Se opusieron a su aprobación y advirtieron de que iban a llevarlo a Fiscalía, y así lo ha hecho. Este martes, los concejales del Ayuntamiento de Arrecife por Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto y Ginés Quintana, han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas la adaptación básica del Plan General de Arrecife que se aprobó el pasado 19 de marzo en sesión plenaria. Según los ediles alternativos, su aprobación podría incurrir de una "supuesta prevaricación" por lo que solicitan a la Fiscalía que "inicie la investigación por si pudiera existir vulneración de la legalidad en beneficio de terceros".
En su denuncia sostienen que la aprobación y presentación de la Adaptación "no se ha llevado a efecto de conformidad con lo establecido en la legislación vigente", ya que se ha publicado un documento "incompleto distinto al que aprobó la COTMAT con bastantes y significativas modificaciones sustanciales".
En los hechos descritos cronológicamente, denuncian que en 2004 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la adaptación sin haberse incluido las "sugerencias-obligaciones" que dictaminó la COTMAT en noviembre de 2003 y con "modificaciones sustanciales a la que había aporbado la COTMAC, sin hacer previamente la exigencia legal". Al tener conocimiento de esta "ilegalidad manifiesta" una Comisión creada por la Junta de Portavoces para estudiar esta situación acordó en 2005 pedir en pleno que el documento se dejara sin efecto. Sin embargo el grupo de Gobierno rechazó la petición. Finalmente los cambios fueron tramitados como "errores, modificaciones y omisiones", según Andrés Barreto y Ginés Quintana, a petición expresa de la alcaldesa de Arrecife, Mª Isabel Déniz a la COTMAC el pasado 7 de noviembre de 2006.
Los concejales de AC consideran que existen "defectos legales" en la presentación de los informes referentes a la Adaptación que "infringen la normativa" y "crean confusión". Argumentan, por tanto, que "la cadena de errores" en la tramitación del expediente y en la publicación de documento provoca indefensión a los afectados por el planeamiento, a la propia Consejería de Política Territorial y a la COTMAT.
El escrito que se ha entregado en Fiscalía mantiene que la supuesta "ilegalidad del procedimiento" influye no sólo en que "se puede haber generado derechos a terceros", sino en la aprobación de planes importantes como el PEPA basados en una Adaptación presuntamente ilegal. Para sostener su denuncia han presentado hasta 18 documentos referentes a la adaptación.
