A prisión el general de la Guardia Civil y libertad con cargos al resto de detenidos en el Caso Mediador

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el ingreso en prisión provisional del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas por su presunta implicación en el caso Mediador, relacionado con una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero y alimentario.

Se trata, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del único detenido en esta causa que se ha ordenado su ingreso en prisión ya que otras ocho personas que han declarado esta tarde ante la jueza han sido puestos en libertad con medidas cautelares, como la obligación de comunicación cambio de residencia.

A todos se les investiga por posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho, pertenencia a organización criminal, falsificación y tráfico de influencias.

Francisco Javier Espinosa Navas, a quien se le ha impuesto prisión provisional comunicada e incondicional, fue jefe de la Comandancia de Las Palmas hace una década y según han publicado los medios de Canarias, también se investiga el origen de una importante cantidad de dinero en efectivo hallada su domicilio.

Entre los investigados se encuentra el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes (PSOE), que fue destituido des funciones el pasado verano por "pérdida de confianza", y su antecesor en el cargo y diputado del grupo Socialista en el Congreso hasta el martes, Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Ambos han sido suspendidos de militancia por parte de la dirección del PSOE.

En la mañana de este jueves, la juez dejó en libertad provisional a las tres personas a las que ya había tomado declaración, con varias medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y obligación de comparecer ante un Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

A estos tres implicados, se les imputa cargos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

En este caso, se investigan supuestas extorsiones a empresas del sector ganadero a cambio de evitar inspecciones sanitarias o de agilizar o desbloquear expedientes de ayudas europeas.