Las aspas de un molino de viento de más de setenta metros rotan al ritmo del viento. La estructura puede verse desde varios pueblos de distancia y destaca sobre un paisaje volcánico único en el mundo. Las proyectos para instalar campos de placas solares o molinos de viento en Lanzarote levantan la polvacera de un debate que lleva décadas agitándose en la isla: renovables sí, pero no a cualquier precio. Mientras tanto, el auge de las energías renovables y su papel en la lucha contra el cambio climático convierten a la isla canaria en un foco para los intereses de las empresas energéticas.
"Ningún tipo de avance energético puede poner en jaque el entorno de Lanzarote porque Lanzarote es patrimonio", defiende la profesora de Economía Aplicada y doctora por la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa María Regueiro Ferreira, durante una entrevista con La Voz. "Aquí no sirve el café para todos, tiene que hacerse conforme a la realidad de cada territorio", añade.
Regueiro es miembro del Grupo de Bioeconomía y Recursos Naturales de la universidad gallega y ha sido la responsable de coordinar una extensa y exhaustiva investigación encargada por la Fundación César Manrique. Este trabajo también ha contado con el abogado y especialista en Economía Pesquera Torcuato Teixeira y el técnico ambiental Damiano Volpi.
El estudio, que se ha prolongado a lo largo de un año y medio, hace una radiografía del actual escenario de las renovables en Lanzarote, apoyándose en la normativa vigente, los proyectos planificados, la postura de diferentes expertos, la percepción de la población local y en la afectación a los actores implicados.
Lanzarote, ¿qué isla quiere ser?
Actualmente, Lanzarote tiene varios frentes energéticos abiertos: las zonas potenciales para instalar energía eólica marina, las zonas de aceleración de renovables en tierra para placas solares y molinos de viento y los proyectos tramitados por la vía de urgencia para instalar campos fotovoltaicos sobre terrenos rústicos.
En energía eólica, la isla tiene en marcha cinco (o seis) parques (con 23 megavatios de potencia en total), dependiendo de si se contabiliza el de San Bartolomé como un único parque o como una ampliación del anterior. Está lejos de cifras como las de Gran Canaria, que cuenta con 51 parques eólicos (161 megavatios de potencia en total) o Tenerife, con dieciocho (187 megavatios de potencia). También está más rezagada que estas islas en energía fotovoltaica.
En Lanzarote, el 91% de la energía procede de fuentes fósiles y solo el 9% de renovables. Esta realidad se da en un contexto donde la gran demanda de energía se produce desde el sector turístico: comercios y servicios (34%) y hostelería (29,9%), por encima del consumo de los hogares (28,7%). El consumo de energía y agua impulsado por este modelo se da "en proporciones que el territorio apenas puede sostener", reza el informe.
La penetración de las renovables en el archipiélago se ve afectada por varios motivos, entre ellos, la situación geográfica aislada, la dificultad para integrar las renovables y la variación de la demanda. También por la repercusión paisajística, medioambiental y social de este tipo de infraestructuras.
Perder suelo rústico agrario es "hipotecar el futuro"
Lanzarote es la cuarta isla canaria con más espacios protegidos y cuenta con un territorio "condicionado por su limitada disponibilidad de suelo y alta sensibilidad ambiental". Pese a ello, los parques eólicos están colocados en "suelo rústico agrario y paisajístico" y las zonas previstas para instalar más parques eólicos también están categorizadas como suelo rústico agrario.
La investigación advierte de la "preocupante" dependencia en Lanzarote de la alimentación exterior y expone que "ceder suelo rústico a instalaciones energéticas privadas equivale a hipotecar el futuro de la isla como territorio mínimamente autosuficiente". Así, indica que incluso el suelo en barbecho es "una reserva estratégica para el día en que la necesidad apriete".
"Es muy peligroso hacer depender todo del barco que nos tiene que traer", añade durante una entrevista telefónica Rosa María Regueiro, que recuerda que la crisis del coronavirus o el apagón eléctrico de la península el pasado año evidenciaron la dependencia del exterior.
Para evitar el consumo exagerado de suelo agrario y la afectación al paisaje de Lanzarote, que es una "herencia cultural" y una "seña de identidad" frente a un mundo globalizado, proponen repotenciar los parques eólicos ya instalados en la isla, así como instalar fotovoltaica en azoteas y en suelos degradados e incentivar las comunidades energéticas locales para que los beneficios no recaigan en grandes multinacionales.
De hecho, uno de los parques eólicos levantados en Lanzarote, el de Los Valles, data del año 2006 y es actualmente el más antiguo de la isla, con una tecnología desfasada que podría actualizarse.
El consenso ciudadano, crucial para definir las renovables
El trabajo, que contó con la perspectiva del sector agrario y pesquero, con la Cámara de Comercio de Lanzarote, representantes de actividades náuticas recreativas y deportivas, portavoces de las instituciones, colectivos ecologistas y expertos en Derecho y Medioambiente, concluye que en la isla no existe un rechazo a la transición ecológica, pero sí al modelo "extractivista" que carga a la isla con los costes y se lleva los beneficios.
Así, por ejemplo, señala que la declaración de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), firmada entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, "no ha incorporado" elementos como el paisaje o la participación pública. "No existe necesariamente una participación profunda o deliberativa", señala el Informe Ejecutivo del proyecto.
"No creemos que las renovables se puedan promocionar dejando de lado la sociedad", insiste Rosa María Regueiro, quien indica que en la ley canaria que permitió aprobar las Zonas de Aceleración de Renovables hay "una coletilla peligrosa". "Dice que son zonas que no tienen una especial significación ambiental, y que si la tiene es fácilmente corregible. Eso es una indefinición, que desde el punto de vista científico es muy peligrosa", mantiene la coordinadora de la investigación.
Mientras tanto, el técnico ambiental Damiano Volpi expone que la elección de las zonas pactadas para instalar los campos de eólica y solar "tienen una clara predisposición" hacia ciertos ayuntamientos. El municipio más afectado con diferencia es Tías, donde se contemplan 6,5 kilómetros cuadrados para instalar eólica; seguido de Teguise, con 3,5 kilómetros cuadrados para el mismo fin. A lo que se suma la elección de terrenos en Tinajo muy cercanos al Parque Nacional de Timanfaya.
Las ZAR siguen vigentes
Volpi ha alertado de la vigencia de los mapas de renovables que ocupan 31 kilómetros cuadrados de Lanzarote: "Ahora mismo las han quitado del visor de Grafcan, que era donde se podía ver con exactitud", a lo que ha añadido "significa que siguen vigentes y que todavía siguen pudiendo aplicarse porque no ha habido una suspensión legal".
La publicación en el Boletín Oficial de Canarias de estas zonas de aceleración aún no ha sido rectificada por la misma vía. Estos mapas contemplan que 1,477 hectáreas (14,7 kilómetros cuadrados) se destinen a parques eólicos, ocupando un 1,75% del territorio, aunque solo haría falta un 0,1% para alcanzar los objetivos de descarbonización.
"El hecho de que hagas desaparecer de un lugar en internet algo, no quiere decir que deje de estar vigente como aplicación normativa", ha añadido el abogado Torcuato Teixeira. El especialista en Derecho Pesquero recuerda que en la implantación de renovables existe "muy poca transparencia", pese a que la normativa internacional obliga a ser transparente.
"Hay una desaparición del estado de derecho medioambiental bastante clara", continúa Teixeira, que señala que el principio de precaución "no puede dejarse a un lado por justificaciones que son más que discutibles".
El principio de precaución
Sobre la instalación de renovables en el medio marino, el informe ahonda en el principio de precaución, "un estándar jurídico vinculante que impide autorizar proyectos cuando exista incertidumbre científica razonable sobre posibles daños graves al medio marino o al sector pesquero". Este principio permite blindar que "si no hay certeza suficiente, no se puede autorizar".
Así, la investigación recuerda que existen en el ordenamiento jurídico "instrumentos necesarios" para proteger el medioambiente y a la sociedad. Al mismo tiempo en que exponen que los caladeros pesqueros, la seguridad alimentaria, la cohesión de las comunidades costeras y el paisaje marino son "bienes de interés general" y que deben "ponderarse" de la misma manera que los objetivos de descarbonización.
Finalmente, el estudio expone que Lanzarote debería caminar hacia "un modelo de desarrollo integral", donde exista una participación social activa y en el que se proteja la propiedad local "para evitar cualquier tipo de actuación especuladora". Incluso, que se camine hacia la participación económica de las comunidades locales y de la ciudadanía para distribuir de forma equitativa los beneficios.
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