El acuerdo que logró imponer la oposición para anular la tasa del combustible que viene cobrando el Cabildo desde el año 2014 "puede considerarse como mandato" del Pleno para "derogar" esa ordenanza aprobada bajo la Presidencia de Pedro San Ginés. Eso es lo que concluye el informe emitido por el secretario de la Corporación y elaborado a petición del presidente, que en aquella sesión adelantó que el grupo de gobierno no ejecutaría el acuerdo, que surgió de una moción presentada por Ciudadanos.
En aquel momento, San Ginés anunció que pediría un informe para ver si estaba obligado a ejecutar ese acuerdo, que contó con el voto favorable de toda la oposición y de uno de sus socios de gobierno, el consejero del PIL Manuel Cabrera. Ahora, más de un mes después, el presidente ha enviado un comunicado de prensa en el que solo da cuenta de una parte del contenido de este dictamen del secretario. Un dictamen que, entre otras cosas, no señala en ningún momento que el acuerdo sea "nulo", como había planteado el presidente en aquel Pleno.
De hecho, lo que afirma el secretario es que no pueden "entenderse infringidos los artículos de la legislación sobre procedimiento administrativo referidos a la eficacia de los actos", por lo que el acuerdo sí tendría validez. No obstante, San Ginés reproduce exclusivamente otra parte de las conclusiones del informe, en la que se señala que el acuerdo "no puede generar efectos vinculantes", es decir, que no obliga a la institución a dar por derogada la tasa, "al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento".
El grupo de gobierno debería "incoar el oportuno procedimiento"
Con esto, el secretario se refiere a los pasos que deben seguirse para anular un gravamen, pero sin cuestionar el derecho del Pleno a trasladar ese mandato al grupo de gobierno. Al respecto, señala que el "proyecto de derogación" debe ser aprobado en primer lugar por el Consejo de Gobierno insular, tras pedir un informe de Intervención, para posteriormente ir a Pleno. Además, precisa que requeriría una aprobación inicial, sometiendo el acuerdo a exposición pública durante al menos 30 días, y después una aprobación definitiva también en el Pleno de la Corporación, para finalmente ser publicada en el Tablón de Anuncios del Cabildo y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Por eso, dado que aún no se han cumplido estos trámites, el secretario concluye que el acuerdo "no puede generar acuerdos vinculantes". Sin embargo, al mismo tiempo deja claro que "distinto es que pueda considerarse como mandato del Pleno". Así, lo que señala es que para ejecutar ese acuerdo plenario, lo que se debería hacer es "incoar el oportuno procedimiento" y tramitar "cada una de las fases antes de concluir que está derogada" la ordenanza.
