Intersindical Canaria ha realizado este miércoles una rueda de prensa en los exteriores del Hospital Insular de Lanzarote para abordar la compleja problemática de las instalaciones, pacientes, usuarios y trabajadores, frente a la "actitud obstruccionista de la Administración".
"Nos referimos a un patrimonio histórico y social de Lanzarote que, además de un Bien de Interés Cultural (BIC), no es solo un edificio: es parte de la memoria colectiva de la isla y de una nación, Canarias que adolece de camas sociosanitarias y que, durante décadas éste ha sido un recurso esencial para la población, especialmente para las personas mayores y dependientes", defienden. Su trayectoria lo convierte en un emblema de la sanidad pública lanzaroteña, un centro que ha acompañado el crecimiento de la isla y ha respondido a sus necesidades cuando no existían alternativas.
Además, han señalado que es "un pilar asistencial insustituible", ya que el hospital ha garantizado atención cercana, humana y continua, especialmente en geriatría, hospital de día y cuidados de larga estancia. Su modelo asistencial, basado en la proximidad y la especialización, "no puede trasladarse sin pérdida de calidad a espacios improvisados o insuficientes como los pretendidos, y sin absolutas garantías ya que el Insular es un recurso que no se puede desmantelar sin consecuencias graves para miles de usuarios".
"En el Hospital Insular trabajan profesionales con trayectorias largas, especialización y un profundo conocimiento del perfil de pacientes a los que atienden. Este capital humano no puede ser tratado como piezas movibles. La falta de planificación y la ausencia de un proyecto claro generan incertidumbre laboral, sobrecarga y pérdida de derechos", han asegurado.
Añadidamente, se trata de un centro con función docente y formativa. Cuenta con una unidad de formación para Geriatras, la primera del estado español y única en Canarias. Es, por tanto, un espacio de aprendizaje para estudiantes, residentes y nuevos profesionales. "Su cierre parcial o su vaciamiento supone perder un entorno formativo que ha contribuido a la calidad del sistema sanitario en la isla y en Canarias. La docencia sanitaria necesita estabilidad, recursos y continuidad, no improvisación ni abandono", han continuado.
El abandono institucional: una estrategia por omisión
Las instituciones y el Gobierno de Canarias (CC y PP), a través de su Consejería de Sanidad, "han usado la estrategia de dejar morir el hospital por falta de inversión y planificación, en su política de acoso y derribo de nuestros mayores". Actualmente, y desde el año 2018, "no existe un proyecto de reforma integral, ni calendario, ni presupuesto asignado. Se limitan a anunciar alternativas sin garantías, sin participación profesional y sin transparencia. Esta dejación de funciones aboca al deterioro, y ese deterioro se usa luego como excusa para justificar traslados o cierres".
Por tanto, "confirmamos que los hechos desmienten todas las manifestaciones que hace la administración para recuperar esas camas, siendo su objetivo liquidarlas, en un sentido o en otro: si son trasladados los usuarios al nuevo edificio de enfermedades emergentes, aún sin haber sido entregada la obra, se estarán ocupando camas sanitarias por pacientes sociosanitarios, incrementando el problema de los cerca de mil pacientes con estás características que ocupan indebidamente camas hospitalarias", han manifestado.
"Nadie niega que el edificio requiere una intervención profunda, pero una remodelación responsable exige mantener la actividad asistencial, garantizar espacios adecuados y planificar con rigor. Lo que no se puede permitir es que la reforma se utilice como pretexto para vaciar el hospital, dispersar servicios o precarizar al personal", han proseguido.
Intersindical Canaria exige:
1. Que se garantice la continuidad de todos los servicios del Hospital Insular, asegurando todos los puestos de trabajo, sin recortes ni traslados forzosos.
2. Que se ponga a disposición de los representantes de los trabajadores un proyecto de reforma real, con financiación y plazos públicos, sujeto a la Ley de Transparencia, deteniendo de inmediato cualquier maniobra que pueda suponer un desmantelamiento encubierto.
3. Que no se elimine ni una de las ochenta camas operativas de media y larga estancia, orientadas principalmente a la atención geriátrica y sociosanitaria.
4. Incluir a los representantes de los trabajadores, profesionales y ciudadanía en la toma de decisiones.
Por último, han anunciado que será la Asamblea de Trabajadores "quien resuelva un calendario de movilizaciones por la defensa del hospital, ya que los trabajadores y la ciudadanía lanzaroteña y canaria tienen derecho a una sanidad pública fuerte, y eso incluye mantener el Insular operativo mientras se planifica su futuro".
