Ni siquiera la cercanía con el bar donde se destapó la presunta trama de corrupción les hizo temblar el pulso. El pasado viernes, los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez volvieron a escena para acudir a una ...
Ni siquiera la cercanía con el bar donde se destapó la presunta trama de corrupción les hizo temblar el pulso. El pasado viernes, los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez volvieron a escena para acudir a una notaría de Arrecife, ubicada junto al café "La Unión", para firmar una moción de censura avalada por PIL, PNL y PP. No han pasado por el Ayuntamiento desde que salieron de prisión provisional, y teóricamente están suspendidos de militancia por su partido, pero eso no impidió a los partidos censurantes contar con su apoyo para derrocar al socialista Enrique Pérez Parrilla.
Así, seis meses después de que el Consistorio de Arrecife se pusiera patas arriba con el desembarco de la UCO y el juzgado de César Romero Pamparacuatro, estos tres partidos políticos actúan como si aquí no hubiera pasado nada. Devuelven al PIL al poder, con el apoyo de dos de los principales imputados en la causa, apelando a la presunción de inocencia, y aclarando que ni Becerra ni Rodríguez ocuparán áreas de responsabilidad en el nuevo gobierno. A petición propia, según dicen. Y si lo hubieran pedido, ¿se las hubieran dado? Y lo que es más importante: ¿dan ese apoyo a cambio de nada? ¿Cómo les ha convencido el partido que les suspendió de militancia para que finalmente firmaran una moción de censura que ellos mismos han retrasado durante semanas? ¿Y qué garantiza que en cada pleno, apoyarán las iniciativas del nuevo gobierno de Cándido Reguera, que les necesita para mantener la mayoría?
Evidentemente, y por más presunciones que se esgriman, ni siquiera el PP confía en estos dos ediles, o de lo contrario no se encargaría de subrayar que no van a tener áreas de gobierno. Pero aún así, depender de ellos para decisiones vitales para la capital de la isla no deja de ser preocupante. Entre otras cosas, por el mensaje que se lanza a la sociedad.
Y es que si es cierto que hay que respetar la presunción de inocencia, también se debería respetar una intervención judicial y policial sin precedentes en la isla, a la que se llegó después de más de un año de investigación, que incluyó escuchas telefónicas y terminó pillando "in fraganti" hasta un intercambio de una presunta comisión ilegal.
En el PIL se han encargado de repetir en los últimos meses que no son un grupo de delincuentes, y desde luego es cierto que los escándalos judiciales sólo han alcanzado a algunos de sus miembros, pero lo que sí son es un partido que durante demasiado tiempo ha tolerado la delincuencia en sus filas, e incluso ha encumbrado y mantenido a un delincuente como guía. Y si realmente quisieran romper con eso, desde luego ésta no es una buena muestra de ello, porque están lanzando un mensaje más que contradictorio con los nuevos imputados de su partido.
Pero lo que realmente sorprende no es la actitud del PIL, sino la de quienes firman esta moción de censura junto a ellos. No ya del PNL, que ni siquiera se ha pronunciado tras la detención e ingreso en prisión de uno de sus principales representantes, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, pero sí del Partido Popular, que se había mantenido al margen de los escándalos judiciales de la isla.
La justificación ahora pasa por afirmar que el PSOE también tiene cargos imputados, incluyendo al propio Enrique Pérez Parrilla, y que también los socialistas han pactado con Dimas Martín durante años o incluso acaban de devolver la alcaldía de Teguise a alguien a quien ellos mismos denunciaron en los Juzgados: Juan Pedro Hernández.
Sin embargo, y más allá de que la situación de José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra no es comparable, ni por la gravedad de los delitos que se les imputan ni por la contundencia de los indicios que encontró la Justicia como para tenerles varios meses en prisión provisional, lo que los firmantes de la moción de censura pierden de vista que es a quien tienen que responder no es al PSOE, sino a la ciudadanía.
Aquí no se trata de "tú más". Evidentemente, la política lanzaroteña ha ido durante años por el mal camino, tal y como han venido a demostrar las intervenciones judiciales. Por eso, de lo que se trataba ahora es de demostrar si se ha aprendido la lección. Si van a marcar límites por los que no transitar. Si va a seguir valiendo todo.
Pero en lugar de eso, se va a permitir que las decisiones de gobierno de Arrecife dependan de dos personas imputadas por gravísimos delitos de corrupción, cobro de comisiones e incluso, una de ellas, de formar parte de una asociación organizada para delinquir. Y además, y aunque ahí no medie intervención judicial, se va a devolver la Concejalía de Asuntos Sociales a una edil, Emilia Perdomo, que aún debe explicar dónde fueron a parar los 3.500 kilos donados por los ciudadanos para la campaña del "Kilo solidario", y se pretende dejar el área de Urbanismo en manos del PNL y, concretamente, de Pedro de Armas, que ha sido el gran defensor de Reyes y de las licencias ilegales de Playa Blanca.
El Ayuntamiento de Arrecife escribe esta semana un capítulo triste, que demuestra que al menos la mayoría de los políticos representados en el Consistorio, no dan suficiente importancia a lo sucedido hace poco más de seis meses, en un 25 de mayo que parecía que podía cambiar el rumbo político de la isla. Ahora, serán la Justicia y los ciudadanos en las próximas elecciones los que den su veredicto.
