El caso Unión ha sumado otros dos nuevos imputados, en relación con el viaje que en 2005 realizó la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Deniz, junto a varios miembros de su familia a Marrakech. El propio Dimas Martín, tras ser detenido e imputado en la causa, implicó a Isabel Déniz y entregó al Juzgado la factura de ese viaje, afirmando que había sido pagado por Fomento Construcciones y Contratas (FCC).
Desde entonces se abrió una nueva línea de investigación y se sumaron nuevos nombres a la lista de imputados, pero ahora se ha logrado identificar además a las dos personas que firmaron el pagaré con el que se abonó ese viaje: Enrique Astorga González y Enrique José Hernández Martín. Ambos figuran como apoderados de FCC y la juez Silvia Muñoz ya ha acordado su imputación y les ha citado a declarar el próximo 27 de enero por un delito contra la administración pública.
Su identificación no había sido posible hasta ahora porque, según subraya la juez, tanto FCC como el Banco Santander habían dado "respuestas contradictorias" cuando se les pidió que aportaran la identidad de las personas firmantes del pagaré. Finalmente, el pasado mes de septiembre el Juzgado ordenó a la UCO que realizara las averiguaciones pertinentes y, tras cotejar las firmas con la base de datos de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI), logró dar con el nombre de estas dos personas que ahora deberán declarar como imputadas.
"Comisión a la entonces alcaldesa"
En su auto, la juez señala que existen "indicios solventes que permiten razonar" que ese viaje a Marruecos "fue utilizado como pago, precio o comisión a la entonces alcaldesa", ya que en esas fechas FCC resultó adjudicataria de la obra para realizar el pabellón municipal de Argana (actualmente cerrado por las deficiencias que presenta la instalación).
Según subraya Silvia Muñoz, esta empresa pasó de facturar cero euros del Ayuntamiento en 2005, "a tener adjudicaciones en 2006 por valor de más de 6 millones de euros", tras abonar ese viaje a Marruecos. Además de Isabel Déniz, en el viaje participaron su marido, su hija y sus hermanos, entre ellos la que fue viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, que en su momento ya tuvo que prestar declaración como testigo.
La juez señala además que la empresa administrada por otro de los imputados en esta pieza, el empresario lanzaroteño Francisco Armas, también "aumentó su facturación" entre los años 2005 y 2007, coincidiendo con la última etapa de Déniz en la Alcaldía. Armas fue imputado porque la investigación le señala como administrador de FCC, pero también es administrador de Horinsa.
"Versión poco creíble" de Isabel Déniz
Tras su detención, María Isabel Déniz declaró que ese viaje a Marruecos lo pagó ella, pero la juez considera que es una "versión poco creíble", ya que existen "indicios racionales de lo contrario". Entre otros, se refiere a los documentos de la compra y pago del viaje a nombre de FCC, pero también a las declaraciones de los coimputados Matías Curbelo y Dimas Martín, que fueron claves en esta parte de la investigación.
De hecho, el propio Dimas Martín, enfrentado a Isabel Déniz desde su salida del PIL, fue quien entregó al juez César Romero Pamparacuatro, cuando éste aún instruía la causa, la factura de la agencia de viajes con la que se contrataron esas vacaciones de la familia Déniz en Marruecos. Respecto a Matías Curbelo, la juez subraya en su auto que la propia ex alcaldesa "manifestó en su declaración que no tenía ningún motivo espurio conocido contra ella" como para acusarle falsamente.
En total, el viaje costó 10.983 euros, y es sólo uno de los regalos y presuntos sobornos que se investigan en esta pieza y que presuntamente recibió María Isabel Déniz. A este se suman muchos otros, especialmente de Urbaser, a cambio supuestamente de la adjudicación fraudulenta del contrato de limpieza y recogida de basura de la ciudad, y también del posterior cobro de facturas falsas o infladas durante años.
Una trama paralela y relacionada
Además de la presunta trama de Urbaser y la de FCC, en esta pieza también se investiga a otras tres empresas vinculadas entre sí y relacionadas con dos trabajadores de la administración pública: el ingeniero del Cabildo Manuel Jesús Spínola y el entonces jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha. Según la investigación, a través de esas sociedades realizaban proyectos para otras empresas que se presentaban a concursos, y que terminaban resultando adjudicatarias.
En el caso del concurso para el pabellón de Argana, FCC presentó un proyecto elaborado por Gamma Instal, "que en última instancia es participada, bien directamente o de manera intermedia a través de otros entes societarios, por Rafael Arrocha, Jacinto Álvarez, Julio Romero y Manuel Jesús Spínola", sostiene la juez.
De hecho, considera que la participación de Arrocha en la adjudicación de ese contrato a FCC fue clave, ya que "informó favorablemente como jefe de la Oficina Técnica, con la connivencia de Isabel Déniz como alcaldesa de Arrecife". A cambio, según el auto, Isabel Déniz recibió "como dádiva el viaje a Marruecos", y los otros cuatro "salieron beneficiados a través de la facturación del proyecto por sus mercantiles".
