Según Intervención, se fraccionan contratos pese a que está prohibido

El PP afirma que el "silencio" del Cabildo sobre las contrataciones "contribuye a acrecentar las dudas sobre presuntas ilegalidades"

El PP ha vuelto a denunciar "el silencio" que está mostrando el Cabildo de Lanzarote en relación a las adjudicaciones de contratos de servicios, consultorías y asistencias que se han realizado durante este ...

26 de septiembre de 2012 (17:17 CET)
El PP afirma que el silencio del Cabildo sobre las contrataciones contribuye a acrecentar las dudas sobre presuntas ilegalidades
El PP afirma que el silencio del Cabildo sobre las contrataciones contribuye a acrecentar las dudas sobre presuntas ilegalidades

El PP ha vuelto a denunciar "el silencio" que está mostrando el Cabildo de Lanzarote en relación a las adjudicaciones de contratos de servicios, consultorías y asistencias que se han realizado durante este presente ejercicio. Para la formación popular, esta actitud del grupo de gobierno "sólo contribuye a acrecentar las dudas sobre malas prácticas o presuntas ilegalidades que se pudieran estar cometiendo en materia de contratación".

El PP pidió hace dos meses al grupo de gobierno un informe sobre las contrataciones pero, de momento, sólo ha recibido "la callada por respuesta". Así, "ni se ha facilitado la documentación, ni se ha molestado en contestar al escrito", ha criticado el consejero Ángel Vázquez, a través de un comunicado.

Vázquez ha denunciado el "oscurantismo" de la gestión del Cabildo, presidido por Pedro San Ginés, y ha señalado que "la falta de transparencia, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en la tónica general de la acción de gobierno". "CC y PSOE se están saltando a la torera el derecho que tienen todos los miembros de la Corporación a disponer de la información que precisan para el desempeño de sus funciones, en este caso, de control y fiscalización de las contrataciones que se han llevado a cabo durante todos estos meses", ha indicado.

El informe de Intervención

En este sentido, se ha vuelto a referir a las advertencias realizadas recientemente por el servicio de Intervención del Cabildo, que señala "que el número de contrataciones temporales es muy elevado", al superar la cantidad de tres millones de euros en el 2011. En este informe de Intervención se advierte de que estas contrataciones "contradicen lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que establece que no se procederá a la contratación de personal temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables".

Vázquez también ha denunciado el hecho de que "se recurra a bajar los importes de los contratos para eludir el concurso público de determinados servicios". Precisamente, el informe de Intervención alerta de que se han encontrado "numerosos proveedores" que han facturado al Cabildo "más de 18.000 euros", que es el límite del contrato menor, y no consta la tramitación de expediente de contratación alguno. "Algunos de estos importes por el mismo objeto son muy elevados, tales como gastos en farmacia, agencia de viajes o limpieza", según Intervención.

Fraccionar contratos

En este documento, se señala que para todos estos gastos "no se ha tramitado procedimiento de contratación alguno, que cumpliendo los principios de publicidad y libre concurrencia, permita adjudicar los correspondientes servicios y suministros en condiciones más favorables para la Corporación, con el consiguiente ahorro". Pero, además, advierte de que mediante la práctica de utilizar numerosos contratos menores "se estaría incurriendo en el fraccionamiento de los contratos, práctica expresamente prohibida en el artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público".

En este artículo se expone que "no se podrá fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Precisamente por ello, el consejero del PP ha señalado que esta forma de actuar del grupo de gobierno no sólo "implicaría ir en contra de la normativa de contratación, sino que además se estaría perjudicando gravemente el interés económico de la propia institución".

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