Ha sido la gran sorpresa de la sesión plenaria que el Cabildo celebraba este viernes. Un informe jurídico aportado por el grupo de gobierno recomienda que las conclusiones de la auditoría de los Centros Turísticos sean trasladadas a la Fiscalía, para que investigue si hubo posibles hechos delictivos en la gestión de los CACT,s de esos años, dadas las irregularidades detectadas por la empresa auditora KPGM.
Con ese informe en la mano, el pleno ha decidido seguir su recomendación y trasladar los hechos al Ministerio Fiscal, pero aunque la medida ha contado con los votos favorables del PSOE, la polémica no ha estado ausente. Los socialistas han cuestionado que la presentación de este informe se haya hecho "a última hora y sin pasar previamente por la Comisión de Hacienda del Cabildo", pero sobre todo insisten en restar validez a una auditoría que consideran "incompleta", y que afecta directamente a la gestión realizada por Enrique Pérez Parrilla, presidente del Cabildo en la mayor parte de ese periodo, y al también socialista Miguel Ángel Leal, como consejero delegado de los Centros.
Sorpresa
"Sorprende que los letrados responsables de este informe jurídico no hayan trabajado sobre la documentación obrante en el Cabildo, sino sobre un documento realizado por KPGM, al que sus propios autores niegan la condición de auditoría, por no haberse ajustado su elaboración a las Normas Técnicas de Auditoría, reconociendo que por parte del Cabildo no se puso a su disposición toda la información necesaria", afirma el Partido Socialista. Además, muestran "sus dudas con respecto a que la denuncia sea admitida a trámite, considerando que en caso de que fuera admitida, muy probablemente, las diligencias que se practiquen llevarían a su archivo".
En cualquier caso, los socialistas aclaran que han dado su apoyo a esta medida porque consideran que "si sus cargos públicos tienen conocimiento de informes que supongan la posible existencia de comportamientos que pudieran ser considerados delictivos, su obligación es trasladarlos a las autoridades competentes". Una explicación que va en la línea de la que aportaron hace sólo tres días, cuando estalló otra tormenta política después de que se hiciera público que Carlos Espino trasladó a la Udyco un informe que derivó en escuchas telefónicas a los alcaldes de Yaiza y Teguise.
En este sentido, el Partido Socialista también aprovecha para reprochar que la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, no tenga con otros temas la misma actitud que con la auditoría de los Centros, como por ejemplo con el caso el de la licencia de las mil viviendas concedida por José Francisco Reyes, y ante la que también había un informe jurídico que recomendaba poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Además, y en la línea de críticas al grupo de gobierno del Cabildo, los socialistas agregan que "la solicitud de un informe apresurado sobre una auditoría que no lo es, puede deberse a los escandalosos resultados de las diferentes encuestas que sitúan a Coalición Canaria como perdedora en la mayor parte de las instituciones de la isla y como cortina de humo que trata de ocultar la imputación y el procesamiento de varios de sus cargos públicos y candidatos en escándalos de corrupción urbanística".
[Resumen de los "desfases" que señala la auditoría en la gestión de los Centros Turísticos->12088]
