José Francisco Reyes y Pedro de Armas no sólo tienen en común su militancia en el mismo partido, el PNL. También han coincidido en su encendida defensa de las licencias ilegales del sur y especialmente de un Plan Parcial que ...
José Francisco Reyes y Pedro de Armas no sólo tienen en común su militancia en el mismo partido, el PNL. También han coincidido en su encendida defensa de las licencias ilegales del sur y especialmente de un Plan Parcial que estaba extinguido desde hace años, tal como sostenía el Cabildo y como ha venido ahora a corroborar la Justicia en una sentencia que da la razón a la Fundación César Manrique. Y desde que los intereses empresariales de De Armas han empezado a topar con los tribunales, coinciden además en la cantinela de declararse víctimas de una persecución política y mediática.
El secretario general del PNL llegó a afirmar eso incluso ante el juez y el fiscal, cuando fue llamado a declarar como testigo en el proceso penal abierto contra el ex alcalde de Yaiza por la concesión de la licencia de las 1.000 viviendas. Según él, todo respondía a una "conspiración". Incluso, negó conocer al arquitecto de ese proyecto, que le había nombrado como intermediario de la operación, y al promotor, Luis Lleó, pese a que según puso sobre la mesa la letrada de la acusación en su interrogatorio, la esposa de Pedro de Armas había concedido poderes a Lleó, al arquitecto y a una tercera persona, el 19 de julio de 2004, en una notaría.
Pero lo más sorprendente es que durante su declaración, el secretario general del PNL negó dedicarse a la "construcción", para después "matizar" que sí ha llevado a cabo "intermediación inmobiliaria" mediante su empresa familiar, "Marivista Lanzarote, S.L.". Según sus palabras, compra-venta de solares y alquiler de apartamentos a través de internet, aunque "olvidó" señalar que esa empresa, y él en representación de la misma, recibieron licencias de su compañero de partido, José Francisco Reyes, para construir 10 villas de lujo precisamente en el Plan Parcial de Playa Blanca, que en su día hizo públicas La Voz de Lanzarote, ya que habían sido ocultadas.
Y gracias a eso, el Cabildo pudo recurrirlas ante la Justicia, que ahora también acaba de suspenderlas. ¿Realmente alguien puede pensar que estamos ante una conspiración? ¿Realmente la Justicia ha emitido dos sentencias en pocos días, primero suspendiendo las licencias concedidas a la empresa de Pedro de Armas, y después el Plan Parcial en su conjunto, para perseguir al PNL?? ¿No será más bien que el ex alcalde de Yaiza se empecinó en sacar adelante licencias en una zona donde sabía que ya no podían otorgarse? ¿No será que le entregó las licencias que solicitaba su compañero de partido, Pedro de Armas, pese a que el suelo no era urbanizable, y además con unas tasas llamativamente bajas, ya que para el cálculo de los impuestos que debían pagar al Ayuntamiento tasaron las villas de lujo en menos de diez millones de pesetas??
Por más que Pedro de Armas declarara ante el juez que no se dedica a la construcción, lo cierto es que su empresa familiar anuncia hasta tres promociones distintas de viviendas, con más de 120 casas, y al menos una de ellas, correspondiente a diez de esas villas de lujo, fue concedida directamente a nombre de De Armas. Y aunque el secretario general del PNL sostenga que después vendió el terreno a otra empresa, Villas Blancas, lo cierto el nombre de Marivista sigue figurando en los propios carteles de construcción de los chalets, y en su página web tienen a la venta tanto éstas como otras casas, cuyas licencias, al parecer, tampoco fueron notificadas al Cabildo. Y todas ellas, centradas en Playa Blanca, donde durante más de una década fue rey y señor su compañero de partido, hasta que hace unos meses fue derrocado por una moción de censura.
Si estaban o están convencidos de que tenían la ley y el ordenamiento de su lado, si de verdad creían en la vigencia de un Plan Parcial fantasma, lo que realmente cuesta entender es el porqué de la falta de transparencia. Por qué se ocultaron deliberadamente esas licencias a la Corporación insular, incumpliendo incluso sentencias judiciales que obligaban al Ayuntamiento a notificarle de todos los permisos. Y sobre todo, por qué entonces emprendieron ambos un feroz ataque hacia La Voz de Lanzarote por realizar una labor de investigación y hacer públicos esos permisos. Afortunadamente, y como reza el sabio dicho popular, al final la Justicia pone las cosas en su sitio. Y las seguirá poniendo.
