A lo largo de 2025, se registraron un total de 68 agresiones a médicos en la provincia de Las Palmas. Así lo ha informado el Colegio de Médicos de Las Palmas, con datos que contemplan las agresiones en el Servicio Canario de Salud y del ámbito privado. El 85% de ellas corresponde a pacientes con citas no programadas y el 15% a acompañantes.
La Institución ha recordado que esta cifra recoge únicamente los casos registrados y que, por tanto, el número real puede ser mayor.
Del total registrado, la distribución por islas se sitúa en Gran Canaria (71%), Lanzarote (6%) y Fuerteventura (23%). Entre los profesionales afectados, el 54% son mujeres y el 46% hombres, con mayor incidencia en el tramo de 46 a 55 años (38%). En cuanto a tipología, el 93% corresponde a amenazas o coacciones (y el 7% a acoso), destacando que el 57% de las amenazas o coacciones las han sufrido médicas.
Además, el Colegio subraya que el 23% de los casos provocó baja laboral.
En cuanto a los ámbitos donde se registraron las agresiones en 2025, el mayor peso corresponde al hospital (40%), seguido de Atención Primaria (22%), urgencias hospitalarias (16%) y urgencias de Atención Primaria (15%). El resto de ámbitos suma un 7%.
El motivo declarado en el registro se vincula en el 100% de los casos a discrepancias con la atención médica recibida.
Elizabeth Hernández, presidenta del Colegio, recordó en la rueda de prensa que todos los datos presentados se refieren a “agresiones registradas: el número real puede ser mayor”. Pero alertó que “lo más grave es el impacto que dejan: dañan la relación médico-paciente y, con ella, el sistema sanitario. No podemos pedir calidad asistencial si normalizamos la violencia en consulta”.
Acuerdo con el Tribunal de Instancia LPGC
Junto a los datos, el Colegio de Médicos de Las Palmas y el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria presentan un acuerdo de colaboración para establecer cauces de comunicación y actuación ante agresiones a médicos en el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.
El objetivo es mejorar la experiencia del médico víctima de una agresión cuando debe acudir a la Ciudad de la Justicia, reforzando la coordinación y el acompañamiento, y reduciendo la victimización secundaria.
Juan Avello, presidente del Tribunal de Instancia LPGC, enmarca el acuerdo en una idea esencial: “la justicia es un servicio público que debe estar centrado en las personas”.
“El acuerdo contempla medidas organizativas a coste cero”, desveló Juan Avello, entre ellas un “cauce de coordinación con la asesoría jurídica del Colegio para preparar la comparecencia; acompañamiento y orientación el día de la citación; la previsión de señalamientos a primera hora cuando sea posible; y, cuando proceda, la concentración de diligencias en la misma jornada para minimizar el impacto en la actividad asistencial”.
El Colegio valora especialmente su predisposición a la colaboración institucional, el interés mostrado desde el primer momento al conocer la problemática del médico víctima de una agresión y la agilidad con la que se impulsó una propuesta que hoy se materializa en este acuerdo.
Una respuesta reforzada en el tiempo
El Colegio recuerda que la respuesta frente a las agresiones se ha fortalecido en los últimos años: desde 2012 dispone de un protocolo interno de asesoramiento jurídico y acompañamiento; en 2015 se consolidó el marco penal con la consideración como delito de atentado; en 2017 se incorporó la figura del Interlocutor Policial Sanitario en la Policía Nacional; y en 2026 se da un nuevo paso con este acuerdo para mejorar el recorrido judicial del médico víctima de una agresión.
