El gabinete de Presidencia del Gobierno de España ha contestado el escrito enviado por los organizadores de la iniciativa "La Graciosa, octava isla canaria", en el que les recuerda que al presidente, Mariano Rajoy, no le corresponde la potestad de ejercer la iniciativa de reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias. Por tanto, la propuesta tendría que partir del Gobierno de Canarias, previa aprobación en su Parlamento autonómico para ser remitida a las Cortes Generales para su debate, según el escrito del departamento de Comunicación con los Ciudadanos, que ya contestó de la misma manera en noviembre de 2013.
Esta iniciativa para convertir a La Graciosa en la octava isla canaria también solicita otorgar a la isla de un presupuesto propio, acercar a los ciudadanos los servicios a los que se ven privados al estar separados de Lanzarote por un brazo de mar y consolidar el funcionamiento del Consejo de Ciudadanía como una herramienta para la gestión participativa de lo público. Al respecto, el Gobierno de España señala que el "ordenamiento jurídico básico posibilita que la entidad local", en este caso el Ayuntamiento de Teguise, "adopte, a su criterio, formas de gestión descentralizada y establezca diversas vías y cauces de participación ciudadana en la gestión municipal".
Por otra parte, y en relación con la petición de que se devuelva la propiedad de la isla al municipio de Teguise, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a este departamento de Presidencia del Gobierno que "no se acredita suficientemente" en el escrito de los solicitantes "la existencia o causa de utilidad pública o interés social, que legitime privación de las propiedades privadas, que existan en la isla a favor de dicho municipio".
Asimismo, se recuerda a los organizadores de esta iniciativa que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo ha sido aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, por lo que su modificación deberá efectuarse en los términos previstos en la normativa medioambiental de Canarias.
Finalmente, el Gobierno contesta a la solicitud de que se cree un consorcio, del que formen parte las cuatro administraciones con competencia en la isla para la gestión integral de La Graciosa y los islotes que forman el Archipiélago Chinijo. En este caso, insiste en que en el ámbito local, la constitución de este ente "está prevista como una de las formas bajo las que puede articularse la cooperación económica, técnica y administrativa entre administración local y las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común".
