Las indemnizaciones a víctimas de la guerra civil y el franquismo por parte de las administraciones públicas suman más de 22.000 millones de euros a lo largo de la democracia, con más de 610.000 personas beneficiarias, según datos de una comisión sobre memoria democrática impulsada por el Gobierno.
El informe de la comisión, al que ha tenido acceso EFE, recopila cifras facilitadas por los ministerios implicados (Seguridad Social, Hacienda e Igualdad) y las únicas seis comunidades autónomas que aportaron datos (Cataluña, Navarra, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha).
En total, las indemnizaciones ascienden a 22.160 millones de euros a través de diferentes normativas impulsadas en el ámbito estatal desde la ley de amnistía de 1977 hasta finales del año 2024, con un total de 611.828 personas beneficiarias.
El informe advierte de que además de datos de comunidades autónomas también faltan los de algunos colectivos que no han podido ser recabados por esta comisión sobre reparaciones económicas a víctimas, contemplada en la ley de memoria democrática de 2022.
Los militares no profesionales son los más indemnizados
El grueso de las indemnizaciones corresponde a las pensiones para los militares no profesionales y sus familiares (9.907 millones de euros), seguido de las pensiones para personas mutiladas y allegados (4.078 millones) y las de los familiares de personas fallecidas o desaparecidas (4.059 millones).
A continuación están las pensiones para militares profesionales y sus familias (3.578 millones), las indemnizaciones para expresos (397 millones) y las pensiones para los denominados niños de la guerra (136 millones).
Analizar casos como el Patronato de la Mujer
La comisión propone impulsar investigaciones específicas sobre otros colectivos de víctimas para determinar posibles subsanaciones.
Y cita ejemplos como las mujeres víctimas de los reformatorios franquistas gestionados por el Patronato de Protección de la Mujer, las víctimas de represión por creencia religiosa, personas represaliadas por su orientación sexual o militares represaliados a finales del franquismo por su cercanía a posiciones democráticas.
Comisión para la reconciliación con el pueblo gitano
EFE también ha accedido a las conclusiones de otra de las comisiones recogidas en la ley de memoria democrática, sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano en España.
En un extenso informe, los integrantes de este grupo de trabajo -procedentes de ministerios, comunidades y asociaciones en representación del pueblo gitano- denuncian la "persecución institucional" ejercida contra este colectivo a lo largo de seis siglos, desde la época de los Reyes Católicos.
Aseguran que el antigitanismo y las desigualdades que sufren persisten en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda o la salud.
Entre las propuestas de la comisión destacan la aprobación de una ley integral de protección y reparación al pueblo gitano, la celebración de un gran acto de Estado con este mismo objetivo, así como la revisión de símbolos asociados a episodios de persecución, como por ejemplo denominaciones en el callejero.
Añadir La Voz de Lanzarote como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
