El juicio que esta semana se ha celebrado en los Juzgados de Arrecife es sin duda el más espeluznante que se recuerda en la isla. Y es que aunque en los últimos años se han sentado en el banquillo asesinos, homicidas y todo tipo de ...
El juicio que esta semana se ha celebrado en los Juzgados de Arrecife es sin duda el más espeluznante que se recuerda en la isla. Y es que aunque en los últimos años se han sentado en el banquillo asesinos, homicidas y todo tipo de delincuentes, enfrentarse a un hombre capaz de abusar durante años de niños de 9 años, como él mismo confesó durante la vista, resulta casi inimaginable.
En este caso, a la sociedad le queda la tranquilidad de que el fiscal ha pedido 52 años de cárcel y que, aunque luego el tribunal rebaje en algo esa pena, o las actuales leyes hagan que sólo cumpla una parte, el margen es amplio para que al menos pase dos décadas en prisión. Sin duda, mucho más de lo que se impone a otras personas de esta misma calaña.
Y es que aunque en este proceso, la sumatoria de una decena de delitos ha permitido elevar la solicitud de prisión, lo cierto es que las penas previstas para este tipo de aberraciones están muy lejos de lo que demanda y necesita la sociedad para protegerse de lo que pueden ser auténticos monstruos.
De hecho, el horror que vivieron esos cuatro niños, cuando sólo tenían entre 9 y 12 años, podría haberse evitado si las leyes funcionaran de otra manera. Y no ya en España, sino incluso en otros países europeos. Y es que resulta incompresible que este individuo, llamado Roland Figge y nacido en Alemania, tuviera ya antecedentes en su país por delitos relacionados con niños. Según consta en su historial, por abusos sexuales a menores. Según dijo él durante el juicio, por tener pornografía infantil. Pero sea cual sea el hecho por el que se le condenó, lo cierto es que sólo tuvo que pagar una multa. Y después, a volver a pasear su depravación por el mundo. Su instinto irrefrenable hacia los niños, como él mismo admitió durante el juicio.
Y en España, la cosa no hubiera sido demasiado distinta. Incluso por un delito de abusos a menores, siempre que no haya penetración ni agravantes específicos, la pena máxima va de uno a tres años de cárcel, e incluso puede resolverse también con una multa. Es decir que, en el mejor de los casos, un par de años en prisión y a la calle. Y en caso de consumar la penetración, de 4 a 10 años. En definitiva, un tiempo ínfimo considerando el peligro potencial que estas personas suponen para la sociedad.
¿O es que alguien va garantizar que cuando salgan ya no van a ser pedófilos? Que ya no se van a cruzar por la calle con un niño y le van a mirar como sólo un monstruo puede mirar a una criatura. Efectivamente, puede que sean enfermos, pero enfermos peligrosos. Y el problema es que si encima se tiene en cuenta una posible enfermedad mental, cosa que en el caso de Roland Figge no se acreditó durante el juicio, todavía se convierte en un atenuante que puede rebajar la condena, cuando lo que tendría que ser es un motivo más para encerrarles, si no en una cárcel, al menos en un psiquiátrico de por vida.
Pero ya que esto no es así, como mínimo la sociedad necesita tenerles identificados y saber quién es y qué pasado tiene alguien que se acerca a sus hijos, ofreciéndose como canguro, como profesor o como "guía espiritual".
Por lo menos, en el caso de Figge, pese a que trató de evitarlo tapándose el rostro con las manos, todo el mundo ha podido ver su cara. Ver quién es ese "pedófilo degenerado", como le definió el fiscal, que ha vivido durante años con nosotros. Algo que no siempre sucede con este tipo de delitos, como cuestionaban esta semana algunos lectores de La Voz de Lanzarote. Pero eso no es una decisión de los medios de comunicación, sino de los propios estamentos judiciales y policiales, en función de cada caso.
Desgraciadamente, Roland Figge no es el único pedófilo que existe en Lanzarote, y hay otras condenas, por ejemplo, por tener pornografía infantil. Algo que puede parecer menor comparado con la consumación de abusos sexuales, pero que sin duda ya es para encender todas las alertas.
De hecho, seguro que todos los padres querrían ver la cara de las personas que viven en la isla y disfrutan viendo fotografías o vídeos de niños desnudos o en actitudes de contenido sexual.
Sin duda, ayudaría mucho a prevenir sucesos como éste, que demuestran también que es necesario que las familias estén vigilantes. No se trata de vivir con la psicosis de que algo así puede suceder, pero sí con la atención debida para conocer sus compañías y detectar cualquier cambio en la actitud de los niños.
Desgraciadamente, esta dramática y espeluznante historia ha demostrado que estas cosas no sólo pasan en las películas o en continentes remotos. Pero al menos, en este caso, queda el consuelo de que el acusado pagará con la máxima pena que permita la ley. Pese a que ésta, a veces, sea insuficiente.
