Llega usted este viernes a Lanzarote para presentar por la noche su último libro, "¿Para qué servimos los jueces?". La pregunta es, ¿tiene un sentido retórico?
Espero que los ciudadanos tengan la amabilidad de comprar el libro, y verán que el título está entre interrogantes. Nosotros mismos nos preguntamos para qué servimos. En realidad se contesta de una forma amplia. Nadie puede ignorar que es un poder del Estado. En este libro se relatan infinidad de asuntos que pasan por conflictos de intereses sociales relevantes conocidos por todo el mundo, hasta el divorcio diario o la ejecución de la hipoteca. Es decir, servimos para muchas cosas, porque tenemos mucho poder y tenemos que saber administrarlo bien.
Es un libro que no adolece en absoluto de la autocrítica. Usted aboga por un cambio en la manera de ejercer de los jueces.
Nosotros, de una forma un tanto indolente y a la larga suicida, hemos estado enfrentándonos a una sociedad que cambia vertiginosamente, disponiendo de unas estructuras del siglo XIX. La única modernización que hemos introducido es la informática y ésta para lo único que ha servido, de momento, es para que crezca el volumen de papeles. De tal manera que una notificación, que antes era un solo papel, ahora igual son diez. La situación es grave, porque los grandes asuntos como los conflictos urbanísticos, de evasión de capitales, del gran narcotráfico y de las grandes tramas de corrupción, necesitan una respuesta mucho más ágil de la que hoy podemos dar.
La lentitud de la Justicia la hace mucho menos justa, es algo de lo que la sociedad se queja cada día. ¿Entiende usted que la Justicia española podría agilizarse y resolver de forma más urgente los problemas que hay en los Juzgados?
No solamente hay fórmulas, sino que países que nos introdujeron el sistema judicial como Francia, han evolucionado hacia sistemas mucho más ágiles y más actualizados. Por supuesto, no hay un sistema perfecto, así que nadie crea que yo propongo una solución. Pero, desde luego, lo actual es inexorablemente mejorable, porque así no podemos seguir. Seguirá habiendo problemas, pero por ejemplo necesitamos menos papel y más presencia del juez en las fases del conflicto. Es absolutamente fundamental.
Se refería usted a cuestiones que llenan las páginas de los periódicos, como los casos de corrupción. El caso "Unión" está pasando por unas circunstancias que han llamado poderosamente la atención. La decisión del Consejo General del Poder Judicial de apartar al magistrado César Romero Pamparacuatro, y a cambio sustituirlo por una nueva juez,ha sorprendido mucho a la sociedad. ¿Cómo lo valora usted?
Ésta es una de las patologías del sistema. Un asunto de esta naturaleza podría, con el actual procedimiento, durar, poniéndonos optimistas, cinco años. Nuestro sistema impide la perpetuación de jurisdicción de un juez durante mucho tiempo. No lo impide de una manera radical, pero entraríamos en una zona casi de un juez especial. Por tanto, yo creo que en este caso concreto podía seguir el juez durante un tiempo razonable, pero en todo caso el juez puede desbrozarle a la nueva juezaesos 30.000 folios, de los cuales 25.000 folios no servirán absolutamente para nada, serán papeleo puro de comunicaciones de entre unos órganos y otros. Puede haber unos 5.000 folios, que ya está bien, que sean importantes. Tendrá que ponerle al día a la nueva jueza, decirle por dónde va la trama, y que esa jueza se dedique exclusivamente a ese asunto y que le nombren un juez de apoyo o refuerzo para los asuntos de trámite. Es para mí la solución que hay que darle al asunto. Pero tampoco habría ningún inconveniente para que César Romero Pamparacuatro hubiera continuado unos tres meses más. Pero no se puede convertir en un juez especial, que está prohibido por la Constitución.
Últimamente se habla mucho de la politización de la Justicia. ¿Qué opinión tiene acerca de esta situación?
Aquí hay un problema positivo y otro negativo. El positivo es que el Poder Judicial tenga en un Estado democrático de división de poderes la potestad o la jurisdicción para controlar o fiscalizar decisiones de los órganos políticos. Estos asuntos pueden ser decisiones administrativas equivocadas que irán a lo contencioso o asuntos penales ya de corrupción y de cohechos. Eso es normal, no hay por qué escandalizarse, si no al contrario. Si no se persiguiesen, entonces sí deberíamos preocuparnos. Por tanto el asunto tiene un perfil político, pero no significa que la Justicia esté politizada. La Justicia hace su trabajo sobre un asunto de contenido político.
Después sí que hay asuntos políticos en los cuales la Justicia no puede intervenir. Yo opino que pedir las actas del Consejo de Ministros indiscriminadamente por parte de un juez no se puede hacer, porque es una invasión de la potestad política. Otra cosa es que se pida un acta concreta porque hay unas sospechas de que ese día se pudo cometer un delito. Entiendo que ahí hay una frontera entre lo judicial y lo político.
Ahora bien, la segunda parte es la más negativa. Cuando un asunto de estas características, en el que intervienen servidores públicos más o menos relevantes llega al Juzgado, se ponen en marcha desde fuera los mecanismos y los medios de comunicación. Y, entonces, se produce una intromisión y algunas veces ataques feroces a los protagonistas del proceso, a los que intentan hacer justicia. Esto sí que es, sinceramente, politizar de alguna manera.
Esto ha ocurrido muy recientemente con la excarcelación de un etarra, de Troitiño. ¿Se refiere usted a casos como éste?
Casos como éste o casos de corrupción en los que los medios de comunicación se posicionan. Al tomar partido, una de las formas de neutralizar la investigación judicial es atacar al juez y convertirlo en blanco de sus iras. En el caso de Troitiño, los ciudadanos tienen mejor criterio que algunos periodistas. Deben saber que el etarra ha cumplido 24 años en régimen de internamiento, que casi casi equivale a un aislamiento. No es una pena baladí.
En segundo lugar, es opinable y el Constitucional lo tiene pendiente de resolver si es correcto el cómputo que ha hecho la Audiencia en su primera decisión o es más correcto el cómputo que ha hecho la Audiencia, siguiendo una jurisprudencia de mi sala, pero que no es vinculante. El asunto vamos a dejarlo en sus términos jurídicos y, por qué no, políticos también, porque el terrorismo nos preocupa mucho. Pero no hasta el punto al que han llevado el asunto, de llegar a insultar a los jueces.
Hablaba usted de ese momento en el que el juez comienza a ser objeto de presiones. ¿Cuáles son las fórmulas para evitar que esto ocurra?
Tenemos un bienintencionado artículo 14 de la Ley Orgánica a través del cual podemos pedir amparo al Consejo del Poder Judicial por ver perturbada nuestra independencia. Eso lo han hecho algunos jueces, pero queda más como una declaración romántica o poética. Algunas veces se traspasan las líneas rojas y el asunto puede ser delictivo, puede ser un delito de calumnias o injurias o incluso un delito contra la administración de Justicia. Ahí tiene que intervenir el Ministerio Fiscal y perseguirlo.
Luego hay otras presiones que sociedades más maduras como la inglesa no permitiría nunca. El periodista sería reprochado por parte del Consejo de Prensa. En Norteamérica, si el asunto sobre el que se pretende presionar es un asunto que corresponde al jurado, puede ser un delito con penas grandes de cárceles.
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