La Fiscalía General del Estado ha confirmado oficialmente que ya ha dado por "ultimada" la Operación Yate, también conocida como caso "Reyes", que investiga delitos urbanísticos en el municipio de Yaiza. En un comunicado, la Fiscalía hace público que el pasado 20 de diciembre dirigió un escrito al Juzgado que instruye la causa solicitando que se incoe el procedimiento abreviado, previo a la celebración del juicio oral.
Además, la Fiscalía ha adelantado que dirigirá acusación contra doce personas, sobre las que se han encontrado "altos indicios de criminalidad". Hasta ahora, continuaban imputadas en el procedimiento trece personas, por lo que una de ellas quedará fuera de la causa.
Hasta ahora continuaban imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y otros tres técnicos del Consistorio, así como la mujer y tres hijos de Reyes, por blanqueo de capitales. Junto a ellos, también están imputados Simeón Camacho, Antonio Marcelo Machín, Benito Mesa Ferrer y Rafael Mesa Ferrer, por su presunta colaboración para realizar ese blanqueo, a través de las sociedades Acuimar Cachazo y Sea Sun Lanzarote.
Entre los delitos que se imputan están los de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
"Un plan para enriquecerse"
La Fiscalía considera, "tras realizar una laboriosa Investigación", que José Francisco Reyes, "actuando desde su cargo de alcalde, ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, abusando de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de la localidad de Yaiza".
El fiscal decano de Medio Ambiente y Urbanismo en Las Palmas, Javier Ródenas, y el fiscal en Lanzarote de la sección de Medio Ambiente Ignacio Stampa,que ha llevado esta investigación desde su inicio, detallan en el escrito remitido al Juzgado cómo el imputado "logró recaudar ilícitamente una importante cantidad de dinero derivada de la masiva concesión de licencias urbanísticas que como Alcalde-Presidente delAyuntamiento de Yaiza fue otorgando de forma selectiva durante su mandato, provocando el nacimiento de un urbanismo a la carta que propició por la vía de hecho una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza,logrando de este modo hacerse con un enriquecimiento no justificado que alcanza la cantidad mínima de un millón de euros".
Los fiscales pormenorizan los indicios que revelan que el origen del patrimonio que consiguió amasar durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, "en ningún caso puede estar vinculado o proviene de los ingresos conocidos del mismo, ni se justifica por los cobros que legítimamente percibió como alcalde, sino que ha sido adquirido como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas".
Testaferros y "grandes inversiones"
Para tratar de legitimar los beneficios obtenidos durante esos años, según el escrito de la Fiscalía, "el que fuera Alcalde de Yaiza se valió de diferentes procedimientos tales como utilización de testaferros, amortización en efectivo de un número considerable de préstamos bancarios y seguros, fraccionamiento de operaciones de efectivo de origen desconocido y, sobre todo, grandes inversiones mobiliarias e inmobiliarias abonadas con dinero en efectivo e ingresos constantes de otras tantas y cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, en una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de empresas pantalla".
Los fiscales concluyen que existen "claros indicios de que se prescindió de manera grosera en los expedientes administrativos de concesión de licencias urbanísticas de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo Insular de Lanzarote", y de que "omitió deliberadamente requisitos insoslayables como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal".
Crecimiento "desenfrenado" que afecta a servicios básicos
Además, la Fiscalía subraya que al autorizarse "de formadesenfrenada miles de camas turísticas en contra de las propias determinaciones del Cabildo", se impidió el necesario control del crecimiento, destinado a evitar un desarrollo "incontrolado" y que "pudieran afectarse servicios básicos de la Isla de Lanzarote", como el agua y la luz. En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que "una superación de las camas turísticas y edificabilidad mas allá de los límites previstos acarrea restricciones de servicios básicos que no pueden cubrir las desorbitadas áreas turísticas aprobadas por el citado alcalde".
Durante la Instrucción, realizada en coordinación con la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Sección UDYCO, la Fiscalía recuerda que se han analizado "con evidente signo incriminatorio una treintena de expedientes de concesión de licencias para la construcción de complejos hoteleros". En esa lista se encuentran los expedientes administrativos para la construcción del hotel Meliá Volcán, del hotel princesa Yaiza, del hotel Papagayo Arenas, del hotel Dream Gran Castillo, de los apartamentos Iberostar la Bocayna, de los apartamentos Iberostar Papagayo Park, de los apartamentos Río Playa Blanca, del hotel Son Bou, del hotel Rubicón Palace, del hotel Iberostar Papagayo, del hotel Hesperia Puerto Calero, de los apartamentos Coloradamar en la parcela 12 plan parcial las coloradas, de los apartamentos Cay Beach papagayo en la parcela 14 plan parcial las coloradas,del hotel Natura Palace en la parcela 45 y 46 plan parcial montaña roja.
"Manifiesta y flagrante ilegalidad"
Además de licencias hoteleras, en la causa también se han analizado los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencia de obras a la entidad "Puerto Deportivo Marina Rubicón, S.A". y el expediente administrativo para la aprobación del Plan Parcial Playa Blanca.
Según la Fiscalía, en todos esos expedientes, el ex alcalde "otorgó entre los años 1998 a 2003 las licencias a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad". Además, subraya que esas licencias "vulneran al menos indiciariamente los acuerdos de suspensión del otorgamiento de licencias adoptados por el Cabildo durante la Revisión del PIOT (1998-2000), y fueron concedidas por un órgano municipal que en aquel momento tenía suspendida la potestad para otorgarlas y, lo que es más grave, se concedieron con pleno conocimiento de la vulneración de la legalidad que con la concesión de esas licencias iban a cometer, a sabiendas, además, de que autorizaban edificaciones turísticas incompatibles con el Planeamiento Insular (en ocasiones incluso incompatibles con las ordenanzas del propio Plan Parcial) y con los postulados introducidos en la revisión en tramitación (que era lo que se pretendía salvaguardar), sin tener en cuenta la carga edificatoria de la Isla".
