El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ha rechazado retrasar la declaración de los consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo, que deberán comparecer este viernes en calidad de investigados por la presunta falsificación del reglamento en el que se basaron para expulsar a Juan Manuel Sosa del grupo.
Tras su citación, Samuel Martín, Oscar Pérez, David de la Hoz, Domingo Cejas, Migdalia Machín y Tania Ramón Espinosa presentaron un escrito pidiendo que se retrasara su declaración, para poder tener "conocimiento de los hechos investigados con antelación suficiente para preparar su defensa". Sin embargo, el juez ha rechazado su solicitud.
“No ha lugar a la suspensión de las declaraciones señaladas para el día 27 de mayo de 2022, y ello, en primer lugar, porque ha mediado suficiente tiempo entre la citación y el señalamiento”, señala el magistrado en su resolución.
Además, a esto suma que todos los investigados han designado al mismo abogado (Ignacio Luis Acha García) y a la misma procuradora (Noelia Lemes Rodríguez) que ya tenía su compañero Pedro San Ginés en esta causa, “de modo que ambos profesionales tienen pleno conocimiento de las actuaciones”
"Determinar si fue una creación ad hoc"
El procedimiento se inició por una querella de Juan Manuel Sosa contra San Ginés, que ya estaba imputado en esta causa por un presunto delito de coacciones. En la denuncia, Sosa afirmaba que recibió amenazas de Pedro San Ginés instándole a que entregara su acta en el Cabildo, y la Audiencia Provincial ordenó al Juzgado que lo investigara.
Después, Sosa presentó una ampliación de la denuncia, que también fue admitida a trámite y es la que ha llevado a la imputación del resto de consejeros de CC.
Esa ampliación se basa en su posterior expulsión del grupo político CC-PNC en el Cabildo, amparándose en un supuesto reglamento que, según el consejero, “fue creado artificialmente para justificar su expulsión", lo que "supondría un delito de falsificación de documento público y otro de vulneración de derechos fundamentales".
En su auto, fechado el pasado de mayo, el magistrado concluía que se debe “determinar si el reglamento del grupo de CC-PNC fue una creación ad hoc dirigida a fundamentar artificiosamente la expulsión del denunciante”.
