NO SE PRONUNCIA SOBRE LA INCAUTACIÓN, RECALCANDO QUE LA LEY SE LO "IMPIDE"

El Diputado del Común archiva la queja contra el Consejo por su inactividad en Montaña Roja

El Cabildo afirma que el Diputado del Común archiva la queja basándose en la resolución que, entre otras cosas, ordenó la incautación. Sin embargo, el escrito del Diputado deja claro que la ley le "prohíbe pronunciarse sobre los asuntos que estén pendientes de resolución judicial"...

 El Diputado del Común archiva la queja contra el Consejo por su inactividad en Montaña Roja
El Diputado del Común archiva la queja contra el Consejo por su inactividad en Montaña Roja

El Diputado del Común, en respuesta a un oficio de Pedro San Ginés, ha comunicado al Cabildo que ha archivado la queja que tramitaba contra el Consejo Insular de Aguas por su “inactividad ante la venta ilegal de agua a terceros y, además, a unos precios superiores a lo establecido” en Montaña Roja por parte de Club Lanzarote. No obstante, en el escrito que remite al presidente del Consejo, Pedro San Ginés, el Diputado del Común también deja claro que no se pronuncia sobre la incautación de la planta, poniendo de relieve que la ley le “impide pronunciarse sobre cuestiones “pendientes de resolución judicial”. 

A pesar de ello, el Cabildo remitió este jueves un comunicado a los medios en el que informaba de la decisión del Diputado del Común y vinculaba el fin de esa investigación a la decisión de Pedro San Ginés de incautar la desaladora. “El Diputado del Común argumenta en su escrito que ‘procede al archivo de la queja citada por solución’ en base a que el Consejo Insular de Aguas cumplió con los requerimientos realizados por el Diputado del Común de acuerdo a la Resolución número 078/2014 que, entre otras medidas, resolvía la medida cautelar de la incautación”, dice textualmente el comunicado del Cabildo.

De esta forma, argumenta que Jerónimo Saavedra ha archivado su queja porque, con la resolución que entre otras cosas ordenaba la incautación, el Consejo terminó con la inactividad que se investigaba. Eso no es, sin embargo, lo que dice el escrito del Diputado del Común, que en su último punto especifica claramente: “No podemos entrar a valorar las medidas concretas adoptadas en la resolución 78/2014 del Consejo insular de aguas por dos motivos: el primero, la queja del ciudadano promotor de la misma no tenía ese objeto; el segundo, en estos momentos las mismas están siendo fiscalizadas por los tribunales de justicia y, dado que el artículo 26 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común impide a esta Institución investigar y pronunciarse sobre los asuntos que estén pendientes de resolución judicial”.

Deja así constancia de que el archivo de la queja nada tiene que ver con la decisión de incautar la planta. El comunicado del Cabildo, sin embargo, omite esta última puntualización y se limita a entrecomillar que el Diputado del Común “procede al archivo de la queja citada por solución” y que el Consejo “ha ejercitado la competencia que le corresponde al actuar sobre el problema denunciado en la queja”. Ese comunicado tampoco explica que el escrito de Jerónimo Saavedra responde en realidad a un oficio que San Ginés le remitió. En ese oficio, fechado el 20 de octubre, el presidente solicitaba al Diputado del Común que le informase de “si las medidas adoptadas en la mencionada resolución (78/2014, que ordenaba la incautación) eran tendentes a cumplir con los requerimientos realizados por el Diputado del Común”.

 

“No entramos a valorar si los actos administrativos son los que corresponden”


En este sentido, fuentes de la oficina del Diputado del Común han recalcado a La Voz que no se pronuncian sobre la incautación y que esta medida cautelar en ningún momento se menciona para argumentar la resolución. “Por supuesto que no. No podemos tomar parte, nosotros decimos que ejercite su competencia y actúe con la venta ilegal de agua a terceros, que eso sí está constatado”, apuntan. “No entramos a valorar si los actos administrativos (adoptados para ello) son los que corresponden”, agregan.

De hecho, puntualizan que la queja se archiva porque el Consejo ha terminado con su “inactividad”, no al incautar la planta, sino al iniciar “acciones administrativas”. Pero el Diputado del Común no entra a valorar esas acciones, que pueden englobar aspectos como que se abriera un expediente o que hace apenas unas semanas se iniciara el trámite para extinguir el permiso de Club Lanzarote para desalar agua en Montaña Roja, como se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 9 de octubre. Estas mismas fuentes subrayan en este sentido que el Consejo tendría que haber “ejercitado sus competencias hace mucho tiempo”. 

En esa publicación en el BOC se recogía un decreto firmado por Pedro San Ginés el pasado 25 de septiembre, más de un año después de incautar la planta. Se comenzaba de ese modo el trámite para extinguir el permiso que el Consejo otorgó a la empresa en 2004 para la “ampliación de la planta desaladora de agua de mar”, y que tenía una vigencia de 8 años. Pasado ese tiempo, Club Lanzarote pidió una prórroga, pero el Consejo no respondió. Según esgrimía, la prórroga había sido denegada “por silencio administrativo” y por tanto Club Lanzarote carecía de autorización. 

Esta afirmación, no obstante, ha sido refutada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló la incautación, y por el expediente sancionador que el propio Consejo abrió el mismo día que se incautó la planta. El expediente concluía que la autorización seguía en vigor y Club Lanzarote sí podía producir agua. Parar dar la autorización por extinguida, en caso de haber incumplimientos, tendría que haberse abierto un expediente y dado audiencia a la empresa, algo que no sucedió. A pesar de ello, uno de los argumentos que San Ginés utilizó para defender la incautación fue que Club Lanzarote carecía de autorización para producir agua.

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