"Yo solo vi la última hoja, la de la orden de pago, porque se quitaron todas las demás". Eso es lo que declaró el tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, sobre los 250.000 euros que el Ayuntamiento abonó al dueño de Proselan, José Daniel Hernández Arráez. El tesorero, que este martes declaró como testigo en el juicio, explicó que hasta 2008, las órdenes de pago le llegaban "más completas". Sin embargo, en ese año no le remitían los expedientes, solo ese último documento que es el que le obliga a él a realizar el pago.
En el caso de las 10 facturas pagadas a José Daniel Hernández y a su empresa, estaban firmadas por los tres acusados en la causa: el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, el ex concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez (que reconoce que con su firma "contribuyó a malversar" ese dinero), y el interventor, Carlos Sáenz. Y este último, según el tesorero, es quien tiene encomendada la misión de fiscalizar los pagos.
"Tesorería maneja los fondos y el control de la recaudación, pero Intervención es quien hace la fiscalización previa", declaró Cabrera Panasco, detallando que es labor del interventor tanto la fiscalización formal (relativa al presupuesto de ese gasto) como la material (confirmando que el servicio se ha realizado realmente). "Si la orden de pago está firmada, para el tesorero es de obligado cumplimiento", explicó.
"Recibía presiones para pagar facturas"
En su primera declaración en los Juzgados durante la instrucción de esta causa, Cabrera Panasco llegó a afirmar que en esa época recibía "presiones" como tesorero para que pagara determinadas facturas. Y lo mismo volvió a confirmar en el juicio, aunque a preguntas de la defensa precisó que no las había recibido en el caso concreto de los pagos a Proselan.
"El reparo que hacía el tesorero es que era muy simple, que tenía que venir con mayor fundamento. Pero aún así, yo firmaba", declaró por su parte el que entonces era concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, durante su declaración como acusado el pasado lunes. En esa declaración, el ex edil explicó que firmó el abono de las facturas al dueño de Proselan, pese a esa advertencia del tesorero, porque antes se había "beneficiado" de pagos a otras empresas, por los que está acusado en otras piezas de Unión (y ya condenado en una de ellas). Y según Rodríguez, en todos los casos había un mismo "modus operandi" en el que quien "tenía que estar siempre era Carlos Sáenz". De hecho, explicó que "consintió" firmar esas facturas a José Daniel Hernández porque antes el interventor "había consentido en otras de la misma manera para que yo o mi partido nos lucráramos".
Más de 200 transferencias en un día
A preguntas del abogado de uno de los acusados, el tesorero explicó que el mismo día en que se pagaron las facturas a ese empresario, el 26 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento realizó más de 200 transferencias por importe total de unos 5 millones de euros. "¿O sea que no era raro que en diciembre, al terminar el año, se terminaran de ajustar los pagos?", insistió el letrado. "Si había liquidez, sí", respondió el tesorero.
En el caso de los pagos a Proselan, también explicó que además de paralizarse el pago de otras cuatro facturas del mismo empresario en 2009, el Ayuntamiento también inició un procedimiento de reintegro, para reclamar la devolución de los 250.000 euros abonados en 2008.
Fue después de que estallara la Operación Unión y se rompiera el pacto de gobierno entre el PSOE y el PIL cuando desde la Concejalía de Festejos tuvieron conocimiento de esas facturas y advirtieron que los trabajos presuntamente no se habían prestado. Por eso, adoptaron esas medidas internas y también denunciaron los hechos. Ahora, en este juicio, el Ayuntamiento está personado como acusación particular y reclama la devolución de ese cuarto de millón de euros.
"¿Ha visto incremento patrimonial en Carlos Sáenz?", le preguntó a Cabrera Panasco uno de los abogados de la defensa. "No lo sé, no tengo relación con él", respondió el tesorero.
¿Obra o servicio?
Otro de los ejes de los interrogatorios durante el juicio ha girado en torno al tipo de "contrato" en el que encajaban los supuestos trabajos prestados por José Daniel Hernández. Según la defensa de los acusados, se trataba de un contrato de obra. Según la Fiscalía y la acusación popular, de un contrato de servicios. Y la diferencia es esencial, porque en el caso de las obras, el importe máximo para adjudicarlas de forma directa, sin concurso, es de 50.000 euros; mientras que en los servicios el límite para que pueda ser considerado un "contrato menor" está en 18.000 euros.
En el caso de José Daniel Hernández, realizó supuestos "trabajos de montajes y utilización de líneas, postes, proyectores, cuadros, accesorios y mantenimiento" para distintas fiestas de Arrecife. Y por cada una de esas fiestas, cargó dos facturas (una por montaje y otra por desmontaje) que sumaban en total más de 40.000 euros.
"De acuerdo con el texto que se ve en la factura, mi opinión es que es un servicio. Pudo haber algo de obra, pero la parte más importante es servicio", declaró al respecto el tesorero durante el juicio. Y lo mismo señaló el coordinador de Festejos de Arrecife, José Nieves, que explicó que "alumbrado se contrata como un servicio".
Por su parte, la que entonces era jefa de Contratación, Elena Martín (hija de Dimas Martín e imputada en otra pieza de Unión), también compareció como testigo este martes pero no se pronunció con claridad sobre si se trababa de una obra o un servicio. Tras explicar que lleva "un par de años desvinculada del departamento de Contratación" y "un año de baja", Elena Martín apuntó que "si no se especifica nada más", una instalación eléctrica es "una obra". Sin embargo, la acusación sostiene que en este caso no se estaba realizando una "instalación", sino un supuesto montaje y desmontaje puntual para las fiestas.
"Difícil discernir", según la ex jefa de Contratación
"Para mí, en algunos casos, es difícil discernir si es una obra o un servicio", afirmó durante el juicio la que era jefa de Contratación del Ayuntamiento. Preguntada sobre si en el caso de estas facturas se dirigió al interventor para preguntarle si se trataba de una obra o de un servicio, como al parecer dijo en su primera declaración como testigo, la funcionaria afirmó que "no lo recuerda", aunque considera que "sería normal" que lo hubiera hecho, porque "es un compañero".
Que la supuesta encomienda fuera de obra o de servicio no solo tiene importancia para determinar si el trabajo se debía sacar a concurso o no, sino también por un cargo adicional que se añadió en las facturas. Concretamente, el fiscal considera que hubo un aumento "fraudulento" del 22 por ciento, por conceptos que no deben incluirse en un contrato de servicios (el recargo de un 16 por ciento de gastos generales y un 6 por ciento de beneficio industrial solo puede aplicarse en facturas de obras).
Además, parte de la defensa del interventor y del jefe de la Oficina Técnica también se basa en sostener que se trataba de contratos menores. En el caso de Rafael Arrocha, porque lo contrario implica que hubiera tenido que sacar a concurso la adjudicación, en lugar de hacer el supuesto encargo directamente a ese empresario. En el del interventor, porque su defensa sostiene que no está obligado a fiscalizar contratos menores.
Sobre este punto preguntó su abogada a una trabajadora de Arrecife, que ejerció de interventora accidental en 2014, Sandra Leticia Estellé Padrón. Y según esta empleada municipal, "los contratos menores no se fiscalizan", porque la ley no obliga a ello. Sin embargo, durante su declaración, el tesorero de Arrecife aseguró lo contrario y defendió que en todos los casos debe realizarse una fiscalización.
