La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha ampliado la investigación del caso Cuarteles, una presunta trama de corrupción que investiga las posibles irregularidades en las adjudicaciones de contratos rehabilitación y pintura de acuartelamientos de la Guardia Civil al empresario de Lanzarote Ángel Ramón Tejera por trabajos que no se realizaban o se hacían a medias, y ha añadido un posible delito de cohecho.
La jueza ve indicios de un posible delito de cohecho o soborno en la actuación de los cuatro investigados: el empresario de Lanzarote Ángel Ramón Tejera, alias "Mon", el exresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila Carlos Alonso Rodríguez, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, así como un trabajador por cuenta propia.
Además de los delitos de falsedad continuada en documento oficial y malversación que hasta el momento investigaba, la magistrada ha ampliado la imputación a un delito de cohecho, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, que recientemente apuntó a los indicios existentes de este tipo penal en el caso, según ha adelantado El Periódico de España y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
La jueza Isabel Durántez ha dictado un auto en el considera que la causa debe ser transformada en un procedimiento ante el tribunal del jurado y cita a los cuatro investigados el próximo 17 de mayo para celebrar la "vistilla" prevista en el artículo 25 de la Ley del Tribunal de Jurado, en la que todas las partes son convocadas para concretar las imputaciones o bien instar al sobreseimiento, y para solicitar las diligencias que consideren necesarias.
El 17 de mayo es el día que ya tenía previsto comparecer el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez a petición propia. Ahora, además de él, deberán hacerlo el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil; el empresario Ángel Ramón Tejera de León y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador y otro empresario.
En este caso la magistrada investiga si, como denunció Asuntos Internos del Instituto Armado, hubo irregularidades en la adjudicación de obras de trece comandancias de toda España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas a Tejera de León por un valor total de 3,3 millones de euros entre 2008 y 2019.
Ahora la causa, de la que recientemente se ha hecho cargo por parte de la Fiscalía la fiscal Virna María Alonso Fernández, especializada en asuntos económicos, está pendiente de la elaboración de un peritaje para dilucidar si las obras acometidas son acordes con las facturas.
