La Educación, además de ser una herramienta esencial para el desarrollo personal y social de los jóvenes, es el instrumento más eficaz de movilidad social para la inclusión, el más formidable motor de crecimiento y de ...
La Educación, además de ser una herramienta esencial para el desarrollo personal y social de los jóvenes, es el instrumento más eficaz de movilidad social para la inclusión, el más formidable motor de crecimiento y de progreso de una sociedad. Desde esta convicción se presenta esta reforma, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que trata también de garantizar una mínima homogeneidad, a través de la señalización que ofrecen las evaluaciones y la reserva de competencias básicas del Estado, para que todos los alumnos de España reciban una educación de calidad, independientemente, de la Comunidad en la que vivan.
España es uno de los países de la OCDE, con la mayor dispersión y disparidad de resultados por Comunidad Autónoma. Distintos informes internacionales, han puesto al descubierto las debilidades de nuestro sistema educativo: 25 % de abandono prematuro; hasta un 32% de fracaso escolar en 2006; 67 % de jóvenes, entre veinticinco y treinta y cuatro años, sin titular en Secundaria; un 55 % de paro juvenil; baja graduación en formación profesional, un 40 %, y ausencia de evaluaciones externas y finales.
Frente a esta realidad, asistimos a un intento permanente de mediatizar y desviar la atención hacia aspectos menos relevantes de la Reforma con el único objetivo de evitar el debate sobre la verdadera cuestión de fondo: los datos del fracaso escolar en nuestro país.
El verdadero ataque a la educación pública lo produce ese hasta 32%, que hemos tenido en los últimos años, de alumnos que son expulsados de nuestro sistema educativo. Uno de cada cuatro. Esa es la auténtica segregación que se está produciendo en la Escuela Pública.
¿Y cómo no asumir la responsabilidad de dar respuesta a ese 32 % de alumnos?.
Los objetivos de la Ley no pueden ser otros que garantizar la mejora de la calidad de la enseñanza universal en todas las fases, la obligatoria y la no obligatoria. Desde el respeto a las competencias que en materia de educación tienen transferidas las Comunidades Autónomas, el Estado va a garantizar unos estándares de aprendizaje mínimos.
El nuevo texto aborda distintos aspectos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que por cierto no deroga, pero que pretende mejorar, adaptar y dotar de los instrumentos necesarios, como ya hacen los países de nuestro entorno con mejores resultados.
Potenciar la Formación Profesional, dotar a los centros de más autonomía o reforzar las asignaturas troncales, como matemáticas, lengua e idiomas, son tan sólo algunas de las prioridades.
En cuanto al debate sobre las lenguas cooficiales, la Ley les da un tratamiento análogo a la lengua castellana, otorgándoles la misma importancia. Son las Comunidades Autónomas las que deciden el horario y el currículum, las que forman parte de las evaluaciones contínuas y finales, y además son las llamadas a garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, además de las lenguas cooficiales.
En este sentido, el dictamen del Consejo de Estado, de acuerdo con la jurisprudencia, reconoce que las Comunidades Autónomas son las que tienen que decidir y garantizar una proporción razonable de ambas lenguas, tal y como recoge el Proyecto de Ley. El dictamen va más allá al señalar que esto no tiene que determinar la exclusión del castellano como lengua docente y, además, que su conocimiento y su uso tiene que quedar garantizado en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Porque una cosa es que un idioma forme parte de la oferta de asignaturas de un sistema educativo y otra muy distinta que sea la lengua vehicular del sistema. Además, el dictamen afirma que no se puede excluir el castellano como lengua vehicular de la educación en Cataluña. Y no solo el dictamen, también hay varias sentencias que cumplir en esa misma dirección.
El Consejo, además, aprecia que tiene que haber una oferta sostenida con fondos públicos de educación en castellano, algo que no se ha cumplido y de ahí las sentencias de los tribunales. Son las resoluciones judiciales las que dicen que se tiene que asegurar la educación en castellano como lengua vehicular. Se trata, por tanto, de dar cumplimiento a un derecho reconocido. Así lo recoge, la sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que considera que el castellano, como lengua cooficial, debía ser lengua vehicular. Reconoce, y cito literalmente: "nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute con la lengua catalana de la condición de lengua vehicular en la enseñanza". El Consejo añade que el Estado debe velar por el respeto de los derechos lingüísticos y garantizar que se reciba la enseñanza en la lengua oficial del Estado, pues no cabe olvidar el deber constitucional de conocerla.
En cuanto a la memoria económica, que forma parte del expediente de la Ley, establece los costes previsibles que llevará aparejados la implantación y que se compensarán en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en virtud del principio de lealtad institucional. A tal efecto se prepara ya, en este momento, la constitución de un grupo de trabajo para el estudio de estos gastos educativos.
La Reforma es imprescindible. Ahora se abre un amplio espacio para el encuentro durante el trámite parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado. Desde el Partido Popular, invitamos a todas las formaciones políticas y demás sectores de la Comunidad Educativa a hacer un esfuerzo común, para que desde el diálogo, busquemos el más amplio consenso para mejorar el texto definitivo de la Ley.
*Francisco Cabrera García, Diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
