Dos de los informes a los que apelaron los concejales y técnicos de Yaiza para justificar la concesión de la licencia de actividades clasificadas a Stratvs fueron enviados al Ayuntamiento por el propio empresario, a través de un fax del Grupo Rosa. Además, tanto el que era secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, como el técnico del área, Andrés Morales, confirmaron que esos informes no se “registraron” en el Consistorio y tampoco fueron “verificados”.
“Me llegaba el documento, lo estudiábamos y si había que hacer algo se hacía”, declaró Morales durante la primera jornada del juicio celebrado este lunes. “¿Y no se verificaba autenticidad del fax?”, le preguntó el fiscal Ignacio Stampa. “No me correspondía a mí”, contestó el técnico. “Yo cogía ese fax y si tenía que intervenir, intervenía”, añadió al hablar de cómo llegaron al Consistorio el único informe sanitario favorable –en el expediente había varios más negativos- y la autorización condicionada para la emisión de vertidos de la bodega.
Por su parte, el ex secretario admitió que “lo más normal” hubiera sido que esos informes los remitiera “el mismo técnico al Ayuntamiento”, aunque matizó que “no vulnera la ley” la incorporación de esos documentos “por Rosa o por quien fuera el interesado”. Ante esta respuesta, el fiscal le pregunto si “cualquier afectado puede enviar cuando quiera, a la hora que quiera, lo que le venga bien” para incorporarlo a un expediente abierto en el Consistorio. “El fax era el método habitual”, respondió Bartolomé Fuentes. “¿Se hacía con todos los vecinos?”, insistió el fiscal. “Si llegaba por fax…”, volvió a contestar el ex secretario.
“Tendría que haberse registrado”
No obstante, Vicente Bartolomé Fuentes admitió que tampoco “es normal” que esos informes no fueran oficialmente registrados en el Ayuntamiento. “Tendría que haberse registrado. A parte de incorporarlo al expediente, pasarlo al Registro”, declaró en el juicio el ex funcionario, que en esa época debía actuar como garante de la legalidad en los expedientes municipales. “Lo que no quiere decir es que el acta no exista”, precisó a continuación, defendiendo la validez de uno de esos informes. Y es que a ese dictamen aludió Bartolomé Fuentes de forma reiterada en su declaración, para justificar su propio informe favorable y el hecho de que no advirtiera a los concejales de los informes negativos que también constaban en el expediente, y que según el ex secretario no vio ni leyó.
“¿Y éste por qué sí lo vio?”, le preguntó el fiscal en referencia al enviado desde el Grupo Rosa, a lo que el ex secretario no dio respuesta, limitándose a remitirse al técnico de actividades clasificadas. Ese técnico al que no puso nombre, según su declaración, asistió a la Junta de Gobierno y fue el encargado de “abrir” la carpeta del expediente y explicar el contenido de los informes, aunque su presencia no consta en el acta de la sesión.
Al igual que el ex secretario, la alcaldesa y los ediles que participaron en esa Junta de Gobierno también aludieron a la presencia en la reunión del técnico de actividades clasificadas, aunque ninguno lo identificó. No obstante, en la vista apuntaron que el único técnico del área en esa época era otro de los acusados que se sientan en el banquillo, Andrés Morales.
Analizar si se ajustaba al PIOT “no entraba en sus competencias”
En su declaración, a preguntas del fiscal, Morales explicó que entró en el Ayuntamiento en el año 2000, tras una entrevista con el entonces alcalde, José Francisco Reyes. Y no recuerda que Reyes le preguntara en esa entrevista por sus conocimientos en actividades clasificadas, aunque después le encomendaron esas tareas.
Sobre su participación en el expediente de Stratvs, señaló que él debía comprobar si el uso que iba a autorizarse estaba previsto en ese tipo de suelo, pero “solo en función del planeamiento municipal”. Según él, no debía verificar si el Plan Insular permitía ese uso, porque “no entraba en sus competencias”. Incluso, sobre el planeamiento municipal, señaló que consideró que “era más relevante la resolución del Gobierno de Canarias” –que autorizó la construcción de un almacén de 900 metros y la rehabilitación de una vivienda preexistente- “que el Plan General del 73”.
Además, a preguntas de su abogado, precisó que no visitó la bodega antes de realizar su informe, por lo que aseguró que no sabía que el complejo ya estaba construido y que, según señala la instrucción de esta causa, tenía más de 12.000 metros cuadrados. Y tampoco sabía que incluía una tienda y un restaurante que no tenían ningún tipo de permiso ni cobertura legal.
Respecto a la autorización del Gobierno de Canarias, a la que se refirieron todos los acusados, cabe recordar que su concesión se juzgará en la otra pieza del caso Stratvs. En ella también están acusados los técnicos y cargos públicos del Ejecutivo regional que intervinieron en la concesión de ese permiso, que aún así no da cobertura a todo lo que se construyó en este espacio protegido.
