24/jul./2019

LA AUDIENCIA HA RECHAZADO SU RECURSO PARA EVITAR CUMPLIR LA PENA

El Juzgado da diez días al ex secretario de Yaiza para que ingrese en prisión por otorgar licencias ilegales a Pedro de Armas

Si no se presenta voluntariamente, “se procederá a su busca, detención e ingreso en el centro penitenciario” para cumplir una pena de un año y siete meses de cárcel

El Juzgado da diez días al ex secretario de Yaiza para que ingrese en prisión por otorgar licencias ilegales a Pedro de Armas

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha dado diez días al ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, para que ingrese en prisión para cumplir la condena de un año y siete meses de cárcel por la concesión de licencias ilegales en dos parcelas del Plan Parcial Playa Blanca vinculadas a Pedro de Armas. Además, advierte de que en caso de que no acuda voluntariamente, “se procederá a su busca, detención e ingreso en el centro penitenciario”.

La resolución está fechada el pasado 11 de abril, después de que la Audiencia Provincial rechazara el recurso que presentó el ex secretario en la fase de ejecución de sentencia. Al ser una condena inferior a dos años de prisión, Bartolomé Fuentes había pedido que se suspendiera el cumplimiento de la pena, pero tanto el Juzgado como la Audiencia han rechazado su pretensión.

Ésta es además la segunda condena de prisión que deberá cumplir el ex secretario, que también fue condenado a un año de cárcel en el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En aquella causa, Vicente Bartolomé Fuentes reconoció los hechos que se le imputaban y confesó haber cometido un delito de prevaricación al informar a favor del Plan Parcial Playa Blanca y del puerto deportivo Marina Rubicón pese a que sabía que eran ilegales, y también reconoció haber contribuido a malversar fondos públicos del Ayuntamiento, permitiendo que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Consistorio. 

Aunque en el juicio aceptó la condena, después pidió que se suspendiera su ejecución e incluso solicitó un indulto al Gobierno, que le fue denegado el pasado mes de enero. Entonces, después de haber accedido a suspender el ingreso en prisión mientras el Consejo de Ministros resolvía su solicitud, la Audiencia ordenó que se requiriera su entrada en la cárcel.

Además, Bartolomé Fuentes también tiene a sus espaldas una tercera condena, que fue la que le apartó en su día del cargo de secretario. Aquel primer fallo, también por delitos de prevaricación urbanística, le impuso solo una pena de inhabilitación, que fue la que le dejó fuera de la Secretaría de Yaiza.

 

Tres condenados por una lucrativa operación para De Armas


Ahora, Vicente Bartolomé Fuentes se enfrenta al cumplimiento de esta nueva sentencia, en la que fue condenado junto al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. A los tres se les impuso la misma pena de un año y 7 meses de cárcel y 9 años y 3 meses de inhabilitación.

La denuncia que dio origen a esta causa se interpuso en el año 2009 por parte de Transparencia Urbanística, pero los hechos ocurrieron en el año 2005, cuando Reyes autorizó la construcción de 66 villas en el Plan Parcial Playa Blanca, con dos licencias distintas para dos parcelas vinculadas a Pedro de Armas.

En uno de los casos, la licencia se le otorgó directamente a él, a través de Marivista Lanzarote SL. En el otro, la beneficiaria fue la empresa a la que De Armas acababa de venderle el terreno. Tal como puso de relieve otra causa penal, De Armas compró y vendió esa parcela en el mismo día, obteniendo un beneficio de 800.000 euros en la operación, sin siquiera "salir de la notaría". Justo después, Reyes otorgó la licencia ilegal para urbanizar esa parcela.

Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia consideran que Reyes y los dos funcionarios eran plenamente conscientes de la ilegalidad de esas licencias, que se otorgaron en un Plan Parcial que estaba extinguido, apartándose de la ley para "satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la Isla de Lanzarote".

En cuanto al alegato de las defensas de que "en la fecha de los hechos la normativa urbanística no era clara", la sentencia recuerda que "fueron apercibidos desde diversas instancias”, concretamente el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que “advirtieron de la ilegalidad”. Sin embargo, “lejos de atender tales requerimientos, con amparo en un informe jurídico emitido por el abogado de los promotores (Ignacio Díaz de Aguilar) desatendieron los mismos, acordando continuar desarrollando el plan en beneficio de los promotores y en contravención de la legislación aplicable".

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