Leía el pasado viernes que el juzgado número 4 de Arrecife había rechazado los recursos contra el desahucio de un centenar de conciudadanos okupas de Playa Blanca -24 de ellos niños-, cuyo lanzamiento finalmente se llevará a cabo el próximo 16 de enero.
Probablemente, estos vecinos están viviendo una de las situaciones más difíciles de sus vidas, personas que se vieron empujadas a habitar infraviviendas porque el mercado inmobiliario les echó fuera del sistema.
Lamento profunda y humanamente esta situación por la que están pasando y no me parece de recibo los comentarios recibidos contra estas personas, tachándolas de vividores y de no querer pagar. ¡Por favor! Nadie en su sano juicio desearía vivir en una infravivienda en vez de en una vivienda digna y adecuada como establece el artículo 47 de la Constitución española.
No es su culpa, la culpa es del sistema y del nefasto liderazgo político de este país, que les ha fallado a lo grande. Y no solo a ellos, sino al conjunto de la ciudadanía provocando que hoy en día apenas haya viviendas y alquileres asequibles.
Los cinco años de gobierno de Sánchez y Yolanda han tratado de formalizar con palabras bonitas el derecho constitucional a la vivienda, pero en realidad lo han desnudado materialmente hasta quedar en nada. De buenas intenciones está empedrado el infierno, que se suele decir.
Se avisó por parte de múltiples expertos inmobiliarios que limitar el precio de las viviendas sólo generaría un estrechamiento de la oferta al aumentar la incertidumbre y la inseguridad. Se avisó por parte de los expertos que limitar las subidas de rentas por debajo de la tasa de la inflación ahogaría aún más esa oferta, como así ha sido. Se avisó que dar mayor protección a los inquilinos en la práctica aumentaría su desprotección. Y se ha cumplido.
Todo mercado, como fenómeno humano que es, puede cometer excesos y siempre hay que estar vigilantes para corregir esos errores en los que pudiera incurrir. Pero la realidad es que el mercado de la vivienda es uno de los mercados más hiperregulados que existe y que es la hiperregulación la que ha terminado de matar la oferta y, por tanto, la que está negando la efectividad material del derecho a la vivienda que garantiza la Constitución.
Es inmoral echar la culpa a conciudadanos humildes que viven en infraviviendas cuando la culpa es del Estado y en concreto de la élite política de este país. Es inmoral echar la culpa a la vivienda vacacional de la que legítimamente pueden disponer sus propietarios como mejor les convenga. Es inmoral no señalar directamente al culpable de todo lo que está pasando: su Sanchidad y su Sancha Panza, Pedro y Yolanda.
