Los primeros pasos del caso "Unión" ya desvelaron que Dimas Martín cobraba presuntos sobornos a empresarios, a cambio de influir sobre los cargos públicos de su partido para que favorecieran sus intereses, adjudicándoles contratos o abonándoles facturas. Sin embargo, los informes posteriores de la UCO reflejan también un cobro de comisiones revestido de "legalidad" por parte del líder del PIL, vinculado a la concesión de licencias urbanísticas.
Al rastrear el patrimonio oculto de Dimas Martín, dentro ya de la Operación "Jable", los agentes localizaron pagos "oficiales" de cientos de miles de euros a una de sus empresas, por supuestos servicios de "gestión" para la obtención de licencias en Costa Teguise, donde gobernaba el Partido de Independientes de Lanzarote.
La empresa, Gestión y Desarrollo Gaida S.L., estaba a nombre de sus cuatro hijos (Susana, Elena, Fabián y José Dimas Martín), con Susana Martín como administradora. Sin embargo, el propio Dimas era quien la dirigía y "daba las órdenes", según admitió él mismo tras su segunda detención, dentro de la Operación "Jable". Sólo entre 2001 y 2003, la empresa ingresó al menos medio millón de euros por esos servicios de "gestión" de licencias.
La mayoría de esos pagos fueron realizados por José María Rosell, un empresario andaluz que también fue detenido e imputado en esta causa, como presunto testaferro de Dimas. A través de una de sus sociedades, Grupo Hoteles Playa S.A., Rosell firmó un contrato el 22 de febrero de 2001 con la empresa de Dimas, para que ésta gestionara la obtención de licencias en dos parcelas de su propiedad: la 232 y la 216 del Plan de Ordenación de Costa Teguise.
Licencia para un hotel ilegal
En este contrato, que fue localizado por la UCO dentro de esta investigación, Gestión y Desarrollo Gaida se comprometía a "llevar a cabo cuantos trámites sean precisos ante los organismos correspondientes, especialmente Oficina del Plan de Ordenación de Lanzarote, dependiente del Cabildo de la isla, Consejerías de Política Territorial y de Turismo de Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Teguise, hasta conseguir la obtención de las licencias de construcción, con arreglo a los proyectos que el Grupo Hoteles Playa presentará en los mencionados organismos". Ese mismo día, Rosell entregó dos pagarés por importe de 270.455 euros, que fueron ingresados en la cuenta de la empresa de Dimas Martín.
Nueve meses después, el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (que en aquella época militaba en el PIL y formaba parte del círculo más cercano a Dimas) concedió la licencia a José María Rosell para construir un hotel de 600 plazas en la parcela 216 de Costa Teguise, ubicada junto al hotel Playa Verde, propiedad del mismo empresario.
El hotel es hoy un esqueleto a la entrada de Costa Teguise, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias paralizó las obras en el año 2005. Después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas declaró ilegal la licencia y una segunda prórroga de la misma, afirmando que en su concesión hubo "una auténtica omisión total y absoluta del procedimiento". Según la sentencia, el alcalde concedió los permisos (una prórroga de una licencia anterior que había perdido vigencia e incumplía la moratoria insular) pese a que no contaba con informe del Cabildo, y tampoco con informes técnicos y jurídicos de la Oficina Técnica municipal de Teguise.
Pagos a Fernández Camero por asesoramiento
En el contrato firmado entre la empresa de Dimas y Rosell para gestionar esta licencia, se establecía que los 270.455 euros se destinarían a "los gastos que se produzcan como pago a los diferentes organismos por derechos o tasas de la obtención de licencias", quedándose Dimas con unos "honorarios de un 10 por ciento de la liquidación final que resulte".
Sin embargo, la UCO no ha podido determinar si realmente se utilizó parte de ese dinero para abonar "algún pago derivado de los gastos de las oportunas licencias". Lo que sí encontraron los agentes fueron dos pagarés entregados a Adelfas 24 S.L., una sociedad perteneciente al abogado Felipe Fernández Camero, por la elaboración de dos informes relativos a las parcelas de Rosell.
Uno de los pagarés abonados a Fernández Camero por la empresa de Dimas era de 2.126 euros y el otro de 1.890 euros, correspondientes a las minutas por realizar esos informes: uno sobre la parcela 216 y otro sobre la 232. El primero se elaboró diez días antes de que el alcalde de Teguise concediera la licencia al hotel de José María Rosell, sin contar con otros informes del Cabildo ni del propio Ayuntamiento.
En el concepto de la factura abonada a Fernández Camero, se especificaba que correspondía a los "servicios jurídicos prestados a Hoteles Playa Canarias S.L., consistentes en la emisión de un dictamen fechado el 19 de noviembre de 2001, sobre la vigencia de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Teguise para construir un hotel de cinco estrellas en la parcela 216 de la urbanización Costa Teguise". Una vigencia que realmente no existía, tal como determinaron después los Tribunales, al paralizar las obras y declarar ilegal la prórroga de esa licencia.
Otros contratos con Rosell
Además de los 270.000 euros de esta operación, José María Rosell entregó otras cantidades a la empresa de Dimas Martín por gestiones similares. En el año 2002, Susana Martín, como administradora de Gestión y Desarrollo Gaida S.L., firmó otro contrato con una empresa de Rosell, en este caso Inversiones Turísticas Inmo S.L., para gestionar licencias de construcción en la parcela 205 de la Urbanización La Maleza, también en Costa Teguise.
En este caso, Rosell entregó a Dimas algo más de 480.000 euros, aunque al día siguiente (el 19 de agosto de 2002) se transfirieron 420.708 al Ayuntamiento de Teguise. La propia Susana Martín entregó después un escrito en el Consistorio, en el que informaba de la intención de "proceder al cambio de uso de las parcelas de turístico a residencial" y de haber realizado el ingreso "voluntario parcial a cuenta de la liquidación que en su momento realice ese Ayuntamiento sobre los derechos a pagar por la concesión de dicha licencia".
El resto del dinero entregado por Rosell en esta operación, 51.117 euros, fue utilizado por la familia de Dimas Martín, con varias disposiciones en efectivo de entre 1.800 y 6.000 euros, con transferencias y con una orden de pago de 19.105 euros a un hermano de Dimas en Orlando, Florida.
Por otra parte, la UCO también localizó tres facturas por importe de 342.856 euros, relacionadas con otro pago de Rosell a la empresa de Dimas por la supuesta intermediación en la compraventa de la parcela 232 de Costa Teguise, aunque en este caso la investigación no ha encontrado asientos contables del ingreso de esa cantidad.
La compra de una clínica y el Plan General de Arrecife
Aunque la mayor parte de los ingresos por la "intermediación" con el Ayuntamiento de Teguise vienen de José María Rosell, la empresa de Dimas también firmó contratos similares con otras sociedades. Uno de ellos, con Urincasa S.A., que pretendía conseguir una prórroga de la licencia para construir 372 apartamentos. En el contrato, la empresa también pedía que se incluyera la "legalización de calle de rodadura", "unificación de parcelas" y "realizar locales comerciales", entre otras cosas.
Urincasa se comprometía a entregar 180.304 euros iniciales y otros 300.506 euros "previa presentación de la factura a la renovación definitiva de la licencia correctamente legalizada". El 1 de marzo de 2003, se ingresaron los 180.304 euros en la cuenta de Gestión y Desarrollo Gaida S.L., aunque no hay constancia del otro pago.
En cuanto a los 180.304 euros, según la UCO, no hay constancia de que se utilizaran para ningún pago relativo a las licencias de Urincasa. Lo que sí han conseguido acreditar es la compra de varias parcelas por parte de la empresa de Dimas, justo unos días después de recibir ese dinero.
Además, Gestión y Desarrollo Gaida S.L. también cobró en el año 2002 como intermediaria en la compraventa de una clínica de Arrecife. Según los documentos localizados por la UCO, Dimas acordó por escrito una comisión de 47.479 euros, aunque en su cuenta encontraron un ingreso de 270.451 euros en relación con esta operación, sin que esté acreditado cuánto destinó a los posibles trámites para ejecutar esa compraventa.
En uno de los ordenadores intervenidos a Dimas Martín durante los registros realizados por la UCO, encontraron varios archivos relativos a esa clínica. Y en uno de ellos, se habla no sólo de la compra, sino también de la situación urbanística de la parcela y de que "se quiere cambiar su uso de clínica a comercial y oficinas a través del Plan General". En ese momento, en Arrecife también gobernaba el Partido de Independientes de Lanzarote, con María Isabel Déniz como alcaldesa.
