Mantiene la petición de tres años y siete meses de cárcel

El fiscal considera que se ha "desenmascarado" al promotor Miguel Morales durante el juicio y eleva la petición de multa a 90.000 euros

La Fiscalía ha aumentado la solicitud de multa al promotor Miguel Morales de 60.000 a 90.000 euros por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la ...

26 de octubre de 2011 (01:48 CET)
El fiscal considera que se ha desenmascarado al promotor Miguel Morales durante el juicio y eleva la petición de multa a 90.000 euros
El fiscal considera que se ha desenmascarado al promotor Miguel Morales durante el juicio y eleva la petición de multa a 90.000 euros

La Fiscalía ha aumentado la solicitud de multa al promotor Miguel Morales de 60.000 a 90.000 euros por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad, por la construcción de tres naves, una planta de hormigón y una machacadora de áridos en Arrecife. En la última jornada del juicio que se ha celebrado este lunes y este martes en el Juzgado de lo Penal Número 3, el Ministerio Público ha decido incrementar esta petición en un 50 por ciento ante "la capacidad económica" del acusado.

Además, ha mantenido la solicitud de un total de tres años y siete meses de cárcel (dos años y nueve meses por el delito contra el territorio y 10 meses por el de desobediencia) contra Morales, y ha pedido la demolición de las obras. Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido la absolución del imputado y éste ha preferido no utilizar su último turno de palabra. El juicio ha quedado visto para sentencia.

En sus conclusiones, el fiscal Ignacio Stampa ha señalado que los hechos juzgados "son graves" e, incluso, ha indicado que a Miguel Morales "se le ha desenmascarado" durante las dos jornadas de juicio. "Lo normal es que los ciudadanos pidamos permiso para hacer las cosas, sobre todo cuando estamos obligados, y que obedezcamos a la administración. Lo que es sano para la sociedad es que todo el mundo cumpla, y cuando no se cumple, la sociedad tiene que reaccionar", ha señalado el fiscal, que ha recordado que estas construcciones se realizaron sobre suelo de protección de valor natural ecológico, al estar en una zona de paso de jable, sin contar con la licencia de obras.

Por ello, el fiscal ha señalado que "la obra no estaba autorizada, la actividad estaba prohibida y no es autorizable" y ha indicado que si "se acusa de un delito a un agricultor por construir un cuarto de aperos de 20 metros cuadrados en el Volcán de la Corona, se tendrá que hacer lo mismo con una construcción de 2.000 metros cuadrados" en Arrecife. Para Ignacio Stampa, el acusado "conoce perfectamente las normas urbanísticas" de Lanzarote y más si cabe cuando este suelo, precisamente, es uno de los "más protegidos" de la isla.

"Burla al Estado de Derecho"

"El acusado dice que le han metido en un lío, se consideró perseguido políticamente y no sé si aspiraba a una impunidad que ya no existe. Esto es una burla al Estado de Derecho", ha manifestado el fiscal, que ha recordado que un técnico de Arrecife aseguró que las obras continuaban el 9 de noviembre de 2005, pese a que el precinto tenía fecha de 3 de octubre. "¿Hay que ir como una niñera a decirle que no siga construyendo?", se ha preguntado el fiscal.

Por su parte, el abogado de Miguel Morales, Rafael Entrena, ha intentado justificar que la licencia se pidió en 2001, pese a que la solicitud no consta en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, según la declaración de una jurista de este departamento. "Aquí no se ha negado que esta licencia no exista", ha señalado el abogado, al tiempo que ha cargado contra los funcionarios del Consistorio, de los que ha dicho que "parece que se quieren lavar las manos". "Si la administración ha actuado mal, no es nuestra culpa", ha señalado.

El letrado ha intentado probar que el precinto consistió en una "pegatina", y que a Miguel Morales ni se le impusieron multas ni más precintos. "¿Dónde está la desobediencia a la autoridad?", se ha preguntado el letrado, al tiempo que ha defendido que el suelo donde se construyeron estas naves "no merece tal protección ecológica, ya que por esa zona no pasa jable". "Se iba a cambiar la clasificación porque no merece una protección especial", ha añadido.

La declaración del denunciante

El primero en declarar durante la vista oral de este martes ha sido el ex concejal del Ayuntamiento de Arrecife por Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto, que denunció estos hechos ante la Fiscalía en noviembre de 2006. Según ha relatado, a raíz de la denuncia de un vecino, Barreto tomó varias imágenes de las naves que estaba construyendo Hormiconsa en dicha zona. "Fuimos al servicio técnico del Ayuntamiento y comprobamos que se estaban realizando las obras sin licencia", ha señalado el ex edil.

En este sentido, ha indicado que su formación presentó una moción al pleno del Ayuntamiento para que "se interviniera en esa situación". "Presenté la moción ante la actitud de inoperancia del grupo de gobierno y, precisamente ante esa actitud, acabamos yendo a Fiscalía", ha explicado. Cabe recordar que Andrés Barreto incluyó en su denuncia a los responsables del Ayuntamiento de Arrecife, del que entonces era alcaldesa María Isabel Déniz, y la concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera.

Durante la instrucción de la causa, se archivaron las actuaciones contra los responsables municipales. Pese a ello, Barreto ha indicado que "en 9 meses" presentó al menos "cinco mociones" sobre la situación de estas obras, sin que se hiciera nada más por parte del Consistorio. "Se estaban levantando unas construcciones nuevas, unas naves que no existían", ha añadido.

Denuncia de otro empresario

Por su parte, un agente de la Policía Local de Arrecife también ha declarado como testigo y ha indicado que acudió a realizar un "reportaje fotográfico" de las obras de construcción de las naves de Hormiconsa y la machacadora tras la denuncia que también presentó entonces el empresario Eduardo Spínola. "Se vio que la machacadora y la planta de hormigón estaban en funcionamiento sin la correspondiente licencia", ha relatado el policía local.

Por ello, en octubre de 2005 se precintaron las naves cuando, según el agente, "las obras prácticamente estaban terminadas". "En ese momento, estaban al 90 y pico por ciento", ha indicado. En este mismo sentido, se ha pronunciado el cuarto testigo que ha declarado este martes y trabajador de la constructora Hormiconsa, que ha asegurado que cuando se impuso el precinto "sólo faltaba la parte de fuera, las aceras", que se siguieron construyendo pese a esta medida. "Las obras se terminaron a finales de 2005, en octubre o noviembre, no más tarde", ha señalado este empleado, que ha asegurado que no teme que este juicio pueda costarle el puesto de trabajo.

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