El grupo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias ha solicitado a la Audiencia de Cuentas que fiscalice la actividad económico-financiera de la empresa de aguas de Lanzarote Inalsa desde el año 1996. Este viernes se aborda en la Isla un trascendental consejo de administración de la compañía para decidir su futuro, incluyendo una posible intervención judicial.
El parlamentario del PP, Sigfrid Soria, justifica esta solicitud "ante el constante secretismo que preside la gestión de Inalsa". "Es incomprensible y altamente sospechosa la falta de transparencia y la constante labor de obstrucción que el PSOE y el PIL (grupos mayoritarios en el consejo de administración de la empresa) llevan a cabo impidiendo cualquier intento de la oposición para supervisar las cuentas", señala.
"La situación económico financiera de la empresa atraviesa momentos delicados que se han agravado en los últimos tres años y es necesario saber hasta qué punto esta situación puede hacer peligrar el futuro de la empresa y afectar a un sector tan estratégico como el servicio de abasto de agua potable a la población lanzaroteña", afirma el diputado lanzaroteño.
El PP quiere que la Audiencia de Cuentas analice los estados financieros para verificar que representan de forma fiel y veraz la situación patrimonial de la sociedad, incluyendo la información necesaria y suficiente para su adecuada comprensión e interpretación.
Asimismo, Sigfrid Soria quiere que la Audiencia de Cuentas verifique la observancia de la legalidad reguladora de la actividad económico-financiera de la sociedad, y de los principios contables y normas de valoración aplicadas.
JANUBIO
En el escrito dirigido a la institución fiscalizadora, el diputado conejero pide que se pronuncie sobre diversos aspectos, tanto de dirección como de gestión económica de la empresa, que a su juicio han llevado a Inalsa a la crítica situación económica actual.
Entre esos aspectos se nombra el contrato firmado con la UTE Edam-Janubio para la construcción de la desaladora del Sur, que ha derivado en un laudo y una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que le obligan a pagar más de 10 millones de euros y sobre la legalidad del procedimiento y las condiciones establecidas en el contrato firmado recientemente con la empresa Aguas Filtradas para la gestión de la depuración en la Isla.
Finalmente, el representante popular quiere saber si la forma de contratación del gerente actual responde a lo establecido en la legislación de aplicación vigente y si la situación actual de la empresa es la de solicitar el concurso de acreedores.
ACN Press
