otra sociedad supuestamente utilizada para blanquear dinero fue Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho, ambos pertenecientes al "círculo íntimo de amistad" de José Francisco Reyes. Según la Fiscalía, los dos aceptaron "prestar su más eficaz contribución para ocultar ese patrimonio" de Reyes, "ya que conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban, al ser perfectamente conocedores de cuáles eran las fuentes de ingreso lícitos del imputado, así como de su cuantía".
La investigación, que se inició en el año 2006, pero tuvo que perseguir hechos cometidos desde los años 90, consiguió localizar un millón de euros obtenidos por el ex alcalde de forma presuntamente ilícita. Y para ello, fue necesario rastrear pagos realizados en efectivo, compras sin asiento contable, así como movimientos de créditos bancarios y otras operaciones inmobiliarias. Por eso, por la complejidad de la investigación, la Fiscalía considera que ese millón de euros podría ser sólo una parte del dinero obtenido por los presuntos delitos de corrupción del ex alcalde sureño.
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