“No sé si he dicho eso”, “yo no he dicho nada de favores”, “no lo he afirmado”, “creo que no hice ningún comentario denigratorio”, “no he insinuado” y “todo eran opiniones”. Ésas fueron algunas de las respuestas que dejó el periodista Francisco Chavanel durante el juicio al que se enfrentó el pasado viernes, por la demanda interpuesta contra él por el fiscal Ignacio Stampa, por vulnerar su derecho al honor.
“No creo que sea un fiscal corrupto, en absoluto. No he dicho eso y tampoco lo creo”, llegó a sentenciar Chavanel durante el juicio, que se prolongó durante casi 10 horas y terminó poco antes de las 9 de la noche. Sin embargo, tanto el demandante como el Ministerio Fiscal consideran que eso es precisamente lo que ha venido haciendo este periodista desde el año 2014, aunque no lo afirmara directamente. “Una cosa es que un cargo público esté sometido a la crítica, y otra que se le imputen delitos”, sostuvo al presentar sus conclusiones la fiscal, que insistió en que Chavanel ha informado sobre hechos “falsos” y “sin contrastar”.
Por eso, el Ministerio Público pidió que se dicte una sentencia condenatoria y se estime la demanda presentada contra Chavanel, contra la productora de su programa de radio, el Escorpión de Jade, y contra el diario Canarias 7, por los comentarios vertidos en la radio y por los artículos publicados en el diario regional.
“Si no hay insultos no hay vulneración del derecho al honor”
Por su parte, tanto la abogada del periodista como los de los dos medios codemandados insistieron en negar que se hubieran vertido comentarios denigratorios o injuriosos contra el fiscal, ni que se le hubieran imputado delitos. “Creo que de verdad que el señor Chavanel es Mickey Mouse”, llegó a afirmar el abogado de Canarias 7, al comparar los programas de radio que se escucharon durante el juicio con “otros que se oyen en España”. Sin embargo, tal como reconoció el propio periodista, su actuación generó una reacción “inédita” por parte del Consejo Fiscal, que en julio de 2014 tuvo que intervenir emitiendo un comunicado en el que daba amparo a Ignacio Stampa y pedía que cesaran “los ataques contra su honor”.
“Un cargo público tiene que aguantar hasta insinuaciones de que ha cometido delitos”, afirmó por su parte el abogado de Canarias 7. Y para sostenerlo se basó en una sentencia que estimó solo parcialmente una demanda interpuesta por el ex presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, contra un medio de comunicación de Tenerife. En aquel caso, según destacó el letrado, la condena se impuso solo por los insultos directos que se profirieron contra el demandante, como “enano, hijo de puta, memo, morralla, mentecato y chucho”. “Si no hay insultos, no hay vulneración del derecho al honor”, concluyó el abogado de Canarias 7.
Tanto este letrado como el resto de las defensas insistieron en que en los programas y artículos que se analizan en esta demanda, Chavanel solo utilizó la palabra “sheriff” para referirse Ignacio Stampa (aunque entre otras también llamó “gallos de corral” a este fiscal y al juez César Romero Pamparacuatro), y en que eso no es un “insulto”. Y sobre el resto de sus afirmaciones, alegaron que en la demanda no hay frases “entrecomilladas” y en que “no se puede pretender una condena en base a una interpretación” de lo que dijo y escribió Chavanel.
A esto, el abogado de Stampa respondió que el problema no es lo que dijera literalmente, sino lo que “venía a decir”, “que es lo que trasciende a la opinión pública”. “Son muy importantes el tono, la modulación, la ironía, el sarcasmo, la reiteración”, agregó. Y lo mismo señaló la fiscal, que apuntó que todas las afirmaciones que fue realizando Chavanel son “suficientes para generar en el destinatario” la idea de que hay “personas que están cometiendo delitos”. De hecho, la fiscal recordó que se llegaron a ver pintadas en Arrecife llamando “corrupto” al fiscal, y también hizo referencia a las llamadas de oyentes al programa de Chavanel, diciéndole que “si no fuera por él no conoceríamos lo malos, malos que son” los jueces y los fiscales que han investigado las principales causas de corrupción abiertas en Lanzarote.
Una “media” de “127 personas” leía sus artículos en Internet
En la demanda, se solicita una indemnización de 350.000 euros, de los que deberían responder de forma solidaria el periodista, su productora y Canarias 7. Al respecto, el abogado del demandante citó sentencias que “por un único artículo” han impuesto condenas de 30.000 euros, por lo que considera que en este caso, con “decenas” de programas de radio y artículos publicados, la cifra que reclaman es ajustada.
Por su parte, las defensas consideraron excesiva esta cantidad. Además, tanto el director de Canarias 7 como el abogado de este medio hicieron referencia al escaso seguimiento que tenían los artículos de Chavanel. Según el letrado, sus columnas tenían “una media de 127 visitas” en la edición digital del periódico. “Un 0,02 por ciento de los lectores”, subrayaron ambos. “Ni uno solo de los días en que se publicaron los artículos subieron las ventas. No ha generado ningún beneficio, al contrario”, agregó sobre la edición de papel.
En cuanto a la radio, Francisco Chavanel descargó en otro periodista que colabora en el programa, Valentín Auyanet, la responsabilidad de haber sacado temas relativos a familiares de Stampa. En uno de los casos, Auyanet declaró en el juicio que su “fuente” era “un” abogado al que, a su vez, supuestamente, se lo contaron dos presos en Tahíche. En el otro, la supuesta información partía de algo que se había publicado seis años antes y que, según él, se limitó a “reproducir”. Y en ambos casos, quedó claro que no lo contrastó ni confirmó con nadie más antes de difundirlo en la radio.
“La falsedad de todo lo que se afirma se cae por todos los lados”, sostuvo el abogado de Stampa, señalando que llegaron a “poner en duda que mi cliente haya pagado el alquiler” de su casa, cuando han aportado todo los recibos de pago, o a intentar vincularle a una persona diciendo que le había comprado un coche, cuando lo cierto es que adquirió su vehículo en otra empresa que no tenía nada que ver. “No ha contrastado absolutamente nada”, insistió el abogado.
La opinión no tiene “exigencia de veracidad”, según la defensa
El otro eje de la defensa se centró en sostener que lo que Chavanel daba no era información, sino “opiniones”, y que por tanto no tenían la “exigencia de veracidad”. Es decir que, según ellos, se puede opinar vertiendo mentiras, amparándose en el derecho a la libertad de expresión. “No pueden decir que era opinión cuando a la vez afirman que eran pioneros en destapar esta información”, respondió el abogado de Stampa, haciendo referencia a la declaración que previamente habían prestado el propio Chavanel y Valentín Auyanet. En cualquier caso, “tanto si es información como si es opinión, está imputando a mi cliente la comisión de delitos”, subrayó el letrado, que considera que indirectamente se acusó al fiscal de “prevaricación, tráfico de influencias y hasta de cohecho”.
Por su parte, la representante del Ministerio Público subrayó que el problema no es que este periodista opinara del ejercicio de Stampa como fiscal, sino que difundiera supuestas informaciones sobre su vida privada o sobre su familia, que ni siquiera eran ciertas, vinculándolas a su intervención en procedimientos judiciales, como si por ello se hubiera dejado de imputar a determinadas personas o se hubiera, según él, “perseguido” a otras. “Una cosa es ser objeto de críticas en relación a algo que has hecho y otra es serlo sobre lo que no es cierto”, insistió la fiscal.
Y esto mismo lo hizo extensible a otras afirmaciones que ha venido realizando Chavanel, como que Stampa fue “apartado” del caso Unión por supuestas “irregularidades” en su intervención. Incluso, en su programa se llegó a afirmar repetidamente que el fiscal decano de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, había dado una rueda de prensa en Arrecife para explicarlo, cuando esa rueda de prensa ni siquiera existió. Lo único que hubo fue unas declaraciones realizadas en el año 2009 por Ródenas, por teléfono, y precisamente a La Voz de Lanzarote, en las que explicaba que la Fiscalía había decidido “reorganizarse”, ante la dimensión que estaba alcanzando el caso Unión, dado que Stampa debía centrarse en otros casos del área de Medio Ambiente, como el caso Yate, que también tuvo un estallido ese año con la detención del ex alcalde, José Francisco Reyes, y varios miembros de su familia.
No obstante, aunque entonces la mayoría de las piezas de Unión fueron asumidas personalmente por Javier Ródenas y por el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, Stampa volvió a intervenir cuando estalló la segunda fase de Unión, la Operación Jable, y continuó llevando algunas piezas de esa causa, como la de Proselan, en la que representó al Ministerio Fiscal durante el juicio, y que ya tiene incluso sentencia firme del Tribunal Supremo. Y también siguió a cargo del caso Stratvs y asumió después el caso Montecarlo.
“En vez de reflexionar, bramó contra el Consejo Fiscal”
Lejos de ser “apartado” o cuestionado, como ha venido repitiendo Chavanel, lo cierto es que la Fiscalía ha otorgado una mayor responsabilidad a Ignacio Stampa, ya que el pasado año fue asignado a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, donde está ejerciendo actualmente. Y esto se suma al comunicado de amparo que llegó a emitir el Consejo Fiscal en 2014, en el que respaldaba su labor y pedía que cesaran los “ataques” contra él. En ese comunicado, el Consejo ya advertía con posibles acciones legales, ya que consideraba que "sin llegar a afirmar de manera directa hechos delictivos concretos”, sí se estaban “formulando insinuaciones difamantes”.
“En ese momento, una persona más reflexiva hubiera analizado si lo que venía diciendo era cierto”, señaló el abogado del demandante, subrayando que “en vez de reflexionar si tenía algún tipo de razón”, la reacción de Chavanel al día siguiente de emitirse ese comunicado fue “bramar contra el Consejo Fiscal” y “proferir exclamaciones retadoras”. De hecho, más allá de los programas de radio que se analizan en esta demanda, hay otros posteriores en los que incluso se intensificaron los ataques, no solo a Stampa sino a otros fiscales, jueces instructores, magistrados de la Audiencia y hasta a la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, en el caso de Canarias 7, dejaron de publicarse artículos de Chavanel, coincidiendo con la interposición de esta demanda. “El parón evidencia que Canarias 7 es consciente de que ha hecho algo mal. Por eso paran”, subrayó el abogado del demandante. “Fue por otros motivos que nada tienen que ver con esto”, respondió por su parte el abogado de este periódico. Y lo mismo sostuvo el director del medio, Francisco Suárez Álamo, que también compareció en la vista como parte demandada. “Yo no le di una orden de que de dejase de publicar sobre el caso Unión o sobre Lanzarote”, “dejó de publicar porque terminó la relación que tenía. Yo no recuerdo que fuera porque dejara de publicar de Unión”, sostuvo.
Sus fuentes, “amiguetes o gente interesada”
“Ha hablado con amiguetes, o con gente interesada que le dice lo que quiere, y el señor Chavanel monta con eso la teoría conspiradora que nos trae hoy aquí”, subrayó el abogado de Stampa, en referencia a uno de los mensajes más repetidos por este periodista, que llegó a hablar de un “asadero revestido de fiesta” en un apartamento de Famara donde, según él, se gestó el caso Unión, vinculando hasta a Rubalcaba y al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según Chavanel, todos se unieron a fundaciones culturales, medios de comunicación, jueces, fiscales y agentes de la UCO para “conseguir un propósito que es la demolición del PIL”.
“Unos abogados o no sé quién le dicen que hay una fiesta y monta una teoría de la conspiración. Y eso siendo buenos, porque a lo mejor es que está defendiendo otros intereses de alguna persona imputada en Unión”, subrayó el letrado. Al respecto, cabe recordar que el nombre de Chavanel aparece en el sumario del caso Unión, entre otras cosas en una conversación entre Dimas Martín y Francisco Rodríguez Batllori, en la que hablan de mantener un encuentro con este periodista para iniciar una campaña de lavado de imagen del líder histórico del PIL tras su salida de prisión (en ese momento Dimas estaba cumpliendo condena por el caso del Complejo).
Además, mientras cargaba públicamente contra los instructores del caso Unión y del caso Stratvs, Chavanel también trabajaba para el principal acusado en esa causa, Juan Francisco Rosa, como colaborador en sus medios de comunicación, del grupo Lancelot. Y según señaló el abogado del demandante, los ataques contra el fiscal comenzaron después de la bodega Stratvs, propiedad de Rosa, fuera cerrada por orden judicial. Hasta ese momento, el periodista ya venía cargando contra el primer juez de Unión, César Romero Pamparacuatro, pero a partir de ahí “hizo diana” también en Stampa.
La juez instructora del caso Stratvs, Silvia Muñoz, que además es quien ha terminado la instrucción de Unión, también declaró como testigo en el juicio y se refirió a la labor de Stampa destacando su “intervención rigurosa, técnica y muy profesional” y subrayando que es “un fiscal que se toma muy en serio los asuntos”. Además, tachó de “falsas” algunas de las afirmaciones vertidas por este periodista, incluyendo una supuesta reunión con “dos altas funcionarias de Yaiza” que no existió. Y también apuntó que ella misma se reserva la posibilidad de iniciar acciones contra Francisco Chavanel, ya que de la mano de esta demanda ha tenido conocimiento de algunos de los ataques que ha lanzado contra ella. Cabe recordar que además de este juicio, el periodista tiene otro pendiente con César Romero Pamparacuatro, que también ha presentado una demanda contra él.
Nunca “contactó con el Juzgado para interesarse por el caso”
“Chavanel en ningún momento se puso en contacto con el Juzgado para interesarse por el caso”, señaló la fiscal, repitiendo así lo expresado por la actual instructora de Unión. En su declaración, la magistrada explicó que dado el interés mediático generado por el caso Unión, el Juzgado “ha colaborado siempre con el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, que es el que canaliza la información hacia los medios. Y a través de él se atendió “a los periodistas” de medios insulares, regionales e incluso nacionales, “que llegaban interesados por aspectos concretos”, ya que en ese momento “no había datos protegidos porque era la fase final de la instrucción”.
Sin embargo, pese a defender que en su programa han sido “pioneros” en la información del caso Unión -o en lo que él definió en el juicio como “la trama del caso Unión”-, este periodista nunca intentó acceder a información oficial de la causa. “Del señor Chavanel nunca se ha pedido un contraste de ninguna noticia”, señaló la juez, subrayando que Francisco Chavanel no intentó contactar ni directamente con el Juzgado, ni a través del gabinete oficial de prensa, para contrastar alguna de las informaciones que difundía y que, en realidad, no se centraba en los investigados, acusados y condenados, sino en los investigadores.
Según el abogado del demandante, Chavanel se basaba en “sus fuentes, sus amiguetes, gente oscura y desconocida para todos los que estamos aquí. Pero no son las fuentes de las que hay que beber cuando se habla de temas judiciales y de jueces y fiscales”. Sobre este tema le preguntó al letrado al periodista durante su declaración: “Yo no le voy a decir aquí cuáles son mis fuentes”, respondió. “Le está preguntando cómo contrasta la información”, intervino el juez Manuel Cerrada Moreno. “Hablando con fuentes. Con abogados, personas que están cercanas… Y con los propios documentos”, agregó entonces, haciendo referencia a lo que más nombraron las defensas durante el juicio: lo que ellos llaman “el informe Barrancos”.
“No vamos a revisar aquí el caso Unión”
Durante la larga y tensa vista, el juez tuvo que intervenir en repetidas ocasiones para rechazar preguntas y para repetirles a las defensas cuál era el objeto de ese procedimiento. “No vamos a hacer una causa general”, “no vamos a revisar aquí el caso Unión” o “no entiendo que (el demandante) tenga que entrar a explicar por qué una persona fue o no imputada” fueron algunas de sus frases durante el juicio, en el que en varias ocasiones las defensas utilizaron expresiones como “el caso Unión y el caso Stratvs es lo que nos trae aquí hoy”. “No, señora letrada”, le volvió a interrumpir el juez, insistiendo de nuevo en que lo que se juzga en este procedimiento es si se ha vulnerado el honor de Ignacio Stampa.
Y es que aunque Chavanel negó haber tratado de desacreditar a Stampa o haberle imputado delitos, durante el juicio también intentó “repetir todo lo que dijo en sus programas”, según cuestionó el abogado del demandante. “Lo que digo es que la praxis ha sido como mínimo irregular por parte del señor Stampa”, declaró el periodista, que volvió a referirse al “informe Barrancos”, afirmando que para él “va a misa”.
“El informe Barrancos no es objeto de las lesiones al derecho al honor”, volvió a aclarar el juez. Ese informe fue elaborado por una de las juezas que llevó durante un tiempo la instrucción del caso Unión, Lucía Barrancos, y estaba dirigido al órgano jerárquico de los jueces, para pedir un juez de refuerzo, explicando la situación que se había encontrado en el Juzgado y en particular en esta macrocausa de corrupción. Según señala la última sentencia del caso Unión, conocida el pasado viernes, “no es sino un informe gubernativo y no una resolución jurisdiccional que declare nulidad alguna”. De hecho, pese a la insistencia de los acusados, ninguno de los jueces y tribunales que han emitido sentencias hasta ahora en el caso Unión han visto una sola causa de nulidad en la instrucción. Tampoco ese último fallo condenatorio, por la pieza de Los Rostros, que se conoció precisamente mientras se celebraba esta vista.
