El secretario del Cabildo, del Consejo y del Consorcio Insular del Agua, Pancho Perdomo, no ha prestado finalmente declaración este jueves en los Juzgados, donde estaba citado como testigo dentro de la causa penal abierta por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. El juez ha decidido suspender su comparecencia para decidir si declara en calidad de testigo o de imputado, como ha solicitado la acusación popular, representada por Podemos.
"La declaración del señor (Pedro) San Ginés obliga al señor Perdomo a dar respuesta sobre su participación en unos hechos que le implican directamente y que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, coacciones, malversación de fondos públicos o encubrimiento, tal como se deduce de lo actuado hasta la fecha y de la documental que consta en autos", señala el escrito. Y es que la acusación popular considera que "es el propio presidente" el que "señala" al secretario "como actor principal en los hechos objetos de investigación".
En ese escrito, se reproduce buena parte de la declaración prestada por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que está imputado en la causa junto a los gerentes del Consejo y del Consorcio, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero. Y es que la acusación popular entiende que esa declaración de San Ginés apuntaba a que el secretario tuvo una participación "determinante" en esa incautación.
Asesoramiento "verbal" del secretario y de Calatayud
Entre otras cosas, el presidente declaró que tuvo asesoramiento "verbal" del secretario antes de adoptar esta medida, así como del abogado externo Ignacio Calatayud. Respecto a Pancho Perdomo, llegó a señalar que fue él quien le dijo que no era necesaria una autorización judicial para incautar la desaladora, y también que no era obligado contar con un informe jurídico por escrito para adoptar esta medida.
Al respecto, cabe recordar que el único informe que respalda la incautación fue elaborado cuando ésta ya se había ejecutado. El informe fue realizado por el abogado Ignacio Calatayud, que no es funcionario ni personal del Cabildo, y fue rubricado por Pancho Perdomo asumiendo su contenido.
Tras la solicitud de la acusación popular, el juez decidirá ahora si cita al secretario en calidad de imputado. Según la acusación popular, esto garantizaría que "pueda ejercer su derecho con todas las garantías legales al efecto", entre otras cosas asistiendo con un abogado, y "no causarle indefensión".
