Cuarenta años de complacencia, pérdida de exigencia y deterioro institucional: ¿cuánto tiempo más vamos a mirar hacia otro lado?
Hay noticias que nos indignan, otras que nos entristecen y algunas que deberían obligarnos, de una vez por todas, a hacernos preguntas incómodas. El accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo, con la colisión de dos trenes de alta velocidad, es una de ellas.
Mientras se esclarecen los hechos y se atiende a los afectados, hay una cuestión que no podemos dejar de plantear: ¿estamos haciendo todo lo necesario para que las infraestructuras y los servicios esenciales de nuestra sociedad funcionen con las máximas garantías de seguridad?
No pretendo sustituir a los investigadores ni dictar una sentencia antes de conocer las causas. Pero tampoco creo que debamos limitarnos a esperar un informe técnico, escuchar unas declaraciones institucionales y pasar página hasta la próxima tragedia. Porque el problema de fondo, si queremos abordarlo con honestidad, es mucho más profundo que un accidente concreto.
Cuarenta años de deterioro silencioso
Durante décadas hemos asistido, con una preocupante normalidad, al progresivo deterioro de determinados principios que deberían ser innegociables: la responsabilidad, la competencia, el rigor, la exigencia y el respeto por el trabajo bien hecho.
Hemos aprendido a convivir con la mediocridad, a justificar los errores, a convertir las responsabilidades en excusas y a confundir la gestión con la propaganda. Se anuncian inversiones, se presentan planes, se inauguran proyectos y se multiplican las promesas. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿funciona realmente aquello que está bajo nuestra responsabilidad?
Una sociedad no se sostiene únicamente con presupuestos, edificios, tecnología o discursos. Se sostiene con personas preparadas, sistemas de control eficaces, mantenimiento constante y responsables que comprendan que sus decisiones pueden tener consecuencias irreversibles.
Cuando esas condiciones se debilitan, el deterioro no siempre se percibe de inmediato. A veces avanza lentamente, oculto tras una apariencia de normalidad, hasta que un día aparece una grieta que ya no puede disimularse. Y entonces nos preguntamos cómo ha podido suceder.
La ficción de que todos somos iguales
Hay una idea que se ha instalado en nuestra sociedad y que, por incómoda que resulte cuestionarla, merece una reflexión profunda: la confusión entre igualdad de derechos e igualdad de capacidades.
No, no somos todos iguales en nuestras aptitudes, nuestras facultades intelectuales, nuestra capacidad de análisis, nuestra disciplina o nuestra habilidad para resolver problemas. Tenemos la misma dignidad como personas y debemos disfrutar de los mismos derechos fundamentales, pero eso no significa que todos tengamos las mismas capacidades para desempeñar cualquier tarea. Fingir lo contrario no es progresismo: es negar una realidad evidente.
El papel de la educación no debería ser disimular esas diferencias, sino ofrecer a cada persona las herramientas necesarias para desarrollar al máximo sus capacidades. Al mismo tiempo, debe exigir a cada alumno que alcance los conocimientos y las competencias que corresponden al nivel que pretende superar.
Sin embargo, cuando la obsesión por la promoción generalizada se impone sobre el aprendizaje, cuando serebajan los criterios para evitar el fracaso y cuando el título acaba convirtiéndose en un trámite administrativo, se produce una perversión del sistema: se puede terminar acreditando una preparación que no se corresponde con los conocimientos reales de quien recibe ese diploma.
Y las consecuencias no se limitan a las aulas. Cuando una sociedad deja de distinguir entre aprobar y saber, entre obtener un título y dominar una profesión, corre el riesgo de colocar a personas insuficientemente preparadas en puestos cuyas exigencias superan sus capacidades. No necesariamente por falta de inteligencia natural, sino por carencias de formación, experiencia, criterio o aptitud para asumir determinadas responsabilidades.
El problema alcanza su máxima gravedad cuando esos puestos implican gestionar infraestructuras críticas, tomar decisiones médicas, administrar justicia o dirigir instituciones de las que depende la seguridad y el bienestar de miles de personas. Un título debería certificar una competencia demostrada, no servir de coartada para presumir de una preparación que no existe.
La verdadera igualdad de oportunidades consiste en permitir que todos puedan formarse, progresar y demostrar lo que saben hacer. No consiste en garantizar que todos obtengan los mismos resultados, independientemente de sus conocimientos o de su esfuerzo. Y mucho menos consiste en fingir que cualquier persona está capacitada para ejercer cualquier función.
Una sociedad responsable no humilla a quien necesita más tiempo para aprender ni abandona a quien tiene dificultades. Pero tampoco engaña a nadie regalándole una acreditación que no refleja su preparación. Apoya, forma, evalúa y exige. Y cuando alguien no alcanza los requisitos necesarios, debe ofrecerle la posibilidad de mejorar, no fingir que ya está preparado.
Porque la indulgencia mal entendida en la educación puede convertirse, años después, en incompetencia dentro de las instituciones. Y cuando la incompetencia se instala en puestos de responsabilidad sin controles adecuados, las consecuencias pueden afectar a toda la sociedad.
No necesitamos una educación que fabrique expedientes brillantes a costa de vaciar de contenido los conocimientos. Necesitamos una educación que forme personas capaces de pensar, de comprender, de resolver problemas y de asumir responsabilidades. La igualdad debe garantizar que todos tengan la oportunidad de llegar tan lejos como sus capacidades y su esfuerzo les permitan; no obligar a la sociedad a fingir que todos están preparados para llegar al mismo lugar.
La competencia no se presume: se demuestra. Y cuanto mayor es la responsabilidad, mayor debe ser la exigencia.
El problema no termina en los ferrocarriles
Esta reflexión afecta también a la medicina, a la justicia, a la educación, a la administración pública y a todos los pilares esenciales de nuestra sociedad.
En medicina, la preparación y la actualización profesional pueden marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal. En la justicia, el rigor y la independencia son indispensables para proteger los derechos de los ciudadanos. En la educación, la calidad de la enseñanza condiciona las oportunidades de las generaciones futuras. En los transportes y las infraestructuras, el mantenimiento, los protocolos y la capacidad de reacción son cuestiones de seguridad pública.
En todos estos ámbitos necesitamos profesionales competentes, instituciones que funcionen y responsables dispuestos a rendir cuentas. No basta con ocupar un cargo. No basta con disponer de un presupuesto. No basta con presentar un expediente impecable si la realidad demuestra que el sistema falla.
Y tampoco basta con buscar un culpable individual cuando se produce una catástrofe. Si la investigación identifica un error humano, habrá que determinar por qué ocurrió, qué controles existían, si se cumplieron los procedimientos y si el sistema estaba diseñado para detectar o impedir ese error. Porque un sistema verdaderamente seguro no puede depender de que todas las personas acierten siempre. Debe ser capaz de prevenir los fallos, detectarlos a tiempo y evitar que un error se convierta en una tragedia.
La responsabilidad política no puede desaparecer
Cada vez que sucede una desgracia, asistimos al mismo ritual: declaraciones de pesar, promesas de investigación, anuncios de medidas y apelaciones a la prudencia. Todo ello puede ser necesario, pero no es suficiente.
La responsabilidad política consiste también en anticiparse a los problemas, garantizar el mantenimiento, invertir con criterio, evaluar los resultados y corregir las deficiencias antes de que sea demasiado tarde. Si durante años se han tomado decisiones equivocadas, si se han desatendido advertencias o si se han debilitado los mecanismos de control, esas decisiones deben examinarse y sus responsables deben responder por ellas cuando corresponda.
No es serio atribuir automáticamente cualquier accidente a cuarenta años de mala gestión. Pero tampoco sería serio descartar de antemano la influencia de decisiones acumuladas durante décadas. Para establecer esa relación hacen falta pruebas, documentación y una investigación independiente. Lo que sí podemos exigir desde ahora es transparencia, rigor y rendición de cuentas. Sin cortinas de humo. Sin propaganda. Sin utilizar el dolor de las víctimas como instrumento de confrontación política.
Una sociedad no puede permitirse vivir de las apariencias
El verdadero progreso no consiste en presumir de modernidad, sino en garantizar que lo esencial funcione. No consiste en repartir reconocimientos, sino en premiar el mérito. No consiste en cubrir puestos, sino en asegurar que quienes los ocupan estén preparados para desempeñarlos.
Hemos de recuperar la cultura del esfuerzo, la exigencia en la educación, la responsabilidad en la gestión y el respeto por la competencia profesional. Debemos dejar de considerar cualquier crítica como un ataque y empezar a entenderla como una oportunidad para corregir lo que no funciona. Y, sobre todo, debemos abandonar la idea de que siempre habrá alguien que resolverá las consecuencias de nuestros errores.
Porque cuando fallan los sistemas de seguridad, no es un informe el que sufre. Cuando falla la medicina, no es una estadística la que espera un diagnóstico. Cuando falla la justicia, no es un expediente el que pierde sus derechos. Y cuando falla un sistema ferroviario, no son cifras las que viajan dentro de los trenes. Son personas. Son familias. Son vidas.
La tragedia no debe convertirse en una sentencia dictada antes de la investigación, pero tampoco en una noticia que olvidaremos mañana.
El problema no es quién gobierna, sino el sistema que hemos construido
Y llegamos, finalmente, al fondo del problema. Quizá nos estemos equivocando al buscar siempre un culpable en el político de turno, en el ministro que comparece ante las cámaras o en el responsable que ocupa circunstancialmente un determinado despacho. Es demasiado fácil señalar al último que ha llegado y creer que, sustituyéndolo por otro, todo empezará a funcionar de nuevo.
Pero ¿y si el problema fuera mucho más profundo? ¿Y si lo que está fallando no fuera un gobierno concreto, sino un sistema que lleva cuarenta años consolidándose, alimentándose de sus propias contradicciones y sobreviviendo gracias a la alternancia de partidos que, con diferencias ideológicas y responsabilidades distintas, no han conseguido corregir sus deficiencias estructurales?
Un sistema que ha permitido, en demasiadas ocasiones, que la apariencia prevalezca sobre la competencia, la propaganda sobre los resultados, el corto plazo sobre la planificación y la supervivencia política sobre el interés general. Un sistema en el que las responsabilidades se diluyen, los errores rara vez se traducen en cambios profundos y cada nueva legislatura parece comenzar de cero, como si nada de lo sucedido anteriormente mereciera una revisión seria.
Por eso me cuesta creer que las próximaselecciones, por sí solas, vayan a resolver este problema. Ganará un partido u otro, cambiarán los nombres, los discursos y las promesas. Habrá nuevas declaraciones de intenciones y nuevas esperanzas depositadas en quienes lleguen al poder. Pero, si las reglas de funcionamiento siguen siendo las mismas, si no recuperamos la exigencia educativa, la selección por mérito y capacidad, la responsabilidad de los gestores y la obligación de rendir cuentas, corremos el riesgo de continuar recorriendo el mismo camino.
No se trata de afirmar que todas las opciones políticas sean idénticas ni que votar carezca de sentido. Se trata de comprender que ningún cambio de gobierno puede sustituir a una transformación profunda de las instituciones, de los criterios con los que seleccionamos a nuestros responsables y de la cultura de exigencia que esperamos de quienes desempeñan funciones esenciales.
Y aquí es donde la indignación se convierte en tristeza. Porque quienes terminarán pagando el precio de nuestras renuncias no seremos solamente nosotros. Serán nuestros hijos. Serán las generaciones que heredarán unas infraestructuras, unas instituciones y un sistema educativo cuyo estado dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Serán ellos quienes tendrán que desenvolverse en una sociedad en la que la confianza en las instituciones, el valor del conocimiento y el respeto por la competencia profesional deberían ser pilares irrenunciables.
¿Qué futuro les estamos preparando si dejamos de exigir que las cosas se hagan bien? ¿Qué esperanza podemos ofrecerles si les enseñamos que los títulos importan más que los conocimientos, que ocupar un puesto importa más que estar preparado para ejercerlo y que los errores de quienes mandan terminan siempre diluyéndose en declaraciones y promesas?
Una sociedad puede recuperarse de una crisis económica. Puede reconstruir una infraestructura y reparar una institución dañada. Lo que resulta mucho más difícil es reconstruir la confianza cuando varias generaciones han aprendido a desconfiar de quienes deberían garantizar el buen funcionamiento de lo público.
No sé qué partido ganará las próximas elecciones. Lo que sí sé es que, si seguimos confundiendo el cambio de caras con el cambio de sistema, dentro de unos años estaremos planteando las mismas preguntas, lamentando nuevos fracasos y buscando nuevamente responsables cuando el daño ya esté hecho.
Y esa es, quizá, la conclusión más triste de todas: que no basta con cambiar a quienes gobiernan si no somos capaces de cambiar aquello que permite que los mismos errores se repitan. Porque no estamos hablando solamente de política, de educación o de trenes. Estamos hablando del tipo de sociedad que queremos dejar a nuestros hijos. Y si no somos capaces de recuperar la exigencia, la responsabilidad, el mérito y el respeto por el trabajo bien hecho, tendremos que aceptar que una parte de la responsabilidad por ese futuro que tanto nos preocupa también será nuestra.
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