"No es una cuestión de ponernos de parte de nadie, pero la administración tiene que garantizar la seguridad, en primer lugar de los inquilinos". Así se ha manifestado la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Nuria Cabrera, respecto al posible desalojo de los comerciantes de los bajos del edificio de la calle Real, antiguo Hotel Oriental. La concejal ha explicado que el Consistorio se encuentra a la espera de recibir autorización para que la Policía de la capital pueda efectuar el desalojo de dichos comerciantes, después de que no lo hayan llevado a cabo de forma voluntaria. Mientras tanto, ha anunciado medidas cautelares, como el apuntalamiento de los pisos y la fachada, así como el vallado de la vía pública.
Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los trabajadores. "Ahora mismo está la cosa tranquila", explicaba Carmen Rosa González, encargada de la zapatería Alemany. "Estamos esperando que hagan una inspección los técnicos de Patrimonio del Cabildo". La Primera Institución insular ha puesto en marcha, mediante resolución, medidas para evitar la destrucción o deterioro del inmueble, precintando la planta superior del edificio. De momento, la demolición parece improbable, ya que requeriría autorización del departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo, e incluso del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias.
"Si nos desalojan, no quiero ni pensarlo", expresaba Carmen Rosa. "Pero esperemos que eso no ocurra, que llevamos mucho tiempo trabajando aquí, casi cuarenta años; este local era del padre de mi marido, y ahora trabajamos nosotros".
Al lado, en la joyería Nancy, Ángela Pérez explicaba que "esto está perfecto". Ahora han dejado en manos de los abogados el caso. "De momento, venimos todos los días a trabajar, como si no pasara nada", añade la encargada.
La primera orden de desalojo fue trasmitida a estos comerciantes, arrendatarios de los locales, el pasado 3 de octubre. En ella se les instaba a desalojar el edificio en tan sólo cuatro días. El informe privado, que provocó esta decisión por parte del Ayuntamiento de Arrecife, fue elaborado por dos catedráticos del departamento de Construcción, de la Universidad de Las Palmas.
Por otra parte, el PP de Arrecife ha presentado una moción en la que solicitan a la alcaldesa que dé cumplimiento a la resolución del Cabildo en relación a este edificio, que se encuentra dentro del Catálogo Arquitectónico de la capital, debido a que no entienden "esta contradicción en que ha incurrido ya que, conociendo el grado de protección y los procedimientos que afectan a este tipo de inmuebles, se ha prestado a azuzar a los inquilinos para que desalojen sus comercios, basándose únicamente en un informe solicitado y abonado por un particular".
Al parecer, el propietario del edificio es también dueño de otros inmuebles de la calle Real, que en su momento, fueron declarados en ruinas, y finalmente demolidos.
