El Gobierno de España ha exigido formalmente a Italia la retirada inmediata de los controles fronterizos impuestos de forma unilateral el pasado 1 de agosto a los pasajeros procedentes de aeropuertos y puertos españoles.
La Moncloa ha fijado como fecha límite el próximo domingo 9 de agosto; de no haber una rectificación antes de que termine la jornada, España adoptará medidas proporcionales en respuesta.
La decisión del Ejecutivo italiano de reintroducir las inspecciones en frontera en pleno periodo estival ha generado perturbaciones en la movilidad de miles de viajeros e inseguridad jurídica.
Según el Ejecutivo español, esta actuación rompe la dinámica habitual del espacio Schengen al haberse ejecutado sin aviso previo y apoyándose en argumentos que consideran infundados.
Entre los puntos esgrimidos por Madrid para señalar la falta de justificación de la medida italiana destaca que "ningún migrante en situación irregular llegado recientemente a Ceuta puede acceder libremente al espacio Schengen, dado el régimen especial con el que cuenta la ciudad autónoma". Además, la práctica totalidad de las personas que accedieron la pasada semana ya han sido devueltas a Marruecos.
También recuerda que, según la agencia europea Frontex, Italia lidera los registros de cruces irregulares en los últimos años, llegando a duplicar en ocasiones los datos de España. Asimismo, se denuncia que Roma incumple el Reglamento de Dublín desde 2022, derivando presión migratoria hacia otros socios comunitarios.
Además, el gobierno español ha subrayado su histórica solidaridad con Italia —que incluye la acogida de migrantes procedentes de Lampedusa en 2023 y la apertura regular de sus puertos a rescates en el Mediterráneo central—, recalcando que jamás ha impuesto controles a los viajeros procedentes de territorio italiano.
El Gobierno califica la postura de Roma como injusta, discriminatoria y contraria al interés común de la Unión Europea, atribuyendo la decisión a motivaciones de política interna. Con la apelación al diálogo y al sentido de cooperación europea como vía prioritaria, Madrid deja clara su intención de activar medidas de réplica si los controles no se levantan antes del plazo establecido.
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