Intervención concluye que el convenio de La Cueva fue “lesivo” para Haría y que se incumplió la ley al aprobarlo

El alcalde ha hecho públicos los tres informes jurídicos que llevará al Pleno del sábado y ha lanzado un mensaje a sus socios de gobierno: “Serán los concejales los que deberán decidir si rechazan los 12,9 millones que le corresponden al municipio”

Imagen del último Pleno de Marci Acuña como alcalde de Haría
Imagen del último Pleno de Marci Acuña como alcalde de Haría

“Serán los concejales del Consistorio norteño los que deberán decidir si rechazan los 12,9 millones de euros que le corresponden al municipio”. Ése es el mensaje que ha lanzado este miércoles el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, a sus propios socios de gobierno de CC y también a los concejales de la Plataforma Municipal de Haría, que el próximo sábado deberán decidir si aprueban el acuerdo alcanzado con el Cabildo para ejecutar la sentencia de La Cueva de Los Verdes.

Ese acuerdo se ha planteado como una adenda al convenio firmado en 2016, que era “lesivo” para el Ayuntamiento y se aprobó incumpliendo la ley, según advierten hasta tres informes jurídicos que ha hecho públicos el Consistorio junto a la convocatoria del Pleno, y que han sido entregados a todos los ediles.

En esos informes, dos del departamento de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento y uno de un abogado externo -que fue el mismo al que contrató el ex alcalde de CC, Marci Acuña, después de haber firmado el convenio-, se señala que aquel acuerdo extrajudicial firmado con Pedro San Ginés no había “previsión alguna sobre la indemnización en concepto de daños y perjuicios a la que fue condenado el Cabildo Insular de Lanzarote”. Al respecto, señalan que lo único que planteaba ese convenio era “una declaración de intenciones” por parte la Corporación insular para realizar inversiones en el municipio “en la medida de sus posibilidades”, con un compromiso anual de 600.000 euros durante diez años. CC, por su parte, sostiene que el compromiso de inversión era de 18 millones -en base a un anexo que se incluyó al convenio con un listado de posibles intervenciones- pero los informes concluyen que la suma realmente comprometida era de solo 6 millones.

“La cuantía reflejada en el Acuerdo Extrajudicial, además de ser sustancialmente inferior al criterio indemnizatorio de la sentencia, no se encuentra ajustada a la misma, pudiendo provocar un perjuicio económico a la Corporación Municipal”, señala uno de los dictámenes. Además, subraya que esa cantidad ni siquiera se reconocía como indemnización y tampoco se establecía ningún tipo de cláusula en caso de impago. De hecho, los informes también concluyen que ese acuerdo nunca se cumplió y que Haría no ha recibido ni un solo euro en virtud de ese convenio.

“La falta de cuantificación en el Acuerdo Extrajudicial del criterio indemnizatorio establecido en la propia sentencia”, “así como la ausencia del carácter vinculante para el Cabildo del compromiso asumido, denota un incumplimiento de la obligación del Ayuntamiento de Haría de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, causando de este modo una infracción en el ordenamiento jurídico”, señala el interventor, citando distintas leyes y reglamentos que se habrían incumplido.

 

“Lesividad para el interés público”

Además de respaldar el nuevo acuerdo, señalando que sí da cumplimiento a la sentencia, uno de los informes de Secretaría e Intervención propone también “declarar la lesividad para el interés público” del acuerdo adoptado en 2016 y acudir a los tribunales para declarar su nulidad, en caso de que no se apruebe la adenda negociada ahora para incluir la indemnización. Además, recuerda que aquel convenio se aprobó hace cuatro años en el Pleno de Haría (con los votos favorables de CC y Somos Lanzarote-Aldem) sin haber solicitado previamente un informe económico, pese a la advertencia que había realizado la interventora, que ya planteó que debía analizarse la posible lesividad para el Consistorio.

“La Corporación municipal aprobó el acuerdo extrajudicial sin sujeción al condicionante establecido en el informe emitido por la Secretaría-Intervención, y por ende, no acreditando si el acuerdo extrajudicial resultaba lesivo para los intereses municipales, incumpliendo lo señalado en el artículo 77.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, señala el nuevo dictamen. Por eso, ante la posibilidad de que el Pleno de Haría no apruebe el nuevo acuerdo, el alcalde ha convocado otra sesión justo a continuación para votar esa declaración de lesividad del primer convenio, ya que los informes municipales concluyen que es anulable por haber incumplido los trámites legales y porque ni siquiera se ajusta a lo establecido en la sentencia.

Precisamente eso último es lo que viene a hacer la adenda que se ha negociado entre el Ayuntamiento y el Cabildo, que ha reconocido que la cantidad que debe a Haría por ese fallo asciende a casi 13 millones de euros. En concreto, lo que establecía la sentencia es que el Cabildo debía indemnizar al Consistorio entregándole todo el dinero que ingresó por la venta de entradas en La Cueva desde el 25 de noviembre de 2010 -que fue cuando Haría le instó a abandonar este centro turístico por el impago del canon- y hasta que procediera a abandonar este espacio. Respecto a lo último, y dado que la Cueva seguirá dentro de la red de los CACT, la fecha que se ha fijado como fin es la del 29 de octubre de 2016, que fue cuando se aprobó el acuerdo extrajudicial.

Así, la cantidad resultante asciende a 15.103.883 euros, según la documentación que han aportado los Centros Turísticos sobre los ingresos obtenidos por la venta de entradas durante ese periodo. Y ésa es la cantidad que el Cabildo se compromete ahora a entregar al Ayuntamiento -tal como establecía la sentencia-, descontando solo lo ya abonado en aquellos años en concepto de canon, que es algo más de dos millones de euros. De esta forma, el acuerdo implica que el Cabildo entregará a Haría 12,9 millones de euros con un plan de pago a 15 años.

 

“Perseguimos velar por los intereses de todos los harianos”

“En definitiva, con este modificado lo que perseguimos es velar por los intereses de todos los harianos, sin excepción, sin renunciar a lo que por ley nos pertenece, pero estableciendo unas condiciones más beneficiosas para el norte de la Isla y contando con todos los informes y autorizaciones pertinentes, a diferencia de lo que ocurrió en 2016”, afirma el alcalde de Haría.

Además, subraya que la Intervención del Ayuntamiento de Haría también ha acreditado que no se ha recibido cuantía alguna en concepto del acuerdo extrajudicial de 2016, que ni siquiera llegó a ser nunca homologado por los tribunales, “mientras que ahora ambas entidades se comprometen a solicitar, conjuntamente, la homologación judicial, así como cualquier otra autorización adicional que fuera necesaria para lograrla, con el fin de hacer desaparecer cualquier controversia al respecto”.

“Esta Intervención ha reiterado en los diferentes informes relativos a la liquidación del presupuesto, que no se ha dado cumplimiento al Acuerdo extrajudicial”, señala el nuevo dictamen, que insiste en que “no se entienden cumplidas las obligaciones económicas asumidas por la Corporación Insular” en aquel convenio. Al respecto, señala que cuando San Ginés gobernaba aún en el Cabildo intentó achacar a este convenio dos subvenciones nominadas entregadas a Haría en 2018 y 2019, una destinada a gastos de personal y otra destinada a inversiones, cuando “las subvenciones gozan de una naturaleza jurídica totalmente distinta y mucho más gravosa para el Ayuntamiento”.

“Dicho de otro modo, el Cabildo, de forma unilateral, pretende cambiar su posición de deudor de una obligación de pago, por la de concedente de una subvención, modificando asimismo la del Ayuntamiento, que de ser el acreedor de esa misma obligación, con los derechos que ello lleva aparejados, especialmente el de su exigibilidad, pasaría a encontrarse en la de beneficiario de una subvención, con las limitaciones que ello supone”, advierte el informe.

Además, el dictamen también cita jurisprudencia para recordar que “las partes están obligadas a cumplir las sentencias” y que está “prohibida la inejecución de las mismas”, e insiste en que el convenio firmado en su día no daba cumplimiento al fallo, ya que entre otras cosas ni siquiera fue homologado por los tribunales. Esta misma advertencia la realiza también el abogado externo que ha emitido un nuevo informe jurídico de cara al Pleno que se celebrará el próximo sábado.

Este letrado ya emitió un dictamen en 2018, encargado por el anterior grupo de gobierno municipal de CC después de haber aprobado y firmado el convenio. En ese informe, el abogado ya advertía de que ese acuerdo fue lesivo para el Ayuntamiento y que sería nulo. Ahora, el actual alcalde del PSOE ha recurrido al mismo letrado para que informe sobre la actual adenda, y su conclusión es que sí cumple con la legalidad y con lo establecido en la sentencia.

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