Uno de los mayores retos a los que se enfrenta cualquier democracia avanzada no es el populismo, ni la polarización política, ni siquiera la inteligencia artificial que tanto da de que hablar hoy en día. Es el reloj biológico de su población. El envejecimiento demográfico actúa como una marea lenta y discreta, pero implacable. Las pirámides de población acaban pareciendo un obelisco invertido que amenaza con derrumbarse bajo su propio peso. Y cuando un país se muere de viejo, termina muriendo en todos los sentidos.
España lleva años caminando entre los escombros de su natalidad sin que nadie haya querido poner orden en la casa. Nadie, en sentido literal. Nos consolamos con informes, congresos y promesas que parecen redactados por un comité de resignados a caminar por el Valle de la Muerte. Mientras tanto, nuestras tasas de natalidad —menos de 1,2 hijos por mujer, a la cola de Europa— certifican sin lugar a dudas que somos un país que no se reproduce. Dicho más claro: necesitamos niños, y los necesitamos ya.
La explicación de este desastre demográfico podría escribirse en varias tesis doctorales, aunque el Estado, por lo visto, tiene otras prioridades más urgentes como dar bonos a jóvenes que se lo gastan en fiestas, o seguir saqueando a los autónomos mientras se les exige más y más trabajo.
La raíz del problema está a la vista de todos pero nadie hace nada. El modelo de bienestar en España es del tipo “mediterráneo”, ese sistema que delega buena parte de sus servicios sociales en las familias, sin que el Estado asuma más que un papel minoritario, a veces testimonial. Es decir, las familias hacen de red de seguridad, de guardería, de residencia y de banco. Todo sin intereses, salvo el agotamiento de los que sufragan el coste de cargar con todo a todas horas.
El resultado es sencillo: si a las familias no se les dan recursos —guarderías públicas suficientes, horarios laborales compatibles con la vida o ayudas reales a la crianza—, la ecuación no cuadra. Tener hijos se convierte en un lujo imposible, no en una decisión vital. Y cuando criar a un hijo cuesta tiempo y dinero que no se tiene, la natalidad baja. Pero no se preocupen, que siempre habrá un comité para “analizar el fenómeno”. Un comité pagado por todos y que sí podrá tener descendencia.
Algunos analistas apresurados suelen recurrir al ejemplo de la alta natalidad entre los inmigrantes como demostración de que el problema “no es económico, sino cultural”. Craso error. La diferencia obedece a una lógica tan simple como incómoda: quien parte de condiciones difíciles percibe la renuncia al confort de otro modo. En cambio, las sociedades desarrolladas, acostumbradas a mejores niveles de confort, desarrollan una intolerancia natural al sacrificio. Lo que hace cincuenta años era sencillo hoy es casi un acto de valor. Un salto al vacío que nunca sabes cómo acabará.
Además, las políticas sociales, diseñadas precisamente para proteger a quienes menos tienen, actúan de manera paradójica en este contexto: quienes proceden de niveles socioeconómicos más bajos acceden antes a ellas, y por tanto asumen con mayor facilidad la llegada de más hijos. Es pura lógica, aunque nadie quiera verbalizarla.
Es bochornoso ver a nuestros dirigentes debatir sobre “la conciliación familiar”, “la corresponsabilidad” o “los nuevos modelos de familia” con la misma pasión con que se discute el protocolo de una cena institucional, mientras el reloj no se detiene. Cada año hay más jubilados, menos trabajadores y más jóvenes que renuncian a tener hijos por falta de expectativas, lamentables condiciones laborales y un sinfín de problemas relacionados que nadie intenta solventar.
España envejece, sí, y lo hace con la elegancia de quien se disfraza de progreso y desarrollo mientras agoniza a cámara lenta. Porque, toda democracia que olvida su futuro corre el riesgo de quedarse sin relevo. Y un país sin hijos es, simplemente, un país abocado a desaparecer.
La solución es clara: dejar de atormentar a las familias con mayores cargas fiscales, dejar de tirar por el sumidero del gasto público millones en políticas inútiles y facilitar a las familias acceso a un mayor número de recursos asistenciales y económicos. Los países de nuestro entorno más envidiado —sí, los nórdicos— lo llevan haciendo desde hace tiempo. Es sencillo: hay que gastar en las familias y no en milongas ideológicas que solo mantienen a unos pocos interesados.
Como corolario —y no precisamente feliz— de esta crisis, conviene detenerse en el escaso avance que demuestran muchos frente al problema. Y es que la falta de voluntad es más que notable. Mientras se llenan la boca de discursos sobre “conciliación” y “natalidad”, la realidad demuestra que ni las estructuras públicas ni el sector privado están dispuestos a pagar el precio del objetivo propuesto ni de la modernidad de la que presumen.
Porque si hay algo en lo que España es realmente coherente es en su capacidad para sostener una doble moral. De cara al público, en entrevistas y apariciones mediáticas, todos son progresistas y campeones del bienestar social. Pero basta rascar la superficie para que aflore el viejo espíritu patronal de siempre, ese que considera la maternidad y la paternidad poco menos que un inconveniente organizativo. Los discursos se llenan de “valores familiares” mientras los convenios colectivos y las decisiones empresariales se encargan de vaciarlos de contenido. Vean el ejemplo del Policía Local de Parla que, con nueve hijos, le han denegado la conciliación familiar gobernando la izquierda en su Ayuntamiento.
Y es que nada refleja mejor esta contradicción que el hecho de que muchos trabajadores —tanto del sector público como privado— tengan que recurrir a los tribunales para ejercer derechos tan básicos como ser padres o madres sin sufrir represalias laborales. Esos recursos desperdiciados ante la justicia son recursos que se detraen del círculo familiar. En consecuencia, hay que tener una visión realmente autoritaria del mundo para convertir la natalidad en un motivo de conflicto judicial. Eso, o es que esas personas carecen de descendientes y no valoran la paternidad o maternidad como debería ser valorada en estos tiempos que corren. Una pena.
En definitiva, no deja de sorprender que esos mismos responsables que bloquean medidas de conciliación son, a la vez, quienes luego agitan la bandera del trabajador y de la familia en cada campaña electoral o acto institucional. Menuda hipocresía. Mientras las administraciones sigan considerando la paternidad una molestia presupuestaria y las empresas vean en la crianza un obstáculo para la productividad, ningún plan logrará enderezar la lamentable situación demográfica de este país.
