Volar desde una isla ultraperiférica como Lanzarote es una necesidad estructural. Por eso, cualquier modificación en el tablero de juego de la aviación comunitaria tiene un impacto directo e inmediato en el bolsillo de los isleños.
La reciente revisión de la normativa de derechos de los pasajeros aprobada por la Unión Europea simplifica los procesos e impone un estándar al polémico equipaje de mano, aunque introduce contrapartidas normativas que benefician a las compañías en los retrasos.
El histórico Reglamento 261/2004 afrontaba una renovación urgente. La era post-pandemia, el auge de las agencias online y las caóticas políticas de equipaje de las aerolíneas de bajo coste habían convertido los aeropuertos en un campo de batalla legal.
A partir de ahora, el precio de salida de los vuelos incluirá el bolso personal y la maleta de mano. Sin embargo, se abre un modelo a la inversa: los usuarios que decidan viajar ligeros de equipaje tendrán la alternativa de desmarcar la maleta (trolley) para abaratar el coste del billete. Esta no era la posición de España, que insistió en que ambos bultos fueran gratuitos.
Para el residente en Lanzarote, la unificación del equipaje de mano acaba con la confusión y precios encubiertos en los numerosísimos vuelos de bajo coste que conectan el aeropuerto César Manrique con la península y Europa.
Lo que mejora: fin del laberinto de los reembolsos
Con la nueva normativa, se establece un plazo máximo de 14 días para el reembolso del billete en caso de cancelación, independientemente de si se adquirió en la web oficial o en una agencia online intermediaria.
Además, las aerolíneas están obligadas a ofrecer una vía clara y digital para solicitar el dinero, prohibiendo la práctica de esconder la opción en efectivo para forzar al cliente a aceptar un bono de viaje.
Las nuevas directrices, que se prevé comiencen a aplicarse como muy pronto a partir de este próximo otoño, también prohíben cobrar extras por la asignación de asientos contiguos para menores de 14 años, que tendrán garantizado viajar junto a sus acompañantes sin que esto suponga ningún recargo en la factura final.
Lo que empeora: Una rendija legal para evitar indemnizaciones
Las presiones del lobby aéreo europeo también han dejado su impronta. El principal retroceso radica en la redefinición y ampliación de lo que se consideran "circunstancias extraordinarias" o causas de fuerza mayor.
Si el retraso o la cancelación se debe a fallos de gestión de las torres de control, saturación del espacio aéreo general o huelgas de servicios ajenos a la aerolínea, estas quedarán eximidas de pagar las compensaciones económicas automáticas (que oscilan entre los 250 y los 600 euros y que se mantienen como hasta ahora).
Asimismo, el derecho a asistencia, es decir, el alojamiento, se ve limitado en escenarios de crisis climáticas prolongadas: si un aeropuerto queda inoperativo durante días, las compañías ya no costearán el hotel de forma indefinida, fijándose un tope de tres noches.
Así, en una isla como Lanzarote expuesta de forma recurrente a una calima fuerte o vientos cruzados, la ampliación de los márgenes de "fuerza mayor" podría reducir las posibilidades de cobrar indemnizaciones.
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