Vecinos Unidos Canarios y la Confederación Social y Autónoma Canaria (Coveinca) han llevado a Fiscalía la privatización de Inalsa ante las "numerosas irregularidades detectadas" durante el proceso. Estos colectivos han solicitado a Fiscalía que lleve a cabo las "investigaciones oportunas", teniendo en cuenta que "el agua es un bien tan esencial para una isla como Lanzarote".
El escrito ha sido entregado este viernes por la mañana en Fiscalía por parte de José Díaz, presidente insular de Coveinca. Ambos colectivos consideran que en el proceso de privatización se vulneró el artículo 43 del Plan Hidrológico Insular, el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias de Aguas y la resolución del Parlamento de Canarias de 13 de julio de 2000.
Además, recuerdan que el concurso público "quedó desierto" y se decidió ir a un procedimiento negociado con publicidad. "Nosotros, en vista de las numerosas irregularidades observadas, instamos al secretario acumulado del Consorcio, que declarase nula la asamblea por cuanto los asistentes no estaban legitimados para tomar tal decisión", indican.
En el escrito, además, se hace un relato de los antecedentes históricos de Inalsa, así como de las intervenciones judiciales que ha sufrido. En este sentido, destacan que la Confederación General del Trabajo ya denunció en 2001 "un primer intento de privatizar la planta de Janubio" y aseguran que el caso "Unión" "destapó el segundo intento".
Así, recuerdan que en el sumario de este caso, aparece el Plan de Viabilidad presentado por PIL y PSOE en 2008 como "el comienzo de la privatización de Inalsa". En las grabaciones efectuadas por la UCO de la Guardia Civil se recoge que "Dimas Martín quería privatizar el 30 por ciento de Inalsa". En junio de 2009, después del estallido de la operación "Unión", se celebró el concurso de acreedores.
El embargo a los ex consejeros, "un aval más que suficiente"
"Debido al estado de las cuentas de Inalsa, los jueces concursales decidieron acudir al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas, que ordenó el embargo preventivo de bienes por valor de 1.914.730 euros a 16 de los ex consejeros de Inalsa", recuerdan. Además, aseguran que Vecinos Unidos y Coveinca ya advirtieron al presidente en enero de 2013 que "los casi dos millones de euros en propiedades de esos gestores era un aval más que suficiente para contentar a las empresas acreedoras, mientras se liquidaba Inalsa y el Consorcio renegociaba la deuda".
Asimismo, en su escrito presentado ante la Fiscalía exponen también los "informes contradictorios de los interventores", tanto el de la ex interventora del Consorcio Insular de Aguas, que puso reparos a la fórmula de pago de la deuda a los acreedores de Inalsa, como el del interventor de Tías, que avala el de la ex interventora, y el encargado por el Consorcio a Pedro Lasso Purriños, que defiende la propuesta del Consorcio.
Para estos dos colectivos, la intención es "salvar del embargo de sus bienes a los 16 ex consejeros de Inalsa en la época de su ruina, con PIL-CC y PSOE".
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