Tras el avance registrado en los dos últimos años en la instrucción del caso Unión, la causa vuelve a sufrir un nuevo "parón". El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió retirar el juez de refuerzo que, después de mucho tiempo de reivindicaciones, se había asignado a ese Juzgado. De esta forma, la juez Silvia Muñoz ha tenido que volver a ocuparse desde entonces del resto de asuntos que llegan al Juzgado de Primera Instancia Número 5. Un Juzgado que, incluso sin el caso Unión, tendría ya una sobrecarga importante de trabajo.
Inicialmente, desde el TSJC alegaron que había que "cubrir una vacante" en otro Juzgado y que no había "sustitutos disponibles", por lo que decidieron trasladar ahí a la juez que ejercía de refuerzo en el Juzgado Número 5. Sin embargo, pese a que esa plaza se cubrió poco después, y pese a que ya ha transcurrido más de 4 meses, sigue sin nombrarse un nuevo juez de refuerzo.
De hecho, esta semana la Sala de Gobierno del TSJC ha rechazado la solicitud planteada formalmente desde este Juzgado, según han confirmado a La Voz desde el gabinete de prensa. Ya en junio, desde este órgano adelantaron a este medio que no veían necesario reponer este refuerzo porque la instrucción estaba "prácticamente terminada". Sin embargo, aunque efectivamente ya se han cerrado prácticamente todas las piezas (hay varias pendientes solo de juicio y dos incluso han sido juzgadas y se han dictado sentencias condenatorias), lo cierto es que aún sigue abierta la instrucción de la pieza principal, centrada en la etapa del gobierno de María Isabel Déniz en el Ayuntamiento de Arrecife. Y precisamente al ser la que investiga los hechos más antiguos, es también la que más riesgo tiene de que prescriban los presuntos delitos en caso de que se produzcan más retrasos.
Más de 110 tomos y casi una veintena de imputados
La pieza que sigue abierta es a su vez la más voluminosa, con 110 tomos y casi una veintena de imputados. Además de María Isabel Déniz, en esa pieza están imputados directivos de Urbaser y de Fomento Construcciones y Contratas, además del ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y otros trabajadores del Consistorio y ex compañeros de partido de la entonces alcaldesa, como Dimas Martín y Matías Curbelo.
En el caso de Curbelo, llegó a confesar haber cobrado personalmente un soborno de Urbaser, de "entre 25 y 50 millones de pesetas", que supuestamente se iban a "repartir" entre Dimas y María Isabel Déniz, a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basura y limpieza de Arrecife. A su confesión se suma la de otros imputados en esta pieza, como la del que era gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez.
Por su parte, Dimas fue quien entregó al Juzgado la factura de un viaje que realizó Isabel Déniz a Marrakech con ocho miembros de su familia y que fue pagado por FCC. El líder histórico del PIL entregó esa factura cuando ya había estallado el caso Unión y él había sido detenido. Además de Isabel Déniz, en el viaje participaron su marido, su hija y sus hermanos, entre ellos la que fue viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, la juez Carolina Déniz, que en su momento ya tuvo que prestar declaración como testigo el esta causa.
La investigación sostiene que ese viaje a Marruecos "fue utilizado como pago, precio o comisión a la entonces alcaldesa", ya que en esas fechas FCC resultó adjudicataria de la obra para realizar el pabellón municipal de Argana (que años después fue cerrado por las deficiencias que presenta la instalación). Según subrayaba Silvia Muñoz en uno de los autos de la instrucción, esta empresa pasó de facturar cero euros del Ayuntamiento en 2005, "a tener adjudicaciones en 2006 por valor de más de 6 millones de euros", tras abonar ese viaje a Marruecos.
Retraso en la recta final
Aunque la instrucción de esa última pieza también está prácticamente terminada, la juez aún debe dictar el auto de procedimiento abreviado. Y para ello, hay que revisar la causa al completo para definir los imputados que la juez entiende que deben ir a juicio y verificar si quedan más diligencias pendientes. Sin embargo, aunque se esperaba que ese auto estuviera ya dictado, para dar paso a los escritos de acusación y a la apertura de juicio oral, lo cierto es que se ha venido retrasando tras eliminarse el juez de refuerzo para el Juzgado.
Además, se da la circunstancia de que ese Juzgado actualmente no es de Instrucción, sino de Primera Instancia (los juzgados de Arrecife se separaron después de que hubiera estallado el caso Unión), por lo que actualmente la juez Silvia Muñoz está volcada en la celebración de juicios. Sólo en lo que va de año, en ese Juzgado se han dictado ya 238 sentencias. Y mientras tanto, al haber seguido también instruyendo el caso Unión y el caso Stratvs (dado que ya estaban iniciados cuando se separaron los juzgados y por tanto siguieron bajo su competencia), el Juzgado ha recibido 363 escritos solo en 2015 vinculados a esas causas penales, lo cual ya es más de lo que acumula cualquier juzgado de instrucción de la isla.
Según el informe publicado en septiembre de 2014 por el Consejo General del Poder Judicial sobre la carga de trabajo en los órganos judiciales, el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife es uno de los que más asuntos acumula, con una carga de trabajo superior al 198 por ciento, muy superior a la media.
Sin embargo, no sólo se le retiró el juez de refuerzo hace más de cuatro meses, sino también dos de los funcionarios que estaban asignados como apoyo a la instrucción de los casos de corrupción que se siguen en ese Juzgado. En este caso, desde el TSJC precisaron a La Voz que la decisión corresponde al Gobierno de Canarias, que es de quien dependen los funcionarios, a través de la Consejería de Justicia. El único refuerzo que se ha mantenido es el de la secretaria que ha acompañado a Silvia Muñoz en el Juzgado en esta recta final de la instrucción del caso Unión y del caso Stratvs, Sonia Herrera, que también ha jugado un papel clave.
Trámites pendientes y piezas listas para juicio
Cuando se retiró el juez de refuerzo, el Juzgado no solo tenía pendiente cerrar la pieza central de Unión, sino también otros trámites en algunas de las piezas que en las que ya se había ordenado la apertura de juicio oral. Por ejemplo, resolver los últimos recursos de las partes, pero también elevar al órgano que se encargará de celebrar el juicio algunas de las últimas piezas que se cerraron.
Ése es el caso de la pieza número 12, que tiene 14 acusados, también por presuntos delitos de malversación y cohecho en el Ayuntamiento de Arrecife (en este caso entre los años 2007 y 2009). En esa pieza, el fiscal Javier Ródenas pide penas de entre uno y 17 años y medio de cárcel. Para elevar la pieza a la Audiencia Provincial, es necesario organizar todos los tomos y documentos de la causa (algunos son compartidos en distintas piezas) e identificar, clasificar y enviar cada una de las piezas de convicción, es decir, las pruebas que sostienen la acusación, y entre las que se incluye el material que fue incautado durante los registros. Una vez elevada la pieza sí termina el trabajo del Juzgado de Instrucción y la causa queda solo pendiente de fijar la fecha del juicio.
En esa situación están ya la mayoría de las piezas de Unión (incluyendo la que dio origen a la causa, por el intento de soborno de Luis Lleó) y al menos dos de ellas serán juzgadas antes de que termine el año. Concretamente, el 23 de noviembre comienza el juicio de la pieza 13, por los pagos presuntamente fraudulentos desde el Ayuntamiento de Arrecife a la empresa Proselan, y en diciembre se juzgará la pieza de Los Rostros, por las obras realizadas en una vivienda de Dimas Martín en el municipio de Yaiza.
Una pieza abierta en otro juzgado
Además, hay otra pieza del caso Unión que se encuentra aún pendiente de juicio y cuya instrucción no ha terminado. Sin embargo, en este caso no se instruye en el juzgado de Silvia Muñoz, ya que en su día pasó a manos de otro Juzgado de la capital, que en los últimos años ha cambiado varias veces de titular. Esta pieza está centrada en el patrimonio de Dimas Martín, a quien durante la investigación se le descubrió un presunto patrimonio ilegal de varios millones de euros, que habría ocultado a través de supuestos testaferros.
En el caso Unión han trabajado al menos cuatro fiscales. En la mayoría de las piezas, incluyendo las dos que ya tienen sentencia condenatoria, los escritos de acusación han corrido a cargo de Javier Ródenas. En otras dos piezas, que serán las próximas en ir a juicio, el fiscal que ha llevado la acusación es Ignacio Stampa; mientras que la calificación en la pieza del Teatro Insular la presentó la fiscal Laura Ordás. Por su parte, el fiscal anticorrupción Luis del Río se encarga de la pieza central, que es la que sigue abierta e investiga la etapa de gobierno de María Isabel Déniz.
