El alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, puede ser condenado a 19 años de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones, además de multas, debido a dos causas judiciales sustanciadas en su contra y que serán ventiladas en sendos juicios penales. La Fiscalía Especial de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha encontrado indicios suficientes como para considerar que Reyes ha incurrido en prevaricación urbanística y delito continuado contra la ordenación territorial, debido a la entrega de licencias de construcción en suelo rústico. Será la primera vez que el alcalde sureño sea enjuiciado penalmente y ante una denuncia del Ministerio Fiscal, ya que si bien otras veces -como en el famoso caso del muro- se ha visto inmerso en un proceso penal, fueron diligencias previas y ante denuncias de particulares. Esta vez, por el contrario, deberá someterse a dos juicios orales a instancias de la Fiscalía.
Si la situación judicial que se presenta por delante para José Francisco Reyes es extremadamente delicada, no lo es menos para tres técnicos municipales, incluidos en la misma solicitud de condena por haber participado en proceso de entrega de esas licencias, e incluso la Fiscalía pide para uno de ellos, además de la inhabilitación, la condena a cinco años de prisión. Se trata del arquitecto técnico municipalPablo Ramón Carrasco Cabrera, sobre quien el Ministerio Fiscal considera que ha incurrido en el delito de falsedad de un documento público y que "faltó deliberadamente a la verdad".
El fondo de la cuestión de ambas causas está en que las licencias de construcción en cuestión fueron otorgadas, como queda dicho por la Fiscalía, en suelo considerado como rústico por el Plan Insular de Ordenación, pero el Ayuntamiento actuó como si el PIO no existiera y basó todo su procedimiento administrativo en el Plan General de Yaiza del año 1973, que consideraba a esas parcelas como suelo urbanizable. El PIO, obviamente, está por encima de cualquier normativa municipal en cuanto a la ordenación territorial, pero el Consistorio sureño actuó como si ese instrumento insular ni siquiera existiera.
A punto de ir a juicio oral
La posible inhabilitación judicial por 19 años a la que se enfrenta Reyes proviene de una acusación elevada por la Fiscalía en el pasado mes de junio, por la que se solicita 9 años de inhabilitación, y otra más antigua, de hace casi un año (agosto de 2005), pese a que no había trascendido en su momento, en este caso con un pedido de 10 años de inhabilitación.
La causa cuya acusación elevó la Fiscalía en agosto del año pasado es en relación a nueve licencias otorgadas por Yaiza a la entidad Casas Conejeras S. L. para la construcción de viviendas en una finca rústica de 12.500 metros cuadrados, adyacente a la carretera que une las localidades de Femés y Las Breñas. La Fiscalía considera que tanto la parcelación como la licencia son irregulares, por lo que se considera que el alcalde José Francisco Reyes incurrió en un delito continuado contra la ordenación del territorio. Esta causa está a punto de ser llevada a juicio oral por la Audiencia Provincial de Las Palmas y también aparecen acusados el secretario del Ayuntamiento, Vicente Jesús Bartolomé Fuentes; el arquitecto técnico municipal, Pablo Ramón Carrasco Cabrera; y el aparejador Alfredo Morales Armas, para quienes se solicitan 5 años de inhabilitación. A Carrasco Cabrera se le solicita además una condena de 5 años de prisión.
En la segunda causa, la acusación fue elevada por la Fiscalía en junio pasado, y está relacionada con la autorización de obras de reforma de una vivienda para su uso como bar restaurante, en la calle García Escámez del municipio sureño, en suelo rústico. En este caso, el fiscal considera que Reyes incurrió en el delito de prevaricación urbanística, por lo que solicita 10 años de inhabilitación y multa.
En lugar de cultivos, nueve viviendas con piscinas
En la causa por la cual la Fiscalía ha solicitado nueve años de inhabilitación para el alcalde de Yaiza y cinco años de prisión e igual periodo de inhabilitación para el arquitecto técnico del Ayuntamiento, Pablo Ramón Carrasco Cabrera, el Ministerio Fiscal que elevó la acusación señala que en una finca rústica -es decir, no urbanizable- situada entre Femés y Las Breñas, "se fue transformando las realidad física de ese terreno, de modo que acabaron existiendo en el mismo nueve viviendas unifamiliares, de no más de dos plantas, en su mayor parte con una piscina", y que "la parcelación urbanística del terreno y la construcción de las nueve viviendas, por partes, fueron autorizándose por el Ayuntamiento de Yaiza" entre los años 1999 y 2000. Agrega el fiscal que José Francisco Reyes "autorizó la parcelaciónpaulatina, enmascarada en forma de sucesivas licencias de segregación", como así también la construcción sin intervención del Gobierno de Canarias o el Cabildo de Lanzarote, a lo que estaba legalmente obligado, por ser suelo rústico.
Por su parte, el arquitecto técnico municipal Carrasco Cabrera informó favorablemente para la entrega de esas licencias, y sólo "se limitó a observar que la parcela a segregar en cada caso y la finca matriz tenían dimensiones que cumplían con el mínimo exigido, sin explicar que ese mínimo era el de la superficie mínima de cultivo, [...] y ello a sabiendas de no ser el cultivo sino la edificación" el uso para el cual el propietario solicitaba las licencias.
Además, Carrasco Cabrera declaró como solar los terrenos para los que se solicitaban autorizaciones, y por ello, suelo urbano por consolidación, y no suelo rústico, "como estaba clasificado en el planeamiento vigente", según destaca el Ministerio Fiscal, todo esto refrendado después por el alcalde de Yaiza. Esa declaración como suelo urbano es lo que ha llevado al fiscal a solicitar cinco años de prisión para Carrasco Cabrera, por "falsedad de documento público".
Esta causa fue tramitada después de que las obras fueran denunciadas por agentes de la Guardia Civil adscritos al Seprona.
