La Junta del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote analizó este lunes un informe jurídico encargado al abogado José González García, a raíz de los numerosos escritos presentados en el Cabildo por el dueño de Stratvs, Juan Francisco Rosa, y por un empresario vinculado a él, Antonio Curbelo, que llegó a pedir el cierre de todas las bodegas de La Geria. Incluso, en su denuncia incluyó también otras construcciones de la isla ubicadas fuera de esa zona, donde tampoco llega la red pública de saneamiento. Las "peticiones de información" llegaron hasta la urbanización Los Noruegos de Famara y a los Centros de Arte Cultura y Turismo.
Respecto a esos escritos registrados en la Corporación insular, el informe concluye que "no cabe analizar una denuncia indiscriminada que se lleva a cabo por alguno de los interesados, sobre actividades generales". Así, aunque subraya que efectivamente el Consejo tiene una competencia de "policía" que le "obliga a velar por el cumplimiento de la normativa en materia de agua, ello no supone que se deba convertir el expediente incoado en una especie de causa general indeterminada en la que se deba investigar en vía administrativa la situación de todas las construcciones en suelo rústico o en lugares a los que no llega la red de alcantarillado". Es decir, que el Consejo de Aguas debe velar por la legalidad en cumplimiento de sus funciones, "pero no a través de una denuncia indiscriminada, sin identificación de actividades o personas concretas".
Respecto a las bodegas de La Geria denunciadas por este empresario, el informe concluye que deberían tener una autorización del Consejo para los vertidos, de la que actualmente carecen todas menos una. Sin embargo, aclara que no por ello se puede señalar "sin más que los vertidos son contaminantes o que las actividades que los generan son ilegalizables". Por eso, concluye que "en principio habría que descartar la clausura de las actividades". Cabe recordar que en el caso de Stratvs, precintada desde diciembre de 2014 por orden judicial, los propios informes del Consejo advertían desde hacía años de altos parámetros de contaminación, además de otras irregularidades y presuntos delitos que llevaron a su cierre cautelar.
Abiertas desde hace "muchísimos años"
Respecto al resto de bodegas, a las que Rosa ha intentado comparar con la situación de Stratvs, el informe encargado por el Cabildo subraya que se trata de instalaciones que "en su mayoría llevan abiertas desde hace muchísimos años", "el algunos casos desde tiempos inmemoriales", y que contribuyen de una manera indudable al mantenimiento del paisaje característico de La Geria". Sin embargo, Stratvs es una bodega de nueva creación, que fue inaugurada en 2008, cuando ya estaba en vigor el actual reglamento de vertidos, que es al que debió adaptarse.
Aunque esto no sucede con el resto de bodegas, ya que la mayoría existían antes de que se aprobara esa normativa, el informe encargado por el Cabildo sí señala que deberían haberse adoptado cuando entró en vigor, solicitando la pertinente autorización. Sin embargo, considera que mientras se regularizan, no debería ordenarse el cierre, como pedía el denunciante.
Lo que sí propone es que se inste esa regularización, cosa que la Corporación señala que ya ha hecho. Según explica el Cabildo, desde diciembre se solicitó esta regularización a Bodegas Barreto; Bodegas Mozaga; Bodega Finca Las Quemadas; Bodega Vega de Yuco; Bodegas El Grifo; Bodega Rubicón; Bodegas Martinón; Bodega La Florida; Bodega Antonio Suárez, Bodega Los Bermejos y Bodega La Geria.
Varias han solicitado autorización para la instalación de depuradoras en sus instalaciones, tal como se ha ido anunciando en el Boletín Oficial. "Cada una está en una vía diferente", apunta el Cabildo. La corporación insular señala que cuando ya se ha entregado toda la documentación, "tras los trámites preceptivos la solicitud sale publicada simultáneamente en el Boletín Oficial de Canarias, Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento dónde esté ubicada. Tras la publicación, si trascurre un mes sin alegaciones desde el Consejo se redacta un informe jurídico; se consulta a la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Cabildo; se redacta la propuesta de resolución y resolución", explica el Cabildo acerca del procedimiento. En esa resolución, añaden, "se regula el tratamiento de la calidad de las aguas generadas y posterior vertido".
