"La LOE va en contra de la enseñanza pública", afirmaba este jueves el portavoz de STEC Intersindical Canarias, Francisco Morales, que considera que la Ley promovida por el Gobierno de Zapatero, "envía el dinero a las escuelas concertadas privadas y destina más presupuesto a la enseñanza privada que los gobiernos de corte conservador".
Aunque la Ley de Orgánica de Educación fue aprobada por el Congreso el pasado 6 de abril, el sindicato comienza ahora una campaña en las islas del archipiélago para reunir 25.000 firmas de la sociedad canaria, que presentarán ante la consejería de Educación, para "que vean que nuestras quejas no son gratuitas, sino que estamos respaldados por una amplia mayoría social y por toda la comunidad educativa", asegura el portavoz sindical. En Lanzarote esperan recopilar más de un millar de apoyos.
El sindicato asegura que la enseñanza pública de Canarias carece de calidad debido a la mala gestión del Gobierno de Canarias, que tiene las competencias en la materia. "El gobierno autonómico destina menos de un 4% del presupuesto a Educación, estamos por debajo de la media de España, cuando debería llegar al 7%", declara el portavoz sindical.
Denuncian que Canarias presenta, según el informe PISA 2003, encargado de evaluar el nivel de los sistemas educativos de los países miembros de la Unión Europea, una de las tasas de fracaso escolar más altas de toda España y de la UE. "Estamos a la cola de España y de Europa en nuestro nivel de educación", aseguraba Francisco Morales.
Achacan esta situación a las deficiencias que cada día se palpan en los centros educativos públicos de infantil, primaria y secundaria. Según explicaba el portavoz de ISTEC, las aulas están masificadas, "por lo que resulta imposible prestar una atención personalizada a los alumnos", situación que afirma va a empeorar, ya que la nueva Ley aumenta en un 10% la ratio de alumnos permitida en cada clase.
Los docentes se enfrentan a problemas de convivencia escolar. Cada vez son más los alumnos que llegan de otros países, socializados en sus culturas de origen, a los que no se les ofrece una formación idiomática ni de costumbres de la comunidad en la que se va a integrar, afirman.
Hace tres semanas, el Gobernó firmó el Plan de Convivencia Escolar, dotado con 4.500 millones de euros para facilitar personal cualificado, como mediadores sociales y pedagogos, a los centros educativos. Para el sindicato "es una medida insuficiente, hay que repartir ese presupuesto entre más de 15.000 centros escolares, ¿cómo van a retribuir al personal cualificado si no pagan ni a los profesores que tienen que cubrir bajas de otros compañeros?", se preguntan desde el sindicato.
La precariedad laboral de los 6.000 profesores interinos en el archipiélago es uno de los problemas que azota a la educación en Canarias. La cobertura de las bajas de aquellos docentes que se ven obligados a darse de baja, se produce con lentitud, perjudicando a sus compañeros, que se ven sobrecargados de trabajo, y al alumnado, que deja de recibir la atención necesaria.
La campaña de recogida de firmas comenzará la próxima semana en los centros educativos, en la calle y a través de internet, y culminará a finales del próximo mes de junio, para presentar las deseadas 25.000 firmas en las reuniones que mantendrá el sindicato con el Gobierno de Canarias en el mes de julio.
