Dos nuevas piezas del caso Unión tienen ya fecha para ir a juicio y está previsto que queden vistas para sentencia antes de que termine el año. El primer juicio en celebrarse será el de la pieza número 13, por el pago de más de 250.000 euros en facturas presuntamente fraudulentas a una empresa de electricidad, Proselan, desde el Ayuntamiento de Arrecife. El juicio se celebrará el 23 y 24 de noviembre ante la Audiencia Provincial y sentará en el banquillo a cuatro personas, entre las que se encuentra el interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz.
Además, ya está fijada también la fecha del juicio por la pieza de Los Rostros. En este caso, el juicio se celebrará ante el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife y la vista se ha fijado para el 16 y 17 de diciembre. En el banquillo se sentará Dimas Martín, para quien la Fiscalía pide en esta pieza dos años de cárcel por un presunto delito contra la ordenación del territorio, así como una multa de 12.000 euros.
Asimismo, pide que se condene a Dimas Martín a costear las obras para "restaurar el orden jurídico perturbado". Y es que sostiene que Dimas realizó obras en un suelo protegido donde no se podía construir, multiplicando por dos la superficie de una pequeña edificación preexistente y creando otros anexos, incluida una piscina.
Las obras que Dimas estaba realizando en Los Rostros fueron denunciadas en el año 2009 ante el Seprona por Pedro de Armas (según confirmó un agente en el marco de esta causa). En ese momento, Dimas Martín tenía el teléfono intervenido por orden judicial, por lo que las posteriores llamadas telefónicas que intercambió con la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y con el alcalde de Tinajo y entonces presidente insular de CC, Jesús Machín, a raíz de esa denuncia, pusieron a los agentes de la UCO sobre la pista de este nuevo presunto delito que ahora le llevará a juicio.
Peticiones de hasta 6 años de cárcel
En cuanto a la pieza número 13 de Unión, por los pagos del Ayuntamiento de Arrecife a Proselan, además del interventor se sentarán en el banquillo el que entonces era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, el ex concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, y el empresario José Daniel Hernández Arráez. Para este último, la Fiscalía pide 5 años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad de documento mercantil, otro de prevaricación (en concepto de inductor) y dos más malversación de caudales públicos y fraude (como cooperador necesario).
En cuanto a Carlos Sáenz, Rodríguez y Arrocha, el escrito de acusación del fiscal Ignacio Stampa pide para cada uno seis años de cárcel por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Además, reclama también una pena de diez años de inhabilitación absoluta para cada uno y de 9 para el empresario, para quien se rebaja ligeramente la solicitud de penas al no ser cargo público.
En el escrito de acusación, también se reclama que los cuatro acusados devuelvan al Ayuntamiento de Arrecife la cantidad malversada "conjunta y solidariamente", y que la empresa de José Daniel Hernández, Proyectos y Servicios Lanzarote 2008 S.L. (Proselan), sea condenada como responsable civil subsidiaria para responder por el pago de esa cifra, que asciende a más de 250.000 euros.
Un plan para "expoliar fondos públicos"
Según sostiene la Fiscalía, en el año 2008 los cuatro acusados "idearon un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos públicos" del Ayuntamiento de Arrecife, de forma que "al menos" José Daniel Hernández obtuviera "un enriquecimiento patrimonial ilícito".
Para conseguirlo, "crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en diferentes fiestas de la ciudad de Arrecife, a sabiendas de que los referidos servicios nunca iban a ejecutarse". Así, pese a que no cabía legalmente la adjudicación directa, ya que los pagos superaban el límite de 18.000 euros, y "sin tramitar ningún expediente administrativo de contratación legalmente exigible", se le abonaron a este empresario diez facturas de más de 20.000 euros cada una.
Como concepto de esas facturas, figuraban supuestos trabajos de "desmontaje de líneas, postes, proyectores, cuadros y accesorios" en distintas fiestas de la ciudad, pese a que en la mayoría de los casos esas labores eran realizadas por trabajadores del propio Ayuntamiento. En alguna de las facturas, incluso, se repite el nombre de las mismas fiestas (y en las mismas fechas) de un barrio capitalino.
Para consumar el "fraude" a la administración, según la Fiscalía, el empresario presentaba facturas en Intervención municipal "a sabiendas de que no obedecían a contrato alguno y de que no se habían llevado a cabo los servicios descritos en ningún momento". A continuación, "y a pesar de conocer su mendacidad", Rafael Arrocha daba el visto bueno a las facturas "como responsable ficticio del contrato" y José Miguel Rodríguez también daba su conformidad como concejal del área que asumía el gasto.
Por último, Carlos Sáenz, "incumpliendo con sus obligaciones fiscalizadoras y a sabiendas de que se infringía groseramente" la legislación vigente, "autorizaba arbitrariamente el gasto" y "reconocía la obligación de pago", dando él y el propio Rodríguez luz verde a los pagos.
Tras las detenciones, Festejos frenó el pago de cuatro facturas más
A las diez facturas que pagó el Ayuntamiento hay que sumar otras cuatro, por importe de casi 100.000 euros más, que no llegaron a abonarse. Todas ellas habían recibido ya el visto bueno de Arrocha, Carlos Sáenz y José Miguel Rodríguez, pero "los acusados no llegaron a lograr su propósito por causas independientes de su voluntad, al detectarse por la Concejalía de Festejos dichas ilegalidades y suspenderse el pago material de esas facturas en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2009".
En ese momento, la Operación Unión ya había estallado, el PSOE había echado al PIL del grupo de gobierno y se había quedado en minoría y gobernando en solitario. Tras detectarse irregularidades en esas facturas, frenó el pago y llevó el tema además a los Tribunales, dando lugar a esta nueva pieza del caso Unión, la número 13.
