Dimas Martín, que tiene siete condenas firmes a sus espaldas y que aún debe enfrentarse a los principales juicios contra él, sostiene que es víctima del "canibalismo político" y sigue defendiendo la existencia de una especie de complot para "apartarle" de la vida política. Ése es el mensaje que ha querido hacer llegar a la opinión pública en una carta que ha remitido a este medio desde la cárcel de Tahíche, donde actualmente cumple condena por malversar dinero público, a raíz de una de las piezas del caso Unión
En ese artículo, escrito a ordenador y enviado junto a otra carta manuscrita pidiendo que se le dé difusión, el líder histórico del PIL comienza dirigiéndose a la que fue su compañera de partido, la ex alcaldesa de Yaiza Gladys Acuña, con motivo de su condena en el caso Stratvs. "Nadie mejor que yo puede comprender el estado de ánimo que le afecta, el desasosiego, impotencia y tristeza que se siente al verse condenado injustamente", sostiene.
Bajo el título "Consideraciones a la condena de Gladys y a las mías", Dimas hace en su artículo constantes referencias a esa sentencia de Stratvs y a la situación de la ex alcaldesa y parlamentaria regional, pero para establecer un paralelismo con su caso y para volver a cargar contra algunos de los jueces, fiscales, peritos y testigos que han intervenido en las distintas causas en las que ha sido condenado.
"Influencias" para "apartarle de la vida política"
"Lanzarote, históricamente, ha sido tierra de injusticias y caciques", llega a afirmar en su carta. Y con esa frase no se refiere a los políticos ni a los empresarios que han sido acusados y condenados en la isla o que están pendientes de juicio, sino a una serie de personas a las que no identifica más que con insinuaciones, y entre las que incluiría a quienes han denunciado casos de corrupción política y urbanística en la isla. Según él, esas personas "ejercen influencias" para "acabar con todos aquellos que les puedan molestar en sus mezquinos intereses carismáticos". Es decir, en este caso, para "acabar" con él.
"A través de estas prácticas inmorales lo que se pretendía y consiguió fue apartarme de la vida política en beneficio de aquellos a quien molestaba", insiste en su escrito Dimas Martín, que entre otros delitos ha sido condenado ya por malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. "Las inmorales prácticas y la situación política que vive Lanzarote creo que obliga a todos, incluida doña Gladys, a una profunda reflexión sobre las mismas y del presente y futuro de nuestra isla", llega a afirmar Dimas.
Según el líder histórico del PIL, "la vida pública de Lanzarote está profundamente judicializada" y "se utilizan los tribunales para conseguir a través de ellos lo que las urnas niegan". Eso es lo que sostiene que ha ocurrido con él y también con "los funcionarios que se niegan a ser sumisos". Dimas podría referirse así a otras personas que se han sentado con él en el banquillo y que han sido condenadas, como el ex interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, que actualmente está en prisión y aún tiene otras causas pendientes, también por malversación de fondos públicos.
"Lanzarote está sometida a una preocupante inseguridad jurídica"
Para Dimas, que se enfrentó a su primera condena antes de entrar en política y que después sumó otras siete condenas firmes, emitidas por distintos jueces y órganos judiciales y ratificadas en todos los casos por el Tribunal Supremo, el problema es que sus adversarios no pudieron "vencerle en las urnas" y también que en Lanzarote se practica "el canibalismo político contra compañeros de partido molestos para sus intereses personales".
"Lanzarote está sometida a una preocupante inseguridad jurídica de la que nadie está a salvo y que hace imposible el desarrollo de la actividad política de forma normalizada, sin sucumbir al temor, pues a pesar de tomar acuerdos y resoluciones amparados en garantías legales que los servicios jurídicos y técnicos de las instituciones te prestan, te puedes ver imputado e injustamente condenado", afirma Dimas en su carta.
Además, vuelve a cargar especialmente contra la Fiscalía, afirmando que "no debe actuar como un ente inquisidor" ni crear, "en procedimientos donde se ven implicados determinados políticos o relevantes empresarios, una artificial alarma social que permite el linchamiento mediático y los juicios en paralelo que tan irremediables daños producen en los acusados y por añadidura injustas condenas".
"Se celebró un juicio encaminado a conseguir mi condena"
Del mismo modo, Dimas incluye críticas a varios jueces que han dictado algunas de las sentencias en las que resultó condenado. En el caso de la causa del complejo agroindustrial, recuerda que se emitió un voto particular y lo compara con lo ocurrido con Gladys Acuña y el primer juicio del caso Stratvs. Además, sostiene que se le condenó "sin una sola prueba". Aquella sentencia, que fue ratificada después por el Tribunal Supremo, consideró acreditado que Dimas Martín malversó más 2,4 millones de euros de dinero público.
"Las personas de bien que asistieron al susodicho juicio, tengo el presentimiento de que salieron con el convencimiento de que lo que allí se celebró no fue un juicio encaminado a esclarecer los hechos, sino a conseguir mi condena", afirma con respecto a aquella vista celebrada hace casi 15 años, y que lleva cuestionando desde entonces. "He intentado por todos los medios jurídicos a mi alcance que se revise dicha causa y lo único que he conseguido hasta ahora ha sido la indiferencia y el endurecimiento en el tratamiento penitenciario", lamenta, mientras carga contra las dos personas que se sentaron en el banquillo junto a él, y que sí resultaron absueltas.
En cuanto a la condena por los baños de Los Dolores, que es a la que más suele referirse, junto a la del bañadero de Guatiza, Dimas Martín también arremete contra dos técnicos del área de Patrimonio que declararon en el juicio. Incluso, llega a afirmar que le acusaron "falsamente" en el juicio y sostiene que en su día emitieron informes en los que luego no se "reafirmaron". Al respecto, cabe recordar que precisamente uno de los motivos por los que fue condenado Dimas Martín en esta causa fue porque no contaba con un solo informe favorable de Patrimonio cuando inició las obras siendo presidente del Cabildo.
Respecto a la juez que dictó aquella sentencia, y que es solo una de las decenas de magistrados que han tenido que pronunciarse sobre él en las dos últimas décadas, en su escrito Dimas también intenta sembrar dudas sobre ella por el hecho de que en ese momento estuviera como sustituta en el Juzgado, reemplazando al titular.
Se considera víctima de la "Justicia mediática" y las "críticas de bar"
Por último, Dimas Martín hace referencia a la causa por la que cumple actualmente condena, la pieza del caso Unión por los pagos a Francisco Rodríguez Batllori desde Inalsa y desde el Ayuntamiento de Arrecife por servicios no prestados. Pese a las numerosas pruebas, incluidas cartas y conversaciones telefónicas interceptadas por la UCO, Dimas afirma que "la condena se basó exclusivamente en "lo manifestado por un imputado", José Miguel Rodríguez, que confesó los hechos y admitió que como concejal de Hacienda de Arrecife, autorizó pagos a Batllori siguiendo instrucciones de Dimas y a sabiendas de que no obedecían a ningún trabajo realizado para el Consistorio.
"En la historia contemporánea de Canarias, ningún otro político se ha visto sometido a la encrucijada judicial en que me he visto yo", lamenta Dimas en su carta, en la que se pregunta cuántos políticos "han sido condenados y privados de libertad". Y junto a ésta, plantea otras muchas preguntas, muchas de ellas partiendo de premisas que no son ciertas. Por ejemplo, pregunta "¿por qué se me ha condenado siempre a la pena máxima solicitada por el fiscal?", cuando en la mayoría de los juicios no ha sido así. O "¿por qué se me han hecho cumplir las penas íntegramente?", cuando lo cierto es ha disfrutado de beneficios penitenciarios en todas sus condenas e incluso antes de lo que le correspondían.
Así lo consideraron distintas sentencias que han anulado el tercer grado que se le había otorgado, tanto cuando cumplía por ejemplo la condena del complejo como ahora, cuando cumple la primera condena del caso Unión. En ese caso, de hecho, empezó a cumplirla directamente en régimen de tercer grado, acudiendo a prisión solo a dormir, en una decisión que fue recurrida por la Fiscalía y que ya ha sido revertida. Y uno de los principales motivos es que Dimas sigue sin pagar la responsabilidad civil a la que fue condenado en el caso del Complejo, donde debía devolver 2,4 millones de euros.
Sin embargo, pese a ello, Dimas se queja del trato recibido y plantea otros interrogantes en su carta. "¿Por qué siempre se me ha condenado teniendo como prueba lo manifestado por otros imputados mientras éstos han sido absueltos? ¿Me están haciendo cumplir las condenas no solo por lo emanado de las sentencias sino también por la justicia mediática y críticas de bar? ¿Tiene algo que ver mi situación con el enfrentamiento que en su día tuve como presidente del Cabildo de Lanzarote con un ex ministro de Justicia español? ¿Si hubiera pertenecido a alguno de los partidos políticos de ámbito estatal o autonómico hubiera sido condenado?", sostiene Dimas, que con esta carta vuelve a defender que es víctima de una persecución, como ya hiciera hace años con otros artículos enviados desde Tahíche.
En uno de los últimos, antes de la segunda fase del caso Unión, llegó a desafiar a la UCO señalando que no había podido encontrar un aumento injustificado de su patrimonio. Poco después, Dimas volvió a ser detenido en su celda, acusado de blanqueo de capitales e insolvencia punible, por haber ocultado sus bienes a través de una red de testaferros. Esa investigación dio lugar a una pieza separada del caso Unión, que aún está en fase de instrucción y pendiente de juicio.
