"Por aplicación del principio del enriquecimiento injusto, el Consorcio Insular de Aguas ha de responder por las deudas contraídas por Inalsa". Ésta es la conclusión del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias solicitado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, dentro de la causa que investiga la gestión y quiebra de la antigua empresa pública de aguas. En cuanto al modo en que el Consorcio asumió esa deuda, a través de un "préstamo" a Inalsa, el informe concluye que la Ley "no regula esa posibilidad, si bien tampoco lo prohíbe expresamente".
Este dictamen fue solicitado por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, dentro de la causa penal que investiga la quiebra de Inalsa. Concretamente, el juez pidió a la Audiencia de Cuentas que informara sobre la "legalidad del acuerdo adoptado por el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote relativo al pago de las deudas concursales de Inalsa".
La solicitud del Juzgado partió de la denuncia de Alternativa Ciudadana contra los acuerdos que en su día tomó la Asamblea del Consorcio del Agua en mayo de 2013 y que ha dado origen al actual procedimiento. El partido denunció poco después de que se privatizara la gestión de Inalsa y se destinara parte de ese dinero a pagar las deudas de la empresa, ya que consideraba que con eso se pretendía evitar que los políticos que intervinieron en los últimos consejos de administración hubieran tenido que responder personalmente de esas deudas.
Entre otras cosas, AC hacía referencia en su denuncia a un informe de la entonces interventora del Consorcio, que Pedro San Ginés califica de extemporáneo, y que se pronunciaba contra ese acuerdo. En su comunicado, el Cabildo señala ahora que ese informe "fue entregado por el propio presidente al juez de lo mercantil en 2013" y hace hincapié en que "en esa fecha el juez ya validó la legalidad del acuerdo, pero a pesar de todo Alternativa presentó la denuncia".
Una transmisión "posible" si hay "consentimiento del deudor"
El dictamen de la Audiencia de Cuentas señala ahora, en primer lugar, que el TRLRHL (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) "no regula la posibilidad" ni "prohíbe expresamente" que un Consorcio conceda un préstamo a una sociedad dependiente.
En segundo lugar, señala que el Consorcio "ha de responder" por las deudas contraídas por Inalsa, "habiéndose podido instrumentar su aportación mediante subvención de capital". Es decir, que lo que podría haber hecho es asumir la deuda, "en cuanto dicha sociedad es un ente instrumental que reúne las condiciones de medio propio y que prestaba un servicio público esencial de carácter obligatorio".
En cuanto al modo en que se entregó el dinero, a través de una transmisión de los derechos de crédito con Canal Gestión, por la privatización de la gestión de Inalsa, el dictamen señala que "no existe ninguna norma jurídico-pública que impida la transmisión de los derechos de crédito; al contrario, según la Ley de Contratos del Sector Público, la regula exhaustivamente, por lo que dicha transmisión es posible siempre que se efectúe con arreglo a las normas del derecho privado, siendo necesario el consentimiento del deudor". Un consentimiento, recalca el Consorcio, que "obviamente tuvo lugar".
Además del modo en que se pagó la deuda de Inalsa, la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción Número 4 investiga también otros hechos relacionados con la gestión de la antigua empresa pública de aguas. Tras analizar la denuncia de AC, que se presentó en Fiscalía, el Ministerio Público fue quien solicitó que se abrieran diligencias judiciales para investigar a varios ex gerentes y ex consejeros delegados de Inalsa, ya que se investigan distintas épocas de la gestión de Inalsa.
Entre las diligencias solicitadas por el juez, se pidió al Registro mercantil todas las cuentas de la empresa desde el año 2006. La Fiscalía también pedía en su denuncia, entre otras cosas, que se verificara "si el destino final de las cantidades invertidas por Inalsa en reparaciones tuvieron de forma efectiva ese destino, mediante el control de las facturas, órdenes de trabajo y personal que las ejecutó"; "que se compruebe si existen partidas o gastos no justificados realizados por Inalsa" desde el año 2006 en adelante, así como requerir al Consorcio los actos administrativos que motivaron las bajadas y subidas de precio del agua en 2003-2004 y 2007, respectivamente.
