Hay frases que nacen de la impotencia. Del cansancio. De la sensación de que, para algunos, Canarias sigue siendo un territorio al que se le informa tarde, se le explica poco y se le exige obediencia absoluta.
Y estos días muchos canarios hemos sentido exactamente eso.
Porque lo verdaderamente grave de todo este episodio no ha sido únicamente la gestión sanitaria del denominado “virus del barco”. Lo más preocupante ha sido la actitud política de quienes deberían haber defendido a esta tierra y, sin embargo, eligieron una vez más defender unas siglas antes que a Canarias.
Lo sucedido ha dejado una imagen profundamente preocupante: ministros tomando decisiones que afectan directamente a Canarias sin contar con Canarias, explicaciones contradictorias, mensajes improvisados y una absoluta incapacidad para comprender el impacto institucional, económico y social que determinadas actuaciones pueden generar en unas islas especialmente sensibles a cualquier crisis exterior.
Y duele todavía más cuando quienes participan de esa actitud no son solo dirigentes de Madrid, sino cargos públicos que llegaron a las instituciones canarias prometiendo defender esta tierra.
Porque resulta incomprensible escuchar a la ministra de Sanidad, al ministro del Interior y al propio Ángel Víctor Torres más preocupados por controlar el relato político que por ofrecer transparencia, tranquilidad y respeto institucional.
Un Ángel Víctor Torres que, lejos de actuar como ministro canario, ha preferido ejercer como el más fiel escudero del sanchismo incluso cuando eso implica deteriorar la confianza entre administraciones y alimentar el malestar de una ciudadanía que simplemente pide información y claridad.
Porque aquí no hablamos únicamente de un operativo sanitario.
Hablamos de cómo se toman decisiones que afectan directamente a Canarias sin explicar suficientemente sus consecuencias.
Hablamos de cómo se desacredita cualquier duda legítima tachándola poco menos que de alarmismo político.
¿Desde cuándo pedir información es un problema?
¿Qué hay de malo en exigir garantías cuando hablamos de salud pública?
¿Y qué explicación lógica existe para que, si tanto preocupaba la salud de las personas potencialmente afectadas, se mantuviera a esas personas cuatro días más en un barco en alta mar navegando hacia Canarias en un espacio reducido en lugar de activar el operativo en Cabo Verde?
Esa pregunta sigue sin respuesta.
Como tampoco tiene explicación la enorme contradicción en la que ha caído el propio Gobierno. Porque mientras aseguraban que la sanidad canaria estaba plenamente preparada para afrontar cualquier situación, al mismo tiempo trataban de transmitir públicamente que las personas afectadas prácticamente ni siquiera permanecerían tiempo en Canarias.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Si Canarias estaba preparada, ¿por qué tanto empeño en minimizar la estancia? Y si la intención era evitar cualquier impacto, ¿por qué convertir precisamente a Canarias en escenario de una operación improvisada y mal explicada?
La incoherencia ha sido absoluta.
Pero hay algo todavía más irresponsable en toda esta gestión: el daño internacional causado a la imagen de Canarias.
En una tierra que vive del turismo, del esfuerzo de miles de trabajadores del sector servicios, de la confianza exterior y de la seguridad que proyectamos al mundo, resulta incomprensible la ligereza con la que determinados responsables políticos han permitido situar a Canarias en el foco mediático internacional vinculada a una alerta sanitaria mal gestionada políticamente.
Porque aquí no hablamos solo de titulares.
Hablamos del pan de miles de familias canarias.
Hablamos de camareros, taxistas, pequeños comercios, apartamentos, restaurantes, autónomos y trabajadores que dependen directamente de la imagen exterior de nuestras islas.
Y mientras muchos canarios se preguntaban por las consecuencias económicas y reputacionales de todo esto, el sanchismo parecía más preocupado por controlar el relato político que por proteger el principal motor económico de esta tierra.
Jugar con la imagen de Canarias es jugar con el sustento de nuestra gente.
Y eso es algo imperdonable.
Mientras tanto, silencio cómplice de quienes deberían haber alzado la voz en defensa de Canarias. Ahí están los nombres y apellidos: Dolores Corujo, Manuel Fajardo Palarea, Héctor Gómez, Alicia Álvarez, Sergio Matos y José Antonio Valbuena.
Representantes públicos que, una vez más, han preferido proteger al Gobierno de Pedro Sánchez antes que defender las dudas, preocupaciones y el legítimo malestar de los canarios.
Han elegido partido antes que tierra.
Siglas antes que dignidad.
Sanchismo antes que Canarias.
Y eso es profundamente triste.
Porque los canarios no necesitamos representantes sumisos. Necesitamos representantes valientes. Personas capaces de mirar a Madrid de frente y decir: “Con Canarias se habla claro. A Canarias se la respeta”.
Ya está bien de mentiras.
Ya está bien de utilizar a Canarias como simple plataforma logística o política.
Ya está bien de faltarle el respeto a esta tierra mientras se nos pide silencio y obediencia.
Los canarios tenemos derecho a exigir información. Tenemos derecho a cuestionar decisiones. Tenemos derecho a defender nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra dignidad institucional sin que nadie nos acuse de exagerar o molestar.
Pero, sobre todo, tenemos derecho a que quienes ocupan cargos públicos en nuestro nombre recuerden para qué fueron elegidos.
No para proteger a Pedro Sánchez.
No para apagar incendios mediáticos del Gobierno.
No para fabricar cortinas de humo ante los escándalos que rodean al Ejecutivo.
Fueron elegidos para defender Canarias.
Y cuando eso no ocurre, cuando quienes debían ser nuestra voz terminan actuando como simples delegados de intereses ajenos, entonces uno entiende que el verdadero problema nunca estuvo en el barco.
El verdadero problema llegó del desprecio a esta tierra y su capacidad de decidir.
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