La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha ofrecido un acuerdo a los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y José Cecilio Salces que les permitiría rebajar la pena de prisión que pide para ellos, pero siempre que confiesen que cometieron un delito contra la Hacienda Pública y que devuelvan los 1,5 millones de euros que habrían defraudado al Estado. Según han confirmado a La Voz fuentes del Ministerio Fiscal, la oferta se realizó antes del verano y los tres se habían mostrado inicialmente "bastante receptivos". Sin embargo, a punto de finalizar el mes de octubre, lo cierto es que todavía no han dado una respuesta.
En caso de que no acepten el acuerdo de conformidad, Rosa, Lasso y Salces se sentarán en el banquillo con una petición de 5 años de cárcel para cada uno y de 7 millones de euros de multa, además de la devolución de los 1,5 millones presuntamente defraudados. Y el plazo para que den una respuesta está cerca de cumplirse, ya que la instrucción se cerró a finales de 2016 y los escritos de acusación están presentados desde hace meses. Además, el juez instructor, Jerónimo Alonso, ordenó la apertura de juicio oral en abril, por lo que solo queda poner fecha a la vista y se espera que eso ocurra "pronto".
Los hechos por los que los tres empresarios están acusados en esta causa ocurrieron en el año 2010, cuando a través empresa en la que eran socios, Management Los Clicos S.L., vendieron el hotel La Geria, ubicado en Puerto del Carmen. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la venta se realizó "por un precio total de 13.871.000 euros", pero "con claro ánimo de defraudar" a la Hacienda Pública, "omitieron deliberadamente realizar la correspondiente declaración relativa al Impuesto de Sociedades" de ese año, evitando así un pago millonario.
Una declaración complementaria con la que tampoco pagaron
Dos años después, cuando Hacienda detectó el presunto fraude, los acusados realizaron "una declaración complementaria" del ejercicio 2010, reconociendo la venta y cifrando el beneficio en 6.755.663 euros. Sin embargo, tampoco entonces pagaron los correspondientes impuestos. Para evitarlo, dotaron para la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) una partida de 5.140.000 euros con cargo a ese beneficio, pese a que eran "conscientes de su improcedencia", según el fiscal.
Aunque la Fiscalía señala más de un motivo, el principal es que ese dinero "no procedía de actividad económica alguna", como exige la ley que regula la RIC, por lo que no podían acogerse a los beneficios de esta figura. Fue entonces cuando la Agencia Tributaria interpuso una querella contra los tres empresarios, dando así origen a esta causa, en la que este organismo está personado como acusación particular. En el caso de la Agencia Tributaria, en su escrito de acusación pide 4 años de cárcel y una multa de 4,6 millones de euros cada uno de los acusados, así como a la devolución de los 1,5 millones de euros presuntamente defraudados, "más los intereses de demora".
Los términos del acuerdo
En cuanto al acuerdo de conformidad ofrecido por el Ministerio Público, desde la Fiscalía han confirmado a La Voz que se ha realizado esa oferta, aunque no han precisado los términos, ya que señalan que su contenido no tendrá carácter público hasta que sea aceptado por los acusados, en caso de que finalmente lo hagan. No obstante, implicaría una rebaja tanto en las penas de prisión solicitadas como en las de multa.
En el caso de la pena de cárcel, si fuera inferior a dos años podrían evitar ingresar en prisión, pero siempre que paguen la responsabilidad civil y reparen el "daño económico" causado a la Hacienda Pública. Respecto a la multa, que inicialmente está fijada en 7 millones de euros, también podría reducirse. Lo único que no variaría es la exigencia de devolver los 1,5 millones de euros a Hacienda, ya que en este tipo de delitos, la Fiscalía siempre da "prioridad" a "recuperar el dinero" defraudado.
En cuanto a las posibilidades de rebajar las penas, las marca el Código Penal, que establece que este delito está castigado con penas de entre 1 y 6 años de prisión cuando la cantidad defraudada excede de los 600.000 euros, como ocurre en este caso. Respecto a la multa, la pena puede ir desde el mismo importe de la cantidad defraudada, es decir, 1,5 millones, hasta 6 veces su valor.
Las declaraciones sobre Rosa serán claves
Aunque en los escritos de acusación se señala a los tres empresarios como "coautores" de un delito contra la Hacienda Pública y se piden para ellos las mismas penas, en caso de llegarse a un acuerdo podría darse un trato diferenciado. Y es que aunque los tres eran socios de la mercantil Management Los Clicos S.L., son Rafael Lasso y José Cecilio Salces quienes aparecen en los papeles, al ser los administradores solidarios.
En cuanto a Rosa, solo figura como socio y "administrador de hecho", pese a que esa empresa ha estado vinculada a otras de sus sociedades, como BTL Lanzarote, que es la titular de la bodega Stratvs. Por eso, en su caso cobra especial importancia lo que declaren los otros dos acusados, o los testigos durante el juicio, para determinar su participación directa en los hechos.
Además, de cara a un posible acuerdo de conformidad y a la posibilidad de eludir el ingreso en prisión, será esencial que los acusados abonen las cantidades acordadas. Cabe recordar que en el caso Stratvs, Juan Francisco Rosa no depositó la fianza que se le reclamaba cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral. La juez Silvia Muñoz ordenó entonces una investigación de su patrimonio para poder dictar embargos sobre sus bienes, pero no se encontraron propiedades a su nombre. Por eso, la juez decretó entonces el levantamiento del velo sobre sus sociedades, lo que permitió embargar, entre otras cosas, un piso en la conocida como Milla de Oro de Madrid, que estaba a nombre de una de sus empresas.
En esta nueva causa a la que se enfrenta Rosa, además de los tres acusados también tiene que responder la empresa como sociedad, ya que Management Los Clicos S.L. está acusada como persona jurídica. Para ella, la Fiscalía solicita 3 millones de euros de multa, además de la obligación de responder solidariamente de la indemnización de 1.543.324 euros a la Agencia Tributaria. El escrito de acusación pide también que Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y José Cecilio Salces cumplan una pena adicional, perdiendo la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un tiempo de 6 años.
Otras causas pendientes
Para Juan Francisco Rosa éste sería su segundo juicio, tras haberse sentado ya en el banquillo en una de las dos piezas del caso Stratvs, en la que aún está pendiente que se dicte sentencia. Además, tiene pendientes otros dos juicios: el de la pieza principal de Stratvs y otro en el caso Unión, en el que la Fiscalía le pide 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 15.000 euros por un delito de falsedad continuada de documento público.
En el caso Stratvs, en su escrito inicial de acusación la Fiscalía pedía en total 15 años de prisión para Juan Francisco Rosa, mientras que la acusación popular reclama 21 años de cárcel, en ambos casos por delitos de falsedad en documento oficial, de usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
En cuanto a Rafael Lasso, ha estado imputado en otras causas junto a Rosa, incluyendo el caso Yate, aunque se archivaron los cargos contra él. Ahora, se sentará en el banquillo junto a su socio, con el que comparte entre otras cosas la propiedad del puerto deportivo Marina Rubicón. Ese puerto fue declarado ilegal en la sentencia firme del caso Yate, que además consideró acreditado que sus dueños pagaron sobornos al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por obtener ésa y otras licencias ilegales.
El tercer acusado, José Cecilio Salces, tiene ya antecedentes penales, pero por un delito contra la seguridad vial, por el que fue condenado en el año 2015 por un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.
