Canarias es la tercera comunidad autónoma que más ha elevado los recursos que destina a financiar la Renta Mínima de Inserción (RMI) desde que en 2019 se implantó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un 39,7 %. El aumento supone que haya un 38,5% más de beneficiarios.
Según los últimos datos disponibles, Canarias dedicó a la Renta Mínima Vital el año pasado 51,04 millones de euros, frente a los 42,82 millones de 2020 y los 36,53 de 2019.
Son pocas las comunidades que lo han hecho. Desde la implantación del IMV por parte del Gobierno central, un mecanismo que asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad, muchas comunidades están reduciendo los fondos de la RMI, el mecanismo autonómico de protección de personas en riesgo de exclusión social, que a diferencia del IMV tiene tiene una caducidad determinada.
Lo confirma la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que considera que "muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social" a través de la RMI tras la implantación del IMV.
Las regiones que reducen fondos
Un análisis realizado por esta asociación revela que Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León redujeron sus presupuestos para este fin en torno al 50% o más y que, aunque algunas destinaron este "ahorro" a programas de inclusión social u otras políticas sociales, como las dos últimas, para otras "supuso sin más una reducción de su gasto social, en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021".
En el conjunto del país, el número de beneficiarios de las RMI se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020 y sólo el 7,1 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas ayudas.
Por comunidades, el informe señala que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual de su ya "exiguo" gasto en Rentas Mínimas de Inserción, con una reducción de más de las dos terceras partes del mismo (66,7 %).
Los Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apuntan que en esa comunidad y también en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura las RMI "están siendo sustituidas por el IMV".
En Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña los mayores incrementos
Una situación que "contrasta", añaden, con la de comunidades como la Valenciana, Cataluña y Canarias, "donde se han reforzado como complemento del IMV", con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60%.
Esta "situación de retroceso, en unos casos, y de refuerzo en otros", afirman, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto, reducen "significativamente" el número de personas beneficiarias, hasta en un 73 % en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121 % en la Comunidad Valenciana.
Navarra y País Vasco siguen destacando con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8 % y un 55,8 %, respectivamente, mientras que en Castilla-La Mancha "se confirma la extinción de estas RMI", según la asociación. En Canarias, la Renta Mínima solo llega al 4,3 % de los ciudadanos que están por debajo del umbral de la pobreza.
La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en el conjunto del país, una cifra que para las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es "extremadamente baja" y que se ha reducido más de un punto desde 2019, al pasar del 17,1 % al 15,9 %.
Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las comunidades que están por encima de la media, en tanto que en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10 % de la renta media por hogar en esas regiones.
Tras constatar esta situación, la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha querido subrayar que "pobreza no es igual a exclusión social" y que "el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía resulta a todas luces insuficiente", mientras que "la finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional".
Por eso reclaman a las comunidades "que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el 'ahorro' que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas".
