El proceso para implantar el sistema Auriga y crear una central única para toda la isla lleva años en marcha pero, pese a todo, los taxistas de San Bartolomé siguen asegurando que ha faltado tiempo, según ellos, para "establecer ...
El proceso para implantar el sistema Auriga y crear una central única para toda la isla lleva años en marcha pero, pese a todo, los taxistas de San Bartolomé siguen asegurando que ha faltado tiempo, según ellos, para "establecer las pautas, para organizarnos y para coordinarnos entre nosotros y conseguir una buena gestión de la central, que satisfaga tanto a los usuarios como a los propios taxistas". Y eso lo dicen después de que el pasado 15 de octubre se cumpliera el plazo que se dio a las asociaciones de taxistas para que llegaran a un acuerdo y, sobre todo, después de que el consejero de Transportes decidiera que, ante la falta de consenso, la única manera de sacar adelante el tema era convocar un concurso público para gestionar esa central. Una propuesta que fue aceptada por el Pleno del Cabildo, pero que ha vuelto a encender las iras de los taxistas de San Bartolomé y de Tías.
Así, han lanzado un nuevo pulso a las instituciones, amenazando con convocar un paro, declarándose víctimas de una campaña de acoso e incluso pidiendo la cabeza de Ramón Bermúdez. Y todo ello, después de haber dejado vencer todos los plazos que les dieron en su momento.
Ahora, y cuando ya han agotado la paciencia del Cabildo y de los ayuntamientos, que respaldaron esta medida, aseguran que ya tienen una propuesta conjunta y que la han presentado por escrito al consejero, pero la realidad es que llega tarde. Así de claro lo ha dejado Bermúdez, que asegura que ya no se puede dar marcha atrás al acuerdo plenario y que el concurso debe seguir adelante.
La opción para los taxistas sería la de presentarse a ese concurso público si quieren gestionar ellos mismos la central, como de hecho algunas asociaciones tenían pensado hacer, o incluso unirse para llevar esa gestión entre todas las cooperativas de taxistas. Es decir, lo mismo que se les había ofrecido desde el principio, sin que consiguieran ponerse de acuerdo.
Por eso, parece difícil que realmente vayan a alcanzar ahora lo que no han logrado durante años de enfrentamientos entre asociaciones y entre asalariados y propietarios de licencias. Unas diferencias que, al final, terminan reflejándose en el servicio que prestan y que, aunque a veces algunos parezcan olvidarlo, es público y por tanto sujeto a unas normas.
Ser propietario de una licencia de taxi, o de una farmacia, conlleva unas ventajas, pero también debe implicar unas obligaciones. Y la crisis que en ocasiones se esgrime para negarse por ejemplo a la concesión de nuevas licencias o a abrir las puertas a otros taxistas en zonas clave como el aeropuerto, no debe ser excusa para sostener reivindicaciones. La situación económica afecta a todos los sectores por igual, con la diferencia de que un negocio privado no puede impedir que aumente su competencia o que incluso le abran otra tienda del mismo sector frente a su puerta. Eso, en el mundo real de la mayoría de los empresarios y trabajadores, se combate con otras armas, que pasan por ajustar costes, mejorar servicios y conseguir la confianza o el interés del cliente.
Por eso, lo que no puede ser es que además de tener el privilegio de contar con una licencia destinada a muy pocos, no quieran asumir los compromisos que eso conlleva. Entre ellos, el de prestar un servicio digno, porque lo contrario afecta tanto a los residentes en esta isla como a un sector clave para la economía insular, como es el turismo. Y precisamente por la situación económica actual, la cosa no está para juegos, ni para cortijos, ni para pulsos y amenazas que, en definitiva, parece que sólo pretenden bloquear lo que está costando demasiado tiempo sacar adelante.
